La nueva ley de Extranjería bloquea la llegada a España de miles de universitarios estadounidenses

Según refieren desde esta asociación, aunque la normativa de extranjería se conocía desde noviembre, en las últimas semanas se han dado desde el Gobierno unas instrucciones de aplicación del reglamento «muy confusas». Estas directrices han llegado con los visados de los estudiantes norteamericanos a medio tramitar, generando un desorden burocrático en los Consulados Generales de España en Estados Unidos, que podría llevar a la cancelación o el retraso de la llegada el curso que viene de miles de estudiantes norteamericanos.

«Muchos visados ni siquiera se han empezado a tramitar y otros tantos, ya iniciados, no pueden finalizarse por falta de información», declaran desde Apune a este periódico. Esta asociación ha exigido al Gobierno una respuesta urgente a través de una carta enviada a los ministerios de Exteriores, Universidades, Educación, Migraciones y Presidencia. De momento, dicen, no han recibido contestación ni tampoco «acuso de recibo». Según ha podido saber ABC, al departamento que dirige José Manuel Albares le consta la queja y prevén dar una respuesta a los numerosos estudiantes que se encuentran 'bloqueados', aunque no saben cuándo llegará la misma.

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Los nuevos requisitos son, dicen, «ambiguos y difíciles de cumplir», sin un periodo razonable de adaptación ni consulta previa con los actores del ámbito académico. Además, la externalización del proceso a través de una empresa ha añadido aún más incertidumbre.

La falta de criterios homogéneos entre consulados, la exigencia de matrículas anticipadas que no coinciden con los calendarios de muchas universidades, y la ausencia de un mecanismo de apelación están provocando retrasos que podrían impedir a miles de estudiantes iniciar sus estudios en España. Algunas prácticas, como el cobro adicional por mantener expedientes abiertos durante la subsanación, agravan aún más la situación. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones explican a ABC que «se está trabajando en un borrador de instrucciones para la aplicación uniforme de este tipo de autorizaciones» y que, en cualquier caso, atenderán posibles dudas o interpretaciones en colaboración con otros ministerios.

Desde las universidades denuncian que las consecuencias no se limitan al plano académico: «Se pone en riesgo la reciprocidad de convenios con universidades estadounidenses y, con ello, también las oportunidades de estudiantes españoles».

Esta situación compromete también la reputación internacional de España como destino académico de referencia y, según Apune, «puede ocasionar importantes pérdidas económicas». Cada año, más de 20.000 estudiantes universitarios estadounidenses eligen España como destino académico. Según un informe de impacto económico elaborado por Grasset y García el año pasado, estos estudiantes generan en torno a 600 millones de euros anuales en nuestro país, sin contar el efecto multiplicador asociado a visitas de familiares y amistades. Asimismo, programas como Erasmus+ y Nalcap (el programa de Asistente de Lengua y Cultura de América del Norte) consolidan la cooperación educativa entre numerosos países. Este periódico ha intentado contactar con estudiantes estadounidenses que estén encontrando dificultades con la tramitación de su visado, sin embargo prefieren no exponerse en los medios de comunicación y expresan que existe cierto ambiente de «psicosis». Este problema burocrático coincide en el tiempo con la ofensiva iniciada por Donald Trump contra los universitarios extranjeros que desean cursar sus estudios en Estados Unidos. El bloqueo, por tanto, es bidireccional.

En diciembre de 2024 se contabilizaron 93.067 visados de estudios en vigor, según datos del Ministerio de Exteriores. Desde esta asociación, que está en contacto con los miles de estudiantes que planeaban venir a estudiar a España, le exigen al Gobierno la aplicación de una moratoria temporal en la entrada en vigor de los requisitos establecidos por el Reglamento 1155/2024 hasta el final de la campaña de visados 2025-2026. Además, están demandando la revisión y clarificación urgente de los requisitos, en diálogo con otros entidades expertas como Crue (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y otras con experiencia en movilidad académica internacional. Por último, exigen la armonización de criterios de aplicación entre consulados y la supervisión de los servicios prestados por la empresa subcontratada.