El Consejo de Estado insta al Gobierno a que recupere el término «familia numerosa» en la ley de Belarra

El Ministerio de Derechos Sociales las rechazó todas y sigue en su intento de cambiarles de nombre y modificar a través de este texto la histórica ley de familias numerosas para también renombrarla.

El cambio de nombre molesta porque sienten que les quitan su «apellido» y su «esencia», dicen desde la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Pero lo que más les preocupa es que con el cambio de nombre entran como receptoras de los beneficios que estas tienen otros tipos de familias.

El Consejo de Estado se pronuncia en su dictamen sobre esta cuestión que reconoce que «esta modificación en el régimen jurídico de protección a las familias aún vigente ha sido, sin duda, una de las medidas del anteproyecto más contestadas, no solo por la sociedad civil -como así lo revelan las numerosísimas observaciones formuladas al respecto por distintas entidades, asociaciones y ciudadanos-, sino también por varias comunidades autónomas (entre ellas, las de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valenciana)».

El dictamen le pone de manifiesto al Gobierno sus propias contradicciones: no entiende por qué, por un lado, muestra en la norma su «preocupación ante la realidad demográfica» y, al mismo tiempo, quiere «suprimir la específica protección que el ordenamiento reconoce a las familias numerosas, eliminando su denominación e integrándolas en una categoría más amplia que engloba familias que afrontan realidades diversas». Los letrados critican que «no existe ninguna explicación de los motivos que fundamentan esta decisión, que (...) no se objeta en lo relativo al reconocimiento de ayudas a las familias que las precisen» pero que «en ausencia de dicha motivación (...) el Consejo de Estado entiende que debería reconsiderarse la eliminación de la mencionada categoría de familias numerosas».

Finalmente, el CE dice que la expresión ««familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza» (...) se emplea para designar una novedosa categoría de familias que, pese a la importancia que tiene en la regulación proyectada, no se define en ningún precepto ni se dota de contenido concreto y preciso a través de una identificación precisa de las familias que se incluyen en ella. Entiende el Consejo de Estado que esta laguna debe ser colmada, a fin de garantizar la necesaria claridad de la norma y, con ello, reforzar la seguridad jurídica».

Otro tema polémico es lo que Belarra llamó 'pin parental' o, dicho de otra manera, la prohibición de los padres a negarse a que sus hijos reciban educación sobre diversidad familiar. La crítica no es por el impedimento a que los padres intervengan sino porque «entiende el Consejo de Estado que los términos en que está enunciado el artículo 24.3 del anteproyecto, es una limitación expresa dirigida a los progenitores o los adultos responsables de los alumnos que afecta directamente al alcance y al ámbito del derecho que les reconoce el artículo 27.3 de la Constitución. Entiende que se les impone por referencia a los derechos a la educación y el libre desarrollo de la personalidad de los menores, se inserta en esa jurisprudencia constitucional que exige que sea la ley orgánica la que establezca los límites del ejercicio de los derechos fundamentales».

Por estos motivos, «se considera que la regla contenida en el artículo 24.3 del anteproyecto no respeta la reserva de ley orgánica y que debe suprimirse». Respecto al respeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativo, el CE le recuerda al Gobierno que esto ya está reflejado en la ley educativa y que, por lo tanto, «no es necesaria la reiteración de dicho principio en el anteproyecto».