Críticas al Gobierno de ONG que trabajan con prostitutas: «Perseguir no es la solución. Genera más inseguridad y violaciones de sus derechos»

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Érika Montañés

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«Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales», ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en Madrid durante la presentación del informe, que presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación. In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.

Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1% eran de Colombia; el 15,5% de Paraguay; el 13,4% de República Dominicana; el 7,8% de Venezuela; el 7% de Rumanía; el 6% de Brasil; el 4,5% de España; el 3,3% de Ecuador; el 2,5% de Perú; 1,9% de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.

El 78,2% de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2% estaban empadronadas. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 2.138 personas.

In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté «empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad«.

Según del Olmo, «perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen«.

Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla «insuficiente» para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene «unas consecuencias gravísimas», por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.

In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. «Los recursos que están articulando, no funcionan», ha señalado del Olmo.

La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a «una posible futura exportación laboral».

«Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución», ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez.