La contaminación del aire por ozono repunta en España por el cambio climático y las olas de calor

Así, el estudio advierte de que el ozono sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio, y el más estrechamente ligado al cambio climático.

En concreto, señala al incremento de esta contaminación respecto a los dos años de pandemia, 2020 y 2021, como consecuencia de las tres intensas y prolongadas olas de calor del pasado verano, el más cálido desde al menos 1961, aunque sin alcanzar en general las concentraciones habituales en los años anteriores.

El informe toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2022 a 46,8 millones de personas en España, el 98,7% de su población, así como a 503.000 kilómetros cuadrados, el 99,7% del territorio.

Esto equivale a que toda la población española salvo los habitantes del norte de Gran Canaria y de Tenerife y los de las ciudades de Logroño y Pontevedra habrían respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS, ha advertido Ecologistas en Acción en un comunicado.

Asimismo, ha precisado que si se considera el valor objetivo trienal establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que habría respirado aire contaminado con arreglo a los criterios del informe en el periodo 2020-2022 sería de sólo 1,3 millones de personas, un 2,7% de la total, en el Prepirineu catalán y el Corredor del Henares, la Sierra Norte y las Cuencas del Alberche y del Tajuña madrileñas. Sería la cifra más baja de personas afectadas desde la entrada en vigor del objetivo legal, por los bajos registros de los años 2020 y 2021.

El informe también señala que la frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 24% y el 26% en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019. No obstante, en 2022 se han producido dos centenares de superaciones del umbral de información, coincidiendo con las olas de calor de mediados de junio y sobre todo de julio.

En cuanto a los territorios más afectados en 2022 por el ozono, se encuentran la Comunidad de Madrid y Cataluña, habiendo aumentado también en la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco), Islas Baleares y el sur de Castilla y León.

En cambio, los niveles de ozono se habrían reducido especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, el norte de Castilla y León, Comunidad Valenciana, el Valle del Ebro, Extremadura o Galicia.

Pese a la sustancial mejora de la situación en los últimos tres años, trece zonas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid, con siete millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2020-2022, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior, avisa el documento.

Por otro lado, el estudio confirma el cambio climático como un «factor determinante» en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el incremento de las temperaturas, el alargamiento progresivo de la duración del verano -estimado por la Aemet en un día al año-- y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros «inconvenientes» ambientales, entre los que destacan los virulentos incendios forestales.

En este contexto, Ecologistas ha demandado en su informe que la contaminación por ozono se aborde como un «problema sanitario de primer orden», ya que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y solo en el verano de 2022 se ha cobrado la vida de 4.800 personas por calor y exposición a contaminantes de ozono, de acuerdo al Instituto de Salud Carlos III.

Por otro lado, ha advertido de que el coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales, mientras sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2% del PIB agrícola.

También, ha criticado que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas «no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema». En concreto, ha apuntado a los gobiernos de Asturias, Extremadura y País Vasco porque «no han advertido a la población de los episodios de este verano, como es preceptivo». Sobre los restantes, ha afeado que «se han limitado a difundir avisos rutinarios».

«Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid ha aplicado medidas de limitación del tráfico en episodios», ha puntualizado.

Así, ha recordado que los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo, pero Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco siguen sin aprobarlos.

De hecho, a instancias de Ecologistas en Acción, los tribunales han sancionado la inactividad de los gobiernos de Castilla y León y Navarra, mientras la de Cataluña y la Comunidad Valenciana está pendiente de sentencia. Por todo esto, la organización ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que exija a las comunidades que cumplan con sus obligaciones y que agilice su propio Plan Nacional de Ozono.

Por otro lado, ha demandado a los alcaldes que «prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados». Y es que, a dos meses para que venza el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, pocas han cumplido esta obligación legal, ha lamentado.

Por último, la organización ha aseverado, de acuerdo a su informe, que la Covid-19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son «las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire».