El PP acusa al Gobierno de un reparto de fondos «discriminatorio» en dependencia
Andalucía, Madrid, Aragón y Galicia dicen estar infrafinanciadas, mientras el País Vasco recibe el 50% por ley
El Ministerio de Derechos Sociales anuncia que el Estado aportará a las comunidades más de 783 millones de euros durante la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales
El sector de la dependencia denuncia que el Gobierno financia más al País Vasco y exige aclarar qué acordaron
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, anunció este jueves que transferirá a las comunidades autónomas más de 783 millones de euros para financiar el sistema de atención a la dependencia. En concreto, el gabinete de Bustinduy precisó una aportación de 783.197.420 euros en la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales, que reúne a ministerio y consejerías autonómicas. Las consejerías aceptaron estos fondos estatales, sin embargo, los gobiernos del PP volvieron a reprochar un reparto «discriminatorio» en el presupuesto compartido de dependencia, porque, dicen, algunas comunidades reciben mayor aportación del Gobierno, mientras otras tienen que aportar más con recursos propios.
Según explicaron las consejeras de Aragón, Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia se planteó este malestar al ministro, que si bien entendió la situación no hizo por corregir el desequilibrio. «El Gobierno de España debería asumir el 50% del gasto total en dependencia; de no hacerlo está amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés. Los dependientes aragoneses no son menos que los vascos», dijo la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, según informó Europa Press. Y su homóloga madrileña, Ana Dávila, también protestó: «El porcentaje de financiación en la Comunidad de Madrid está en 27% en el año 2024. Desde que gobierna, Sánchez, debe a la dependencia de los madrileños más de 2.300 millones de euros».
La Junta exige al Gobierno que financie la dependencia en Andalucía al mismo nivel que en el País Vasco
La administración regional denuncia que el Estado destina para Euskadi el 50% en este apartado mientras que en la Comunidad Andaluza sólo aporta el 35%
En un comunicado, el equipo de Bustinduy sacó pecho de su aporte: «Es, por tercer año consecutivo, la financiación más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos». Y añadió: «Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio».
El ministro defendió que la financiación se mantiene al alza desde los Presupuestos Generales del Estado de 2023 -el Gobierno lleva desde entonces con ellos prorrogados al no tener mayorías parlamentarias sólidas para sacar los nuevos adelante-, lo que demuestra, continuó, los compromisos del Ejecutivo por «reforzar» el sistema de atención a la dependencia, sobre todo tras los recortes de 2012 del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.
«Nunca se ha cumplido»
Pero no está siendo suficiente para determinadas comunidades del PP, y, luchas políticas a un lado, tampoco para entidades del sector de la dependencia, que también denuncian que el aporte estatal no cumple con las comunidades lo estipulado legalmente.
Hace un mes, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) emitió un comunicado reprochando un «trato discriminatorio e inadmisible» porque al País Vasco se le concede el 50 por ciento de la financiación (lo que estipula la legislación de dependencia), mientras que a otras comunidades se les niega. Por ejemplo, Madrid recibe el 27, y Andalucía y Galicia, 35.
No obstante, la FED también explicó que ni PSOE ni PP han corregido estas desigualdades cuando han llegado al Gobierno central porque «nunca se ha cumplido» la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe realizarse al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades.
El Ministerio de Derechos Sociales no ha hecho ninguna valoración en su comunicado sobre las críticas de las comunidades y se limitó a señalar que «fueron los propios gobiernos autonómicos» los que en 2021 aprobaron con qué indicadores y criterios se mediría el reparto de la inversión, ya que cada comunidad recibiría una partida diferente cada año según su situación.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete