Los países desarrollados aportarán 300.000 millones al año para financiación climática

A lo largo de diferentes cumbres climáticas, casi 200 países se comprometieron no solo a frenar el calentamiento global –que favorece los eventos meteorológicos extremos–, sino a ayudar financieramente a los países en desarrollo frente a los estragos del clima. Desde 2020, los países desarrollados deben aportar 100.000 millones de dólares anuales para este objetivo, pero tocaba actualizar la cifra de cara al futuro, lo que ha generado intensas fricciones en las últimas dos semanas.

El acuerdo final contempla que los «países desarrollados a la cabeza» aporten al menos 300.000 millones de dólares por año a partir de 2035. La cifra queda muy lejos de los 1,3 billones de dólares que pedían los países menos desarrollados y, de hecho, esta misma propuesta fue considerada un insulto por diversos estados cuando se puso por primera vez en la mesa este sábado. No obstante, en el acuerdo final se anima a todos los actores, a través de fuentes públicas y privadas de financiación, a que intenten alcanzar los 1,3 billones de dólares. También se lanza la 'Hoja de ruta de Bakú a Belém', donde será la cumbre del próximo año, en un intento de aumentar la financiación climática. Según dijo el jefe climático de la ONU, este acuerdo sienta las "bases" para seguir construyendo.

¿Y quién paga? Hasta ahora, los grandes contribuyentes han sido los países desarrollados: la UE, EE.UU., Japón... Pero la lista es limitada y no figuran países que hoy son grandes economías como China, Corea del Sur o los países del Golfo –Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar o Kuwait–. En este sentido, el acuerdo «anima» a otros países en desarrollo (como son formalmente grandes economías como China) a que hagan sus propias contribuciones para la nueva meta de financiación climática. Aun así, los 300.000 millones saldrán de los países desarrollados de siempre. Podrán aportarlos, eso sí, a través de ayudas públicas, de fuentes privadas y de créditos. Y también permite a los países a contabilizar la financiación climática que salga de los bancos multilaterales de desarrollo para alcanzar la meta de 300.000 millones de dólares anuales.

A lo largo del día, esta cuestión clave de la COP29 fue tensionando las conversaciones en Bakú. Por la mañana, los países desarrollados aceptaban movilizar hasta 300.000 millones de dólares al año en financiación para los países en desarrollo. Era su oferta tras dos semanas de negociación para intentar desbloquear el encuentro ya en el tiempo de descuento. Pero la cifra todavía estaba muy lejos de los 1,3 billones que pedían inicialmente los países subdesarrollados o incluso de los 500.000 millones que planteó como mínimo el grupo del G77 y China, conformado por los países del 'Sur Global'. Así, en una reunión vespertina este sábado donde se planteaba la cuestión con los representantes de casi 200 países presentes, estalló la frustración entre los estados más vulnerables, cuyos representantes llegaron a levantarse de las conversaciones.

Así lo hizo el grupo africano de los Países Menos Adelantados (LDC, por sus siglas en inglés) y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis). Estos últimos se marchaban de la mesa de negociación sobre financiación porque no ofrecía una «forma de avanzar», aseguraron. «El proceso debe ser inclusivo. Si este no puede ser el caso, se hace muy difícil para nosotros continuar nuestra participación aquí en la COP29», aclaraba Cedric Schuster, presidente de la alianza, quien también aseguró que los estados insulares se han sentido «continuamente insultados» por la falta de inclusión. «Nuestras peticiones están siendo ignoradas», dijo.

Las siguientes horas han sido de reuniones bilaterales y esfuerzos para volver a sentarlos en la mesa de negociación, lo que ha dado finalmente sus frutos. Pero pese al acuerdo, las tensiones han continuado. «Los compromisos asumidos en Bakú (las cantidades en dólares prometidas y las reducciones de emisiones prometidas) no son suficientes. Nunca iban a ser suficientes«, ha declarado Vanuatu, un estado insular muy amenazado por la subida del nivel del mar, tras el acuerdo sobre financiación. «El financiamiento no corresponde a las necesidades de los países en desarrollo», ha lamentado también el representante de Bolivia. «La India se opone a la adopción de este documento y, por favor, tomen nota de lo que acabamos de decir desde esta sala. Esperamos una ambición mucho mayor por parte de los países desarrollados», ha dicho la representante del país.

Para el comisario de la UE para el Clima, Wopke Hoekstra, en cambio, «la COP29 será recordada como el inicio de una nueva era para las finanzas climáticas», dijo.

La Cumbre del Clima de Bakú ha aprobado también la puesta en marcha de un mercado global de carbono bajo las normas de la ONU así como las normas para el comercio bilateral de emisiones entre países. Esta ha sido la cuestión menos problemática de las que se negocian entre casi 200 países durante esta cumbre, la COP29, aunque todavía quedan pendientes algunas normas técnicas más a definir en 2025.

La comunidad internacional ha necesitado casi una década para poner en marcha los mercados de carbono. Una medida polémica que, según sus defensores, ayudará a reducir las emisiones de efecto invernadero, pero que también hace temer a sus detractores que limite los esfuerzos por recortar emisiones.

Los créditos de carbono se crean a través de proyectos de reforestación de árboles o la construcción de parques eólicos en un país menos desarrollado. Por cada tonelada métrica de emisiones que se absorbe de la atmósfera, se genera un crédito de carbono que pueden comprar países o empresas.

Ahora los asistentes han decidido dar luz verde a un mercado de carbono regulado por Naciones Unidas y también a que pueda haber un comercio bilateral entre países. Una medida que ha demostrado ser popular tanto entre los países en desarrollo que buscan financiación internacional como entre las naciones más ricas ansiosas por encontrar nuevas formas de cumplir los estrictos objetivos de reducción de emisiones, apunta Reuters. De hecho, a principios de este mes ya se habían cerrado más de 90 acuerdos entre países para más de 140 proyectos piloto.

La Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) calcula que un mercado de carbono respaldado por la ONU podría tener un valor de 250.000 millones de dólares al año para 2030, y compensar 5.000 millones de toneladas métricas adicionales de emisiones de carbono al año.

El jefe de clima de la ONU, Simon Stiell, aseguró el primer día de la CUmbre del Clima que «esto no es un poco de burocracia arcana de la ONU», sino algo que podría ayudar a los países a implementar sus planes climáticos. «Cuando estén en funcionamiento, estos mercados de carbono ayudarán a los países a implementar sus planes climáticos de manera más rápida y económica, reduciendo las emisiones. Estamos muy lejos de reducir las emisiones a la mitad en esta década, pero los logros en los mercados de carbono aquí en la COP29 nos ayudarán a volver a esa carrera», dijo.