El Consejo de Estado reprocha al Gobierno que traslade una «carga financiera incierta» a las autonomías con la ley ELA

El máximo órgano consultivo ha emitido recientemente el dictamen del real decreto aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros por el que se amplían los supuestos que se pueden acoger a la ley ELA. Además de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, recibirán las ayudas que contempla la ley afectados por otras patologías con condiciones similares que cumplan una serie de criterios: que la enfermedad sea irreversible, sin respuesta terapéutica, que requiera de cuidados complejos, que progrese rápidamente, que provoque el uso prolongado de dispositivos de soporte vital o que conlleve la pérdida acelerada de autonomía.

En la memoria económica con la que el Ministerio de Sanidad acompañó el proyecto de real decreto, el departamento de Mónica García sostenía que su aprobación «no produce por sí misma impacto presupuestario inmediato desde la perspectiva de los gastos e ingresos públicos» mientras que a «medio y largo plazo, la aceleración del acceso a las prestaciones y servicios ya previstos en la Ley 39/2006 -de Dependencia- puede adelantar gasto que, en trámites ordinarios, se produciría más tarde». Sin embargo, el Consejo de Estado critica que esta memoria sea «claramente insuficiente» e incide en que «cabe incluso afirmar que en ocasiones esta ofrece una imagen inexacta de la realidad económica que subyace a esta regulación».

Sanidad se escuda para subestimar ese impacto presupuestario en que la norma no crea nuevas prestaciones más allá de las que ya establece la ley ELA. Pero el órgano consultivo le recrimina que esa afirmación no es exacta, pues pese a que es cierto que el real decreto no concibe nuevas ayudas, sí amplía el número de beneficiarios de las mismas. «A juicio del Consejo de Estado, estas afirmaciones presentan una imagen poco exacta del impacto presupuestario de la regulación proyectada, silenciando el coste que su aplicación efectiva inevitablemente implica», apunta el órgano consultivo en su dictamen, que sentencia: «Su influencia en el gasto en ayudas a la dependencia, servicios sanitarios y otros es, por tanto, evidente».

Prosigue el Consejo de Estado desmintiendo los argumentos del Gobierno. Se centra en el apunte de Sanidad sobre que el decreto supondrá, a medio y largo plazo, un adelanto del gasto. No se trata solo de anticipar gastos previstos, replica el órgano consultivo, «pues si con la agilización administrativa prevista en la ley un enfermo con una esperanza de vida muy limitada puede acceder antes -como es deseable- a determinadas prestaciones económicas o servicios, el gasto total para las arcas públicas será necesariamente superior, al percibir esas ayudas, servicios o prestaciones durante un periodo más largo que el tiempo durante el que los habría percibido si hubiese seguido los trámites ordinarios para su reconocimiento».

Así, el Consejo de Estado critica que al remitir ese «potencial incremento» del presupuesto a «un impreciso dimensionamiento y financiación en los instrumentos presupuestarios futuros», el Ejecutivo no recoge en la memoria que presenta «la necesidad inmediata de dotación presupuestaria y traslada una carga financiera incierta a las comunidades autónomas». De hecho, el órgano reclama al Ejecutivo que haga «una estimación completa y rigurosa» del impacto presupuestario de la ley ELA al no haber tenido una memoria económica asociada la proposición de ley que se aprobó hace ya un año.

Además de estas apreciaciones, el Consejo de Estado realizó otras sobre el contenido del proyecto de real decreto de Sanidad, que el ministerio incluyó en el texto final que aprobó. Por ejemplo, el órgano pidió que se aclarara en el texto que los enfermos de ELA tienen derecho a las ayudas y resto de medidas que contempla la ley sin necesidad de cumplir con los criterios que exige esta normativa. También reclamó que se estableciera un período máximo para dar una resolución al afectado sobre su inclusión, que Sanidad, tras ser advertido por el órgano, fijó en tres meses.

Por último, el Consejo de Estado valoró positivamente que el ministerio rectificara y eliminara uno de los requisitos que había incluido en la primera versión del decreto: que los afectados tuvieran una esperanza de vida inferior a 24-36 meses para poder beneficiarse de las ayudas. El departamento de Mónica García suprimió ese criterio de su texto final después de que numerosas asociaciones de pacientes denunciaran que ese punto dejaría fuera a muchos afectados que necesitaban la ayuda.