Una comisión del Vaticano propone que se hagan públicas las destituciones y sanciones a los obispos por abusos

Las propuestas aparecen en el Informe 2024 de la Comisión pontificia para la Protección de menores, el segundo que realiza, y que se concentra en «cómo lograr una reparación comprensiva» para las víctimas de abusos.

«La Comisión enfatiza en la importancia de comunicar claramente las razones de dimisión o destitución y de emitir una declaración pública cuando estas razones estén relacionadas con el abuso de menores o adultos vulnerables, negligencia o acciones menos graves que, sin embargo, puedan haber llevado a tal decisión», destaca. La idea es que cuando haya eclesiásticos que son expulsados de su encargo o sancionados por haber cometido o encubierto abusos, esas medidas se comuniquen claramente a la sociedad.

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Actualmente, cuando la Santa Sede destituye a un obispo por negligencia o abusos, sólo en contadas ocasiones la nunciatura comunica los motivos de la sanción, con la idea de proteger la intimidad de la víctima o eventualmente la presunción de inocencia del culpable si es una medida cautelar. «Las víctimas y sobrevivientes no deben ser dejados en la incertidumbre respecto a la responsabilidad de los abusadores y de quienes les permitieron o encubrieron estos abusos», añade.

En cuanto a las compensaciones con dinero, evita entrar en casuística y constata que «no existe una práctica uniforme en todas las jurisdicciones» civiles. Solicita que la Iglesia «proporcione asistencia económica adecuada a las víctimas y sobrevivientes para cubrir los costos incurridos como resultado del abuso, incluida la atención médica y psicológica, como elemento vital en el proceso de sanación». «Los acuerdos financieros que no tienen en cuenta específicamente estos costos, generalmente, no son un medio efectivo de reparación para víctimas y sobrevivientes, ya que el tratamiento profesional apoya significativamente su recuperación. La Iglesia debe asumir la responsabilidad de estos costos como parte de su apoyo a ellas y a sus familias».

Además, el informe propone otras medidas de reparación como «garantías de acogida en los centros de escucha para que las víctimas sean escuchadas y creídas por las autoridades eclesiásticas», «provisión de servicios profesionales de apoyo psicológico», «reconocimientos y disculpas de manera pública», «comunicación proactiva y transparente con las víctimas para proporcionar actualizaciones puntuales sobre sus casos» y «su inclusión en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia».

El texto sistematiza otras propuestas que a lo largo de los años han aparecido en documentos de la Santa Sede, como «la necesidad de que las víctimas tengan un lugar para denunciar sus casos sin impedimentos y con protecciones esenciales contra represalias para ellas y sus familias», «publicar declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan el daño causado y que asuman la responsabilidad por parte de toda la Iglesia»; adoptar «un protocolo de comunicaciones que contenga normas mínimas para la difusión de información sobre casos de abuso de manera pública y privada».

También sugiere «separar el proceso de reparación de las víctimas de la reparación por parte de los abusadores». Constata cómo los agresores «tienden a minimizar, excusar y explicar sus propios errores, lo que perjudica a las víctimas, en lugar de ayudarlas». Además, argumenta que «los abusadores y los facilitadores de abuso deberían estar sujetos a la responsabilidad penal y civil por parte del Estado, así como a procedimientos disciplinarios por parte de la Iglesia», y que éstos «procedimientos a menudo implican la presunción de inocencia y pueden tardar años en concluir». «Es posible que los abogados les aconsejen permanecer en silencio y abstenerse de hacer declaraciones u ofrecer disculpas. Por lo tanto, puede haber un largo período durante el cual los abusadores y facilitadores de abuso se centren en limitar las consecuencias negativas a las que están sujetos y es poco probable que actúen en beneficio de aquellos a quienes abusaron».

El informe lamenta que «con demasiada frecuencia, los encuentros entre abusadores y víctimas y sobrevivientes se han manipulado para forzar el perdón, lo que se convierte en una herramienta de impunidad mediante la cual los abusadores escapan de todas las consecuencias y se les permite continuar con sus delitos destructivos» y recuerda que «las víctimas no deben ser obligadas a sentirse responsables del rescate espiritual de sus abusadores, ya que esa no es su responsabilidad».

En el extenso informe, elaborado también con las sugerencias de un «Focus group» de 40 víctimas procedentes de todos los continentes, auditan las medidas que aplican dieciocho conferencias episcopales, entre las que no se incluye la española, dos órdenes religiosas y el Movimiento de los Focolares. «A medida que hemos ido caminando junto a las víctimas y los supervivientes, nos hemos ido convenciendo profundamente de que el camino hacia una cultura de protección no es simplemente 'para' ellas sino 'con' ellas», destaca el presidente de la Comisión, el obispo francés Thibault Verny.

«Las víctimas quieren sentirse escuchadas y validadas en sus experiencias», ha recordado la coordinadora del informe, la holandesa Maud de Boer-Buquicchio, ex relatora especial de la ONU sobre Tráfico y explotación sexual de los niños. «Quiero dar las gracias a los medios de comunicación por su indispensable papel a la hora de alzar las voces de víctimas y supervivientes cuando la Iglesia institucional no ha sabido escucharlas. Ustedes son un aliado insustituible. Por favor, continúen con su inestimable labor como denunciantes, exponiendo los abusos y exigiendo responsabilidades», ha solicitado durante la presentación.