ALBERTO GARCÍA ROMERO

Pte. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid LAS FARMACIAS, AL LÍMITE

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Me van a permitir que les explique la difícil situación que están atravesando las farmacias españolas y, en particular, las casi 2.800 oficinas de la Comunidad de Madrid. Más allá de las grandes, que ciertamente hay y que también lo están pasando mal, la mayoría de las oficinas son farmacias de barrio o rurales que convierten nuestro modelo de farmacia en una realidad envidiada en Europa.

Por definición legal en España, las farmacias son establecimientos sanitarios privados de interés público que forman parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), garantizando el acceso de los ciudadanos a los medicamentos y al consejo de un titular sanitario superior. Sus titulares son retribuidos para hacer frente a gastos en local, equipamiento, mantenimiento y costes de personal, entre otros, con un margen fijado previamente por el Gobierno sobre el PVP de los medicamentos.

Otra peculiaridad es que las farmacias adelantan a los ciudadanos los medicamentos de las recetas prescritas por los médicos en las recetas oficiales, el cien por cien en el caso de pensionistas y el 60% en el de activos o sus beneficiarios, y reciben esos importes (aportación financiada por el Estado), a través de las Comunidades autónomas. Es decir, el farmacéutico financia al Estado una media de 40 días todos los meses.

El procedimiento descrito funcionaba adecuadamente, pero el aumento de población y su envejecimiento han incrementado el gasto sanitario público, hasta el punto de que la sanidad pública no es capaz de cubrir los gastos que genera.

No es una situación nueva, se detecta desde hace más de una década. Los Presupuestos Generales del Estado y los autonómicos han sido siempre insuficientes para cubrir el gasto real de la demanda de atención sanitaria; en consecuencia, se ha generado un déficit con los proveedores que la ministra de Sanidad cifra en 8.000 millones de euros, aunque algunos analistas la elevan a los 20.000 millones.

El 20 de mayo se aprobó el Real Decreto Ley 8 /

2010 que recortaba el gasto público en varios frentes. Este RDL se convalidaba tan sólo un mes después de otro que redujo, en este caso, los precios de determinados medicamentos.

Desde el año 2000 hasta ahora, las oficinas de farmacia han sufrido 15 medidas, con distintos rangos normativos, de recorte de precios o márgenes o de imposición de descuentos obligatorios según su facturación. La consecuencia de todo ello, antes del último Real Decreto, era que las farmacias venían perdiendo un 0,6% de su rentabilidad cada año y que para 2014 casi la mitad de las mismas llegarían a rentabilidades cero o decrecientes, lo cual, es incompatible con el tipo de empresa (pyme) que son las farmacias. Cierres, despidos de personal, recortes en inversión tecnológica eran ya el horizonte de miles de farmacias, acentuados ahora con un nuevo descuento del 7,5% en el precio de más de tres cuartas partes de los medicamentos. Ya no se trata de un recorte más, estamos ante un expolio a un sector profusamente castigado que ya contribuyó a la sostenibilidad del sistema, con descuentos directos en su facturación por valor de 600 millones de euros en 2009.

Esta serie de medidas va a suponer el despido de más de mil empleados en la Comunidad de Madrid. Como antesala de su posible cierre, en este momento están en venta 400 farmacias. Las vícctimas no son únicamente esos afectados directos (empleados y titulares de farmacias), lo es el SNS que perderá niveles de calidad del servicio farmacéutico allá donde se recorte personal y accesibilidad al medicamento para áreas como barrios periféricos y núcleos rurales aislados.

Puedo asegurarles que los farmacéuticos madrileños no vamos a hacer de nuestro servicio a la población una moneda de cambio de nuestras quejas. Es más, vamos a esforzarnos en explicarles la dificilísima situación en la que nos ha puesto el Gobierno para manifestarles que nos sentimos maltratados injustamente y se pone en riesgo la supervivencia de muchas farmacias,

así como para advertirles que esta riada que arrastra farmacéuticos pone en peligro el SNS que es patrimonio de todos. También el suyo.