Los científicos de Sánchez: peligros de que la ciencia se convierta en cortesana del poder

El precedente, además, no resulta demasiado halagüeño: en la memoria pandémica está el famoso (no) comité de expertos o el no muy científico CIS de Tezanos. Con todo, la ciudadanía respalda la participación de expertos en el debate público. Según el último Eurobarómetro de Ciencia y Tecnología, el 70% de los españoles están de acuerdo con su intervención para asegurar que las decisiones tengan en consideración las evidencias científicas. Pero, ¿está de acuerdo la ciudadanía con que el Gobierno haya ido acaparando los organismos oficiales de representación de la ciencia dentro del Estado? O, antes que todo esto, ¿existe de verdad este control?

Las primeras siglas que sobresalen son las de Fecyt (que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología) y que depende del Ministerio de Ciencia. A su vez, Fecyt crea en 2021 la Oficina C para asesorar a los diputados en materia de ciencia y está enfocada a la elaboración de leyes. Es decir, forma parte del poder legislativo. Fecyt también está vinculada a Raicex (que es la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior) y a Social Media Centre Spain, que es una oficina verificadora de noticias científicas que se dirige a los periodistas.

La última de estas oficinas es la que motiva este reportaje: la ONAC, que formará parte del poder ejecutivo y también está vinculada a Fecyt. Después de esta avalancha de siglas, preguntamos a cuatro investigadores, un experto en Bioética y un politólogo sobre los blancos, los negros y los grises de las relaciones entre ciencia y poder. «No está mal que estas cosas nazcan desde el Gobierno -incluso desde Presidencia- para que tengan de salida un gran impulso, pero el plan a medio plazo siempre tendría que pasar porque se desvincularan del Ejecutivo para así dotarlas de autonomía», opina Luis Miller, que es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y que ayudará a la Fecyt con la convocatoria de proyectos de la ONAC. Este científico cree que, de esta forma, además de la independencia del asesoramiento, se garantizaría su supervivencia, pues de lo contrario «son iniciativas que duran una legislatura».

Miller menciona el buen funcionamiento de organismos como la Airef, que no suele ser el habitual en nuestro país. De hecho, uno de los argumentos que más han resonado estos días es el de que hay otros lugares en Europa que cuentan con oficinas de asesoramiento científico.

Sin embargo, en países como Suecia, por ejemplo, las agencias no forman parte del gobierno. Miller considera que la clave del debate está en la entidad jurídica que le queremos a dar a estos organismos que trabajan para los ministerios pero que, necesariamente, tienen que ser independientes. Por su parte, Fernando Josa, que es doctor en Biología Molecular y experto evaluador en la Comisión Europea, observa un cierto «clientelismo» con esta cuestión. La probabilidad, dice, de que la opinión de estos asesores contradiga el sentido de la narrativa de lo que quiere escuchar la mano que les da de comer es pequeña. «Desde un punto de vista técnico, las únicas personas con autoridad moral para dar argumentos basados en evidencia científica son los propios científicos. La clave no es el dato en sí, sino la interpretación de ese dato», añade este investigador, que conoce desde hace años el mundo de las asociaciones científicas y ha salido «escaldado» de muchas de ellas.

«Lo que sería trágico es que las 50 plazas que van a sacar ya tengan un nombre y estén haciendo un paripé para colocar a gente conocida o que pueda interesar». Josa ha percibido un silencio atronador por parte de algunas instituciones y profesionales que, en sus palabras, «no pueden permitirse ponerse públicamente en contra del Gobierno» y cree que quien toma la creación de la ONAC como una noticia positiva peca de un «optimismo ingenuo», no desea profundizar en el tema, tiene miedo de acabar relegado al ostracismo o pretende beneficiarse a la sombra del poder. «En estos 'saraos' hay eslóganes muy bonitos y una importante inyección de dinero. Hay una serie de investigadores que siempre son protagonistas en todos estos episodios nacionales de la ciencia en el Estado. Claro que hay buenismo». Para Vicente Bellver, que es catedrático de Filosofía del Derecho y presidente del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, la noticia es, de entrada, favorable. Aunque matiza que los objetivos y los mecanismos de ciencia y política son distintos por cómo se tienen que tomar las decisiones en democracia.

Bellver refiere que nuestros representantes cada vez tienen que legislar sobre temas con un componente científico-técnico más alto donde el diálogo entre las dos disciplinas sería muy necesario. Sin embargo, también cree que el riesgo de que la institucionalización de ese diálogo se degrade o pervierta no es pequeño. «No podemos obviar que invocar la ciencia para justificar una acción política y legitimarla ante la opinión pública resulta, a fecha de hoy, muy útil para cualquier dirigente», argumenta. Este experto en Bioética formó parte del comité -este sí existió- que se encargó de aprobar la estrategia de vacunación en la pandemia y afirma que su experiencia fue «extraordinaria».

Pero advierte de que aunque el político no puede tomar decisiones al margen de la información científica, tampoco puede justificarlas únicamente en ella. «De los datos a la aplicación real hay un gran salto, en el que el político debería incluir el aspecto moral, el social, el económico... Cuando un presidente afirma que hace lo que le dicen los científicos está engañando a la ciudadanía, porque la ciencia solo te pondrá un dato sobre la mesa». Una cosa es la estimación matemática de contagios en las primeras semanas del Covid y otra muy distinta, la decisión política de confinar a la población.

Es algo más optimista el doctor en Ciencias Políticas Víctor Lapuente, para el que todo dependerá de si a la hora de 'reclutar' pesa más el sustantivo (asesor) o el adjetivo (científico). Lapuente reconoce que la idea platónica del rey-filósofo o el rey-científico que toma las decisiones es utópica, pero insiste en que, sin ser la panacea, la creación de la ONAC puede ser muy positiva. «Cada vez manejamos más datos y creo que para la elaboración de políticas públicas está información puede ser una bendición. Ojo, también una maldición, pues es muy fácil encontrar correlaciones y dejar fuera la causalidad». Además, este politólogo cree que la ONAC podría ayudar a que en España se vaya atajando el gran problema que existe de acceso a los datos y aboga porque se empiece a «internalizar el talento y externalizar los servicios».

Tiene un punto de vista distinto el investigador Moisés Canle, que es catedrático de Química física en la Universidad de La Coruña y también conoce de cerca las relaciones ciencia-Estado. «Me resulta curioso que se estén creando este tipo de organismos donde no queda del todo claro sobre qué temas se va a asesorar. Parece una especie de convocatoria para 'técnicos generalistas'». Canle recuerda que la figura del asesor técnico en los ministerios ya existe, como también se crearon en su día organismos como los institutos oceanográfico o los agroalimentarios. «¿Ahora creamos unas oficinas más generalistas? Soy escéptico. Me resulta algo preocupante que dependa del poder ejecutivo. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a este personal? ¿Quién los establece?», se pregunta este profesional.

Esta duda también asalta a María Morán, que es investigadora en el SNS y presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios. Ella misma ha completado un formulario para optar a una de las asesorías externas para la ONAC, pero reconoce que le habría gustado poder leer con «algo más de detalle» los requisitos de la convocatoria. Morán es prudente, pero lo que sí percibe es que las condiciones económicas en este tipo de organismos suelen ser mucho más atractivas que las de los investigadores en hospitales. «En este país hay investigadores de primera, que tienen carrera profesional, y de segunda».

Solo queda una incógnita más: los temas. Varios perfiles mencionan a este diario que casi nadie tiene dudas de que las líneas de investigación de la ONAC las marcará la Agenda 2030. Aunque también eso habrá que verlo.

Ya decía Ramón y Cajal que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia. El problema es cuando la rueda está pinchada antes de que el carro comience a moverse.