El Constitucional paraliza la demolición del complejo turístico Isla de Valdecañas

Se trata de un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas. Los recursos de amparo han sido planteados por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de los dos municipios.

El Tribunal ha apreciado que las cuestiones planteadas en estos recursos de amparo, en los que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, tienen especial trascendencia constitucional al estimar, por una parte, que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna y, por otra, que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica.

El complejo fue objeto de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el año 2011, en las que se anulaba la decisión de aprobar el proyecto adoptada por la Junta de Extremadura y se ordenaba la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación del citado proyecto de construcción, decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo tres años más tarde.

Abierto el trámite, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, mediante Auto de 2021, declaró la imposibilidad de ejecutarlas en sus propios términos y acordó su ejecución material parcial. Eso implicaba la demolición de todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento, así como la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento.

Recurrido ante el Tribunal Supremo el citado auto, la Sentencia 162/2022, de 9 de febrero, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, estimó el recurso de casación. La sentencia del Tribunal Supremo considera que no concurren causas que justifiquen la imposibilidad de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición también de lo construido y en funcionamiento.

Contra dicha sentencia del Tribunal Supremo se interpusieron los tres recursos de amparo, en los que se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución y del derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2).

A la decisión de admisión, que adoptará la forma de auto, han anunciado su intención de formular voto particular los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas.