Cuatro familias llevan a Armengol a los tribunales por impedir que sus hijos estudien en castellano: «Hay cola de otros padres»

Ante la negativa de la dirección, estas cuatro familias interpusieron un recurso de alzada ante la Conselleria de Educación en distintas fechas del mes de marzo y abril, pero la Conselleria de Educación les denegó este derecho. El 21 de abril, el departamento comandado por Martí March dictó una resolución invocando un informe de la Inspección Educativa que no adjuntó a la resolución. El Gobierno balear tampoco ha respondido a las quejas formales, por lo que estos padres han dado el paso de acudir ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha admitido a trámite la denuncia.

«En la cola ya hay muchas otras familias«, advierte PLIS. Educación, por favor, que ha asesorado a estos cuatro padres con la ayuda legal de Sociedad Civil Balear. Ambas entidades llevaron a cabo una campaña de información a las puertas de los colegios durante los meses de febrero y marzo de 2022, a través de la cual 135 familias interpusieron reclamaciones de enseñanza en español por vía administrativa, tanto ante el director del instituto como ante la Conselleria de Educación, y otros 300 padres solicitaron ayuda para hacer una reclamación.

«La mayor parte de las familias no entienden que en Baleares no se impartan clases en los dos idiomas oficiales y que los alumnos reciban clases exclusivamente en catalán, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo donde además de la lengua oficial del estado existen lenguas regionales», denuncian ambas entidades, que lamentan las trabas y presiones que sufren los progenitores y niños cuando reclaman sus derechos lingüísticos.

Según un estudio de PLIS, en el 93% de los centros de infantil de las islas, el castellano no existe; y en el 80% de los de primaria, queda reducido a la asignatura de Lengua Castellana, exactamente lo mismo que la lengua extranjera. Las cifras dejan en evidencia a Armengol, que niega que haya inmersión lingüística en Baleares. La dirigente socialista y sus socios de izquierda radical y los nacionalistas acaban de blindar este modelo de escuela 100% en catalán con su ley educativa, que no garantiza la enseñanza en español ni que ésta sea lengua vehicular en las aulas. El Ejecutivo lo deja en manos de los colegios, que ya aplican una inmersión lingüística de facto, aprovechando que la normativa no marca un máximo de horas.

PLIS y SCB confían en que la justicia compruebe que el modelo lingüístico de Baleares, que admite por ley un porcentaje mínimo de enseñanzas en catalán (50%), y que ha desembocado en que casi todos los proyectos lingüísticos de Baleares hayan aprobado una inmersión en catalán al 100%, debe compatibilizarse con el porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido recientemente en el caso de un colegio catalán de Canet.

«El gobierno balear no puede invocar, como ha hecho el gobierno y el parlamento catalán, que los proyectos lingüísticos no deben establecer porcentajes de enseñanza en las dos lenguas oficiales, por el mero hecho de que la ley 1/2022 de educación de baleares y el decreto 92/1997, o decreto de mínimos, establecen la necesidad de un porcentaje mínimo para el catalán, sin establecer un porcentaje máximo, por lo que tanto la ley como el decreto deben interpretarse en armonía con la jurisprudencia, que dicta un mínimo del 25% para las dos lenguas oficiales», argumenta PLIS, que recuerda que «todo proyecto lingüístico que supere el 75% del horario lectivo en catalán es ilegal y nulo de pleno derecho«.