Descienden por primera vez en diez años las plazas en residencias de mayores

Así, el estudio advierte de que el «déficit» de plazas residenciales para personas mayores en España «sigue aumentando tras la pandemia». En concreto, revela que en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en esos mismos años.

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Según el informe, serían necesarias 89.324 plazas residenciales para alcanzar cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años; y al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

En concreto, el estudio señala, citando datos del Imserso, que hay en lista de espera 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, además de 65.602 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, y 15.732 de estos grados con prestación no efectiva, lo que eleva el número hasta las 133.376 personas.

De ellas, según los autores del informe, un 35% de grado III y un 22% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.

Además, el estudio señala que los datos recientemente publicados por el Imserso indican «un retroceso» del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo de toda la serie (desde 2010). Así, la ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 personas usuarias).

Por comunidades autónomas, el análisis indica que aquellas con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 35.857 y 24.801 respectivamente. Entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras, en seis comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Por su parte, Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años, según añade.

Además, el estudio destaca que 7 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública (el 69,6% del total), un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Esta cifra incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

De los datos también se desprende que tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado «ligeramente» desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se sitúan en el extremo opuesto.

El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las CCAA una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales.

Si bien, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que «no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año anterior», con una cobertura del «5,5%» en 2023, «sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia».

Por otra parte, advierte de que la media de horas de atención y cuidados solo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012.

«Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres», avisa la asociación.

Por otro lado, espera que en la actualización del censo de centros residenciales de 2024 la cifra coincida o «se acerque más» a los datos del Informe Mayores presentados por el mismo organismo (Imserso); y solicita al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual ya que, actualmente, el índice de cobertura se calcula tomando como referencia la población mayor de 65 años cuando la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años.

«Unas referencias imprescindibles ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional de manera que si hay que construir nuevos centros se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que la sociedad demanda que las residencias sean auténticos servicios de proximidad», subraya la asociación.