Las claves de la ley de Equidad Sanitaria que debate el Congreso de los Diputados

Lo hará después de pactar con los partidos nacionalistas catalanes Junts y PDECat para que la nueva norma no afecte a su comunidad autónoma y también tras comprometerse con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, a posibles modificaciones del texto. Según la formación morada, el objetivo es derogar la norma aprobada en 1997 por el gobierno popular de José María Aznar y que permitió las privatizaciones sanitarias.

De momento y a la espera de que lleguen esas negociaciones, el texto que plantea Carolina Darias se estructura sobre una serie de claves:

La norma busca una atención cien por cien pública en uno de los peores momentos de la sanidad pública, colapsada tras la pandemia y con las listas de espera disparadas en todo el país . El texto del anteproyecto veta cualquier colaboración con centros y hospitales privados. Eso significa que las comunidades autónomas no podrán derivar enfermos a hospitales privados para reducir las listas de espera, ni permitir hospitales públicos de gestión privada.

El texto establece que «de forma excepcional y justificada, y siempre que no sea posible la prestación directa de los servicios que integran el Sistema Nacional de Salud, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias (...) podrán optar por la gestión indirecta, empleando cualquiera de las fórmulas de contratación o de colaboración previstas».

La excepción permitiría a las comunidades mantener los actuales conciertos con entidades privada, aunque tendrá que justificarlo . La decisión queda en manos de las autonomías.

Por primera vez, se obligará a los hospitales y centros sanitarios a publicar los resultados de indicadores sanitarios. Eso significa que se podrá saber la eficacia en tasas de éxito y reducción de la mortalidad. La ley establece que se haga de forma comprensible tanto para el ámbito profesional como ciudadano. Aunque la ley deja en manos del Consejo Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas, decidir cuáles serán esos indicadores.

Para que no haya dudas, la futura ley de equidad garantiza, en igualdad de condiciones, la atención de todos los residentes en nuestro país, estén o no de forma legal, así como a sus ascendientes reagrupados. Durante el tiempo que residan en nuestro país todos tendrán acceso a cualquier tratamiento y en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles. También se cubre la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residan en el exterior y se deban desplazar temporalmente a España, así como los familiares que les acompañen si no tienen prevista esa cobertura con su póliza sanitaria.

El nuevo texto no elimina los copagos existentes, como el pago de un porcentaje de las medicinas recetadas o de los sistemas de ortopedia. Pero garantiza que no haya nuevos copagos. Recupera una cartera común de servicios única, cuya provisión será financiada públicamente en su totalidad.

La ley de equidad incorporará a pacientes, profesionales y ciudadanía en los órganos de asesoramiento del sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad justifica esta decisión con el convencimiento de que la participación ciudadana «contribuye a mejorar la salud de las personas, disminuye las desigualdades sociales, enriquece el contenido de las políticas públicas y legitima la toma de decisiones en el proceso de elaboración de las políticas sanitarias».