Los ciervos llevan al límite Cabañeros y Monfragüe tras el veto a la caza: «Es un caos medioambiental»

Los parques nacionales, la joya de la corona del patrimonio natural español, no están exentos de peligros, incluso naturales. Uno de ellos es la sobrepoblación de especies, algo que están viviendo con especial dureza en Cabañeros y Monfragüe (Extremadura). Herbívoros como el ciervo pueden arrasar con la vegetación de los parajes y desde ahí impulsar efectos en cascada a otras especies. También aumenta el peligro de transmisión de enfermedades. Hasta hace cuatro años, estos animales se mantenían a raya en parte gracias a la caza en las fincas privadas de la zona. Pero la ley de parques de 2014 fijó que a partir de 2020 eso ya no sería posible.

«Al quitar la caza, han dejado las fincas sin la herramienta principal que se usaba para controlar las poblaciones y no se ha dotado de ninguna otra medida», dice Sánchez. Son ya cuatro años sin poner coto a los animales en las fincas privadas, que representan el 44% del parque, «y las poblaciones naturales no entienden de procedimientos judiciales». Es la situación de degradación medioambiental que esto ha generado lo que ha llevado a Sánchez, junto con otros propietarios de fincas en el espacio protegido, a elevar una solicitud de investigación a instancias europeas. A principios de mes, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite la denuncia de la asociación sobre una posible infracción de la legislación medioambiental de la Unión Europea. También han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la «gestión deficiente y negligente» del parque por parte del Gobierno, quien tiene la compentencia.

Según los datos de la asociación, en la parte pública de Cabañeros ya hay unos 35 animales por km2, cuando el plan rector de uso y gestión dice que la capacidad de carga -el máximo que el territorio puede soportar sin daños- es de 25 animales por km2. En esta parte cuentan con medidas de control poblacional que se basan sobre todo en 'capturaderos'. «Tienen unos cupos de captura, pero sistemáticamente los incumplen. No son capaces de llegar a los cupos solo con la captura en vivo, con lo cual no son capaces de controlar poblaciones», dice Sánchez.

Las cifras son aún peores en la parte que alberga las fincas privadas, donde directamente no se ha llevado ningún control en estos años. «Estamos ya en mas de 80 animales por km2», asegura el afectado, casi «tres veces por encima de los límites que el plan de gestión determina». Desde 2020 la población de ciervos se ha multiplicado por 2,35 y la de jabalíes, por 2,74. Este periódico pidió también datos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, sin que haya obtenido respuesta por el momento.

Algo parecido ocurre en el Parque Nacional de Monfragüe. Allí, explica a este diario el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla, hay una «sobrepoblación evidente». Si la cifra óptima es de 10 ciervos por km2, la media en todo el parque es de 13. Sin embargo, en dos áreas concretas de gestión han contabilizado hasta 25 ciervos por km2. Una sobrepoblación que «produce daños en el parque», asegura.

«Muchos de los valores de conservación por los que se declararon estos parques han dejado de serlo. La sobrepoblación de ungulados silvestres ha provocado un caos medioambiental. Es así. No es cuestión de alarmar, para nosotros, la Comisión Europea tendría que actuar ya», opina el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva. Según los datos de la denuncia de los afectados en Cabañeros, el 60% de especies vegetales de las fincas están afectadas por el ramoneo. «Están en grave riesgo la mayor parte de los hábitats de la Red Natura 2000», dice el texto.

La caza no es la única herramienta de gestión, pero sí es el «medio más predecible de control de la población», sobre todo en casos de sobreabundancia, apuntaba un reciente estudio publicado en 'Science of The Total Environment' y liderado por Antonio J. Carpio, profesor de Ecología de la Universidad de Córdoba. «La gestión de los ungulados silvestres se vuelve especialmente compleja si se prohíbe la caza», reconoce el estudio.

El problema de los parques nacionales, explica Carpio, es que deberían ser una zona prístina y bien conservada, en este caso de bosque mediterráneo. Pero tener una media de animales por encima de la capacidad de carga hace que se vean perjudicadas especies como el madroño, el durillo o la filirea. Villanueva apunta a otro factor: la dehesa necesita regeneración natural, pero hoy los animales se comen todos los nuevos brotes o las bellotas. Y la dehesa envejece.

Tanto en el caso de Cabañeros como de Monfragüe, las administraciones están intentando lograr la colaboración de los propietarios de las fincas privadas, que se han revelado fundamentales.

A los dueños de fincas de Cabañeros las autoridades les han mandado recientemente un borrador de convenio: «Son conscientes de que hay un daño y de que lo hemos denunciado», dice Sánchez. Quieren ayudar y esperan lograr un acuerdo «antes de final de año». Pero hay un escollo claro: «No terminan de dar solución a las indemnizaciones». Porque ante el fin de la caza deportiva y comercial, la ley también establecía la necesidad de indemnizar a los afectados por la pérdida de sus derechos. Pero esas compensaciones no han llegado, así que los acuerdos tampoco. De hecho, ya el año pasado Parques Nacionales pidió ayuda a los propietarios de fincas para abatir unos 5.000 ciervos y jabalíes en un solo mes. «Era inviable, y sin costear nada», se queja Sánchez. Así que dijeron que no.

En Mongragüe, Puebla se muestra optimista. El nuevo plan de gestión aprobado hace tan solo unos días por el patronato del parque contempla el uso de perros en los controles poblaciones, tanto en las fincas públicas como privadas, para mejorar la eficacia. Con los métodos actuales, que se basan batidas sin perro y recechos muy limitados (buscar al animal de forma individual), «los resultados no son buenos», asegura Puebla. No se capturan los animales necesarios. Por eso, si la Red de Parques Nacionales aprueba la medida «no cabe duda de que podremos equilibrar la población».

La idea es empezar a utilizar batidas de control en las que puedan participar los propietarios de las fincas, con las condiciones que ponga la administración gestora. «Eso beneficiaría a 9.000 hectáreas sobre las que antes no se ha actuado» al no tener el consentimiento de los propietarios, dice el director de Sostenibilidad.

Sin embargo, este plan ya ha levantado la crítica de organizaciones conservacionistas como SEO/BirdLife. «La interpretación sesgada de las cifras y conclusiones no puede ocultar la ausencia de criterios científicos que apoyen la autorización de batidas con rehalas de perros de caza en un parque nacional», dice en un comunicado Marcelino Cardalliaguet, delegado de la organización en Extremadura.

En concreto, alegan que las medidas utilizadas en las temporadas 2021-22 y 2022-23, en las que solo se usaron jaulas y cercones de captura «resultaron muy efectivas», con tasas de éxito del 62% para ciervos y del 93% para jabalíes; mientras que tras «una campaña de desprestigio hacia estos métodos, usando vídeos de origen desconocido y acusando a la administración gestora de hacer sufrir a los animales», se instauraron las batidas en la temporada 2023-2024 y la tasa de éxito cayó al 14% para ciervos y al 19% para jabalí.

En cualquier caso, las soluciones a la sobrepoblación de ungulados obligarán a un desembolso. «Ahora se piensa en soluciones que contienen un coste para el ciudadano», explica Villanueva. Tanto para las indemnizaciones como para contratar servicios que antes se realizaban 'gratis' o que incluso generaban recursos derivados de la actividad cinegética en comarcas con pocos recursos, destaca.