El colirio alemán que dejó ciegos a cientos de españoles: «Fui por un desprendimiento de retina y ya nunca volví a ver»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció este miércoles que ha presentado una querella contra varias empresas farmacéuticas vinculadas al fármaco Ala Octa tras haber constatado efectos adversos, mayoritariamente la pérdida de visión, en pacientes a los que se les aplicó. En concreto, la investigación se centra en las empresas alemanas Alamedics GmbH & Co.KG y BSI Group Deutschland y la empresa con sede en Barcelona W.M. Bloss S.A, por la fabricación, evaluación y comercialización, respectivamente, del fármaco.

El Ministerio Público entiende que los hechos —que fueron denunciados por la asociación El Defensor del Paciente— pueden ser constitutivos de delitos contra la salud pública y de lesiones graves, por lo que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha presentado una querella en la que pide al tribunal que se recopile la información de los afectados por el fármaco. También solicita que se determinen las personas jurídicas presuntamente responsables y que se les requiera el organigrama para que las personas físicas responsables declaren como investigadas.

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C. G.

Se utilizaba en cirugías oculares, pero tuvo que ser retirado en 2015

«Pedí que se investigara porque estaba afectando a cientos de personas. Iban a operarse de desprendimientos de retina y acababan ciegos», afirma Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, que originó la investigación a través de una denuncia. Que la Fiscalía lo investigue, celebra, es una buena noticia y abre la puerta a que se reconozca la responsabilidad de las empresas vinculadas a este fármaco con los casos de ceguera.

Otro de los afectados es Adolfo Aguilera que desde 2014, cuando tenía 69 años, está completamente ciego. Desde que nació solo veía por un ojo, pero fue también tras una operación por desprendimiento de retina cuando dejó de ver del todo. «Cuando salió de la operación no veía y le dijeron que al principio podía ser normal. Pero a las 48 horas volvimos a la revisión y ahí ya nos dijeron que tenía que empezar a ver la claridad. No sabían qué pasaba, porque la operación había salido bien», relata su hija, Emilia Aguilera. Durante varios meses le hicieron pruebas de todo tipo, pero nadie daba con la causa de su ceguera. Fue su médico el que en junio de 2015 le llamó para darle la noticia: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) había retirado del mercado el Ala Octa tras haber detectado posibles casos de complicaciones en pacientes.

Conchi, a través de su abogado, Carlos Gómez Menchaca, logró una sentencia pionera en España: una condena a la Aemps por «la dejación en sus obligaciones de prevención para evitar este tipo de supuestos», en palabras del letrado. El organismo dependiente de Sanidad tuvo que indemnizarla con 25.000 euros, pero para ella lo importante no es el dinero, que cambiaría por poder ver con claridad a su nieta, sino que se haga justicia con todos los afectados.

También Adolfo Aguilera tiene una sentencia firme contra una aseguradora, por la que esta debe indemnizarle con 320.000 euros. Sin embargo, lleva ya casi un año esperando el dinero, que no llega. Ningún dinero, dice su hija, compensará lo que perdió: «Lo lleva muy mal. Necesita ayuda para todo y cuando sale a la calle tiene vértigo, miedo. Es pasar un coche algo más rápido de lo normal y empieza a temblar», lamenta.

Tal como recoge la querella de la Fiscalía, la utilización del producto sanitario defectuoso Ala Octa provocó en los pacientes a los que se suministró efectos adversos como amaurosis (situación de no percepción de luz en el ojo operado), atrofia del nervio óptico (atrofia óptica) o necrosis retiniana (la muerte de la retina), entre otros. La investigación sobre el producto saca a relucir deficiencias en su fabricación, así como carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados. Fue utilizado en 28 centros sanitarios de 13 comunidades autónomas.

Gómez Menchaca representa a más de 100 afectados por el fármaco —de los que hay alrededor de una docena que todavía no han sido indemnizados— pero cree que la cifra total de 125 se queda corta y puede haber más. En cuanto la Audiencia Nacional admita la petición, explica, se personará con todos los afectados a los que representa «para pedir responsabilidades». El perfil de las víctimas del Ala Octa, dice, es muy variado: «Desde un niño de 9 años que tuvo un desprendimiento de retina al chocarse contra una portería de fútbol hasta personas mayores», aclara.