La ex consejera de Junts que se negó a hablar español ante un tribunal universitario lleva su denuncia a Europa

Ges ha anunciado en las redes sociales tras un encuentro con el presidente del Parlament, Josep Rull, que llevará su denuncia contra la UdG por «discriminación lingüística» ante el Consejo de Europa a través del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. La ex titular de Universidades ha comunicado su decisión a Rull, quien le ha transmitido su apoyo y se ha comprometido a dar visibilidad a su caso.

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La exconsejera, que ha lamentado durante el encuentro con Rull que ningún representante del Govern ha mostrado interés ni apoyo público por su caso, ha subrayado que este «no es un tema personal sino simbólico». Ha detallado que recurrirá ante el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa con el apoyo de los abogados Ricard Reynés y Joan Pujades. «La lengua catalana es de todos, y la defenderé aquí y dónde sea necesario», ha precisado en su cuenta de X. Esta semana, la ex consejera recibió el apoyo del Consejo de Estudiantes de la Universitat de Girona ante la negativa del rector a actuar como mediador.

Los hechos se remontan al año 2023 cuando Geis seguía un proceso de estabilización de la plaza que tenía como profesora agregada de Derecho Administrativo en la UdG y que hasta entonces ocupaba de forma interina. La que fue Consejera de Investigación y Universidades por Junts solicitó a la universidad previamente a la prueba poder realizarla en catalán, lengua propia del centro y, junto al castellano, cooficial en Cataluña.

La UdG garantizó que se respetaran «los derechos lingüísticos« de todos los implicados en el proceso, la evaluada, y también los examinadores. Por ese motivo, autorizó a la ex consejera a realizar íntegramente su exposición en catalán y puso, en paralelo y ante su exigencia, un servicio de traducción simultánea para que los miembros del tribunal que no dominan la lengua autonómica pudieran realizar su trabajo con garantías. Sin embargo, el día de la evaluación, tanto antes de la prueba como después, la ex consejera, que fue también vice alcaldesa de Gerona, denunció «reproches» hacia su persona por parte de dos de los examinadores por, según dijo, «ejercer sus derechos lingüísticos».

La única profesora de la UdG que integraba el tribunal, Maria Mercè Darnaculleta, recriminó a Geis «falta de respeto a la ética universitaria». Le reprochó también que la Universidad hubiera tenido que «hacer frente a un coste de 4.000 euros» por la traducción, y advirtió de que «la opción lingüística de la candidata contradice abiertamente dos principios básicos de la ética universitaria como son los de neutralidad y los de la universalidad».

Por su parte, uno de los examinadores de fuera de Cataluña, Luis Medina, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, defendió que el tribunal estuviera compuesto por miembros de fuera de Cataluña, porque esto demostraba «qué es universidad» y lamentó que, para realizar la evaluación, no se hubiera utilizado un idioma «común». «Quería trasladar a la candidata un pequeño lamento que es que podría haber utilizado unidioma común que es el inglés», apuntó Medina. La transcripción de sus declaraciones consta en el informe que la defensora del pueblo catalana (Síndica de Greuges) realizó a raíz de la denuncia que elevó a este órgano fiscalizador la ex consejera, consultada por este diario.

Gemma Geis dirigió su queja a la defensora, Esther Giménez-Salinas, en abril de 2024. Denunció lo que a su juicio era una «agresión contra sus derechos lingüísticos». En la reclamación, la ex consejera lamentaba los reproches que le realizaron los miembros del tribunal por expresarse «en la lengua propia del centro». La institución emitió un primer escrito al rector de la UdG, Joaquim Salvi,en el que le notificó los detalles de la denuncia de Geis y le pidió que la universidad moviera pieza y ejerciera de mediadora.

«En una situación de asimetría como la que se dio, entre la aspirante y la Comisión, en el momento de expresar los miembros de la misma sus críticas al uso del catalán por parte de la interesada, esta institución entiende que la UdG debería haber sido más proactiva y protectora de los derechos de la aspirante», señaló la Síndica en su escrito dirigido al rector, que apeló a la independencia del órgano evaluador y no quiso posicionarse.