Primer 'juicio por el clima': el Constitucional estudiará si la inacción climática vulnera derechos básicos

Se trata del primer litigio climático que llega al Constitucional, y lo hace de la mano de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Estas organizaciones demandaron al Gobierno en 2020 ante el Tribunal Supremo por incumplir sus obligaciones climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridas con el Acuerdo de París. Pero el Supremo rechazó la demanda en julio de 2023.

En concreto, las organizaciones pedían la nulidad del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, la hoja de ruta del Gobierno en materia de transición ecológica. En este documento, el Ejecutivo se comprometía a reducir un 23% para final de la década las emisiones de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, lo que era claramente «insuficiente» para los demandantes. Pedían que ese recorte de emisiones fuera, al menos, del 55% para 2030.

Tras el rechazo del Supremo, y al ver los movimientos a nivel internacional sobre litigios climáticos, las cinco organizaciones acudieron el pasado junio al Tribunal Constitucional, donde presentaron un recurso de amparo contra esa sentencia del Supremo, que ahora ha sido aceptada.

«Es un avance importantísimo, es una cuestión de primer orden», explica a ABC Inés Díez, asesora legal de Greenpeace. La abogada reconoce que en el Constitucional, el litigio perderá el «carácter administrativo» sobre el recorte de emisiones y, a cambio, habrá un pronunciamiento sobre cómo afecta el cambio climático a los derechos fundamentales, que era el «objetivo final» del proceso.

Si el Constitucional se pronuncia a favor de los demandantes, el Gobierno tendrá que integrar este enfoque sobre los derechos fundamentales en todas las políticas climáticas. Es decir, tendrá que garantizar que su política de recorte de gases de efecto invernadero protege a las personas, explica la abogada. En caso contrario, avanza Díez, «evidentemente intentaríamos llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», avisa.

De hecho, la Gran Sala del tribunal de Estrasburgo emitió el pasado abril una sentencia histórica al condenar al Gobierno de Suiza por inacción climática tras reconocer que violó los derechos humanos de las personas mayores al no adoptar medidas suficientes contra el cambio climático.

Este proceso fue liderado por las KlimaSeniorinnen, un grupo formado por más de 2.000 mujeres suizas mayores de 65 años que iniciaron un litigio contra el Gobierno suizo en 2016 por considerar que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor causadas por el cambio climático.