Comunidad Valenciana y Baleares desmontan la inmersión lingüística en catalán

En el caso valenciano, la reforma legislativa se aprobó ayer por los populares liderados por Carlos Mazón con apoyo de Vox, con la derogación de la anterior Ley de Plurilingüismo instaurada por el anterior Ejecutivo del PSPV-PSOE y Compromís. También se garantiza el derecho a examinarse en la lengua de la elección del alumno y se aplicará en el curso 2025-2026.

Antes, a partir del próximo año académico, arrancan otras medidas de urgencia en las zonas de predominio castellanohablante, después de una votación voluntaria en los consejos escolares de los centros, en la que participaron dos centenares de colegios e institutos, de los que 107 decidieron pasar del valenciano al castellano como lengua vehicular para el aprendizaje del conjunto de las materias, tal como publicó en exclusiva ABC.

Este primer paso se ha agilizado con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, porque a su juicio se trataba de la imposición más flagrante. Con la justificación del plurilingüismo, se daba la paradoja de que alumnos exentos de aprender valenciano, en cambio tenían que seguir en ese idioma las clases de otras materias troncales como Matemáticas.

No obstante, el objetivo del consejero de Educación, José Antonio Rovira, es que ningún estudiante pida esa exención y aprendan ambas lenguas oficiales. Y para motivarles, esta nueva ley homologa su escolarización con un título oficial de valenciano C1, siempre que completen su ciclo educativo con un 7 de nota. Esta novedad, de las más trascendentales, significa de facto acabar con el requisito lingüístico del valenciano para ser funcionario en la región, ya que los jóvenes no tendrán que someterse a los exigentes exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, como ocurría ahora.

Desde la asociación Hablamos Español, compararon ayer que «en la Comunidad Valenciana entrará en su momento en vigor una ley que establece con claridad cuáles serán los derechos lingüísticos en la Enseñanza, mientras que en Baleares casi todo está en el aire; sólo se sabe que se tendrá en cuenta la lengua materna de los niños de 3 años, aunque no se aclara en qué medida».

En Baleares, el Gobierno de Marga Prohens ha optado por un proceso progresivo de ruptura con ocho años de normalización lingüística 'de facto' sin tocar la normativa. El Ejecutivo popular, temeroso de que se repitan las grandes movilizaciones contra el trilingüismo de José Ramón Bauzá en 2013, quiere impulsar un «bilingüismo cordial» en los centros educativos sin movilizar al profesorado nacionalista, que tradicionalmente ha sido un firme defensor del modelo educativo 100% en catalán.

Por eso, ha preferido no tocar absolutamente nada de la normativa vigente, en parte impulsada por el propio PP en sus primeros años de gobierno autonómico, y no parece que vaya a hacerlo en lo que queda de legislatura.

Mantiene vigente el Decreto de Mínimos, la norma que fija la obligación que el 50% del horario lectivo sea en catalán pero que no establece un máximo de horas, lo que ha servido a los centros educativos para relegar el castellano a la hora de Lengua Castellana.

Tampoco ha modificado la primera ley balear de educación, aprobada por Francina Armengol, que no reconoce el castellano como lengua vehicular. Los socialistas cedieron a las presiones de sus socios nacionalistas y blindaron la inmersión obligatoria en catalán, rompiendo el consenso con los populares. Y aunque el PP votó en contra de esta ley, ahora que está en el gobierno prefiere no tocarla.

El consejero de Educación, Antoni Vera, filólogo catalán y con un perfil apaciguador, trata de calmar los ánimos del catalanismo, que ha lanzado una campaña de boicot en los centros contra la política lingüística del PP. A la vez, trata de contentar a sus socios parlamentarios de Vox introduciendo más castellano en las aulas.

Se ha recuperado la libre elección de lengua en infantil –cumpliendo la normativa que el gobierno socialista no aplicaba–, pero algunos colegios están dando esquina a la ley y ofrecen formularios sin la casilla del castellano. Ayer Escuela de Todos amenazó con pedir la invalidación de las matrículas de todos los colegios que están saltándose la norma y no ofrecen la elección de lengua en las hojas de matricula.

Por otro lado, el gobierno balear ha impulsado un plan piloto voluntario para la libre elección de lengua en 4º de Primaria, dotado con 20 millones de euros por la presión de Vox. Todavía no se han hecho públicos los nombres de los centros que se han adherido a este plan, aunque se sabe que rondan la decena y que ninguno de ellos es público. No obstante, no está claro que este plan piloto se vaya a aplicar en septiembre, como estaba previsto, ya que está pendiente de la resolución de la Justicia.