El Congreso aprueba la ley que rebaja a los 16 años el aborto sin permiso paterno y elimina el plazo de reflexión
La norma crea un registro de profesionales médicos objetores de conciencia y establece la gestación por sustitución como violencia reproductiva
La ley del aborto ha dado este jueves un paso más en el avance de su tramitación. El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de ... la interrupción voluntaria del embarazo, que pasará por el Senado antes de recibir la aprobación definitiva. Entre las principales novedades, se acaba con la necesidad de obtener el consentimiento paterno para todas las mujeres mayores de 16 años que quieran abortar. Hasta ahora, las menores de edad necesitaban contar con el permiso de los padres para interrumpir el embarazo. La norma ha sido aprobada por 190 votos a favor frente a 154 en contra y 5 abstenciones.
Además, se ha aprovechado esta norma para reformar la ley 'del solo sí es sí' a través de una enmienda de Junts per Catalunya por la que se propone la reforma del artículo 172 ter del Código Penal que ya se tocó en la citada ley para endurecer las penas cuando se utilice la imagen de menores o personas con discapacidad para crear perfiles falsos en páginas de contactos o de pornografía. Tanto PSOE como Podemos han votado en contra, pero la enmienda ha salido con el apoyo del resto de la cámara.
En cuanto al resto de texto, las menores de 16 años seguirán necesitando el consentimiento paterno para abortar. Sin embargo, en los casos en los que haya discrepancia entre la menor de edad y sus progenitores se nombrará a un defensor judicial para la afectada, de manera que será la autoridad judicial la que decidirá el caso, mediante un procedimiento de carácter urgente.
La norma también elimina el plazo de reflexión de tres días que existe actualmente, así como la obligatoriedad de recibir información sobre los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Además, se creará un registro de profesionales que no quieran practicar abortos aludiendo a su objeción de conciencia.
En este sentido, la ley expulsará a los médicos objetores al aborto de los comités clínicos que intervienen para confirmar o no la enfermedad grave o incurable del feto en los supuestos en los que la madre alega razones médicas para interrumpir el embarazo. La reforma prohibirá que aquellos médicos que hayan manifestado su objeción de conciencia a practicar abortos puedan evaluar estos casos, así como aquellos que hayan formado parte de estos registros de objetores en los últimos tres años.
La ley también regula una baja por menstruación incapacitante o disnorrea, así como un permiso prenatal para las mujeres embarazadas que comenzará en la semana número 39 de gestación.
Críticas por incluir la gestación subrogada
La gestación por sustitución ha sido uno de los puntos que más controversia ha generado en el debate. La norma establece la gestación subrogada como forma de violencia reproductiva contra la mujer, así como la prohibición de su publicidad. Sin embargo, varios partidos consideran que estas referencias no deberían estar en esta ley. Para Sara Giménez, de Ciudadanos, se trata de «sectarismo e ideología» y ha criticado que se esté «condenando a las familias formadas por gestación subrogada».
En la misma línea, el diputado Joseba Agirretxea, del PNV, ha considerado que la inclusión de la gestación por sustitución en la norma es «un planteamiento más ideológico que pragmático» y ha asegurado que no tiene «sentido» incluirla en esta ley. Por su parte, Pilar Calvo Gómez, de Junts per Catalunya, ha denunciado el impacto que esta definición puede tener en los menores nacidos por este método y el «estigma» que se crea sobre ellos.
El PP, en palabras de la diputada María Teresa Angulo, ha puesto el énfasis en la falta de consenso y ha afirmado que se trata de un texto de «dudosa seguridad jurídica». «Hay falta de diálogo por parte del Gobierno en un tema que hubiera requerido esfuerzos para consensos», ha señalado, al tiempo que ha pedido pensar en las consecuencias que puede tener en la salud de las mujeres y de las menores de edad.
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La ministra de Igualdad, Irene Montero ha celebrado la aprobación de la ley acordándose del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Sin él esta ley no existiría», ha dicho Montero.
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