Detenidas 13 personas y rescatados más de 400 animales de compañía en una operación policial

La operación ha permitido neutralizar la continuidad delictiva de una red de comercio ilegal que conectaba Madrid, Barcelona, Andorra y países del Este de Europa, lugar de origen de algunos de estos animales. Los detenidos obtenían grandes cantidades de dinero utilizadas, principalmente, para generar un patrimonio en España, Andorra y Dubái que ocultaban a nombre de personas interpuestas.

La colaboración de los ayuntamientos afectados, de los Colegios de Veterinarios de Cataluña y Madrid, el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, de la Oficina de Protección de Animales de Barcelona, así como de diferentes asociaciones y protectoras, ha resultado fundamental para la acogida, custodia, cuarentena y mantenimiento de los animales rescatados.

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EP

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La investigación se inició a finales de 2020 a raíz de varias denuncias -realizadas en la Oficina de Protección de los Animales el Ayuntamiento de Barcelona- por presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de salud de los animales que se vendían en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad. Esto motivó la práctica de inspecciones administrativas en dicho local por parte de técnicos del Consistorio de la ciudad condal y la Guardia Urbana, que localizaron 33 perros enfermos.

Los investigadores evidenciaron el maltrato animal con la falta de cuidados en los ejemplares que, además, estaba provocando la muerte de algunos de ellos. Al investigar a las personas que estaban detrás de esta actividad, los agentes observaron una clara división de tareas y un funcionamiento en red compatible con una estructura comercial mucho mayor: disponían de más comercios asociados que parecían funcionar de la misma forma y, al mismo tiempo, vendían a través de una página web.

Tras varias gestiones policiales, los agentes detectaron que la organización se valía de varios métodos para adquirir los animales: o mediante la importación intracomunitaria desde países de Europa del Este o a la cría en centros ilegales administrados por los propios investigados o a través de la compra ilegal por redes sociales.

El transporte de los animales se realizaba normalmente por carretera, en vehículos con espacio reducido y deficiente ventilación y en trayectos largos -en ocasiones más de 2.000 kilómetros, que sería el equivalente a más de 20 horas de desplazamiento-. A esto hay que sumarle también la falta de luz y de cuidados higiénico-sanitarios, así como la ausencia de empapadores o serrín suficiente para absorber las necesidades fisiológicas de los animales.

Las deficientes condiciones, tanto en el transporte como en el manejo de los cachorros, propiciaban el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas en alguno de los ejemplares, lo que provocaba la transmisión de estas entre el resto de animales transportados. Posteriormente, el pésimo estado de los establecimientos de venta agravaban la situación produciendo el contagio del resto de animales que se encontraban en las tiendas. A causa de esto, los índices de morbilidad y mortalidad en estos locales eran muy elevados.

Además, existía, de forma integrada en la organización criminal, una veterinaria que facilitaba sus conocimientos y su firma para dar una imagen de fiabilidad suficiente con la que poder garantizar que los animales se vendían en buenas condiciones. Esta asesoraba al resto de componentes de la organización sobre cómo ocultar o disimular registros u otros aspectos técnicos en los controles o inspecciones de las administraciones competentes.

Las clínicas que estaban bajo el control de los investigados, con la intencionalidad de engañar a los clientes y a las administraciones públicas, cometían de forma habitual y continuada infracciones relacionadas con la gestión de la documentación asociada a los animales. De esta forma, camuflaban el verdadero origen de las enfermedades y dolencias desarrolladas cuando los cachorros ya estaban bajo la custodia de los compradores.