El CGPJ ve inseguridad jurídica en la ley de protección de menores en internet

Esta normativa, impulsada el pasado mes de junio por el Ministerio de Juventud e Infancia, busca alejar a los niños y adolescentes de los peligros de internet y formarles con herramientas útiles. También incluye reformas en el Código Penal, formación para docentes sanitarios y la obligación directa a las empresas tecnológicas de incluir un sistema de control parental por defecto en los dispositivos móviles.

El Pleno del CGPJ ha considerado «muy positiva» la introducción en el Código Penal de la prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro espacio virtual cuando se comete un delito. Son las llamadas 'órdenes de alejamiento virtual', una medida que contempla el anteproyecto, y que abarcará todos los casos de violencia contra la infancia, ya sea doméstica, de acoso escolar… siempre que haya una sentencia jurídica firme, pero no durante la investigación.

Sin embargo, el dictamen llama la atención sobre la ausencia de una previsión específica sobre la reparación íntegra del daño cuando el delito se comete a través de internet. Señala que la «huella digital» de los efectos de la conducta delictiva constituye un «factor multiplicador del daño», que no se tiene en cuenta en ningún apartado del anteproyecto.

A su vez, el informe también valora positivamente la inclusión de los 'deepfakes' —imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía real— pornográficos como delito, cumpliendo de esta manera con la normativa europea. Sin embargo, sugiere la inclusión de un subtipo agravado cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad. De igual modo cuando el autor sea el cónyuge o una persona unida a la víctima por una relación sentimental.

El Pleno también destaca la reforma del Código Penal para incluir una serie de tipos agravados relacionados con el uso de identidades falsas como medio para facilitar la comisión de delitos contra menores de edad o personas con discapacidad. «Se trata de situaciones en las que a través de estas falsas identidades se pretende atraer al menor o a la persona con discapacidad para ganarse su confianza su amistad o, al cabo, establecer algún tipo de conexión con ellos que allane la comisión del delito», subraya el informe.

El CGPJ advierte asimismo de que la norma proyectada presenta «relevantes déficits de precisión y seguridad jurídica» respecto del estándar fijado por la jurisprudencia constitucional para las normas legales habilitantes de medidas restrictivas de derechos fundamentales. El informe señala, en este sentido, que el principio de protección de la infancia y la juventud al que se hace referencia es «una finalidad demasiado general como para cumplir las exigencias constitucionales». Así, el informe sugiere que se definan en términos precisos y claros.

En su momento, ABC se puso en contacto con varios expertos, que pese a dar la bienvenida a la legislación, ya señalaban que presentaba «varias fugas» y cabos sueltos que deberían atarse para que no quede la ley en una mera declaración de intenciones.

Por ejemplo, la normativa marca que los pediatras deberán preguntar a los padres sobre el uso que hacen sus hijos sobre el móvil, de igual forma que ahora se les pregunta por sus hábitos de higiene. Sin embargo, pese a que el Gobierno lo plantee como una actuación sencilla, la Asociación de Pediatría Española y el sindicato CSIF indicaba varias «carencias» en este planteamiento. Por un lado, el sindicato alertaba de que se necesitan al menos 10.000 plazas adiciones de Atención Primaria y de 1.100 pediatras para poner en marcha este mecanismo de actuación. Por el otro, los pediatras explican que todavía no han recibido ninguna guía o modelo a seguir para poder detectar adicciones a la pantalla, u otros trastornos derivados de la tecnología como puede ser el aislamiento social.

Además, el Gobierno obligará a los fabricantes tecnológicos a diseñar un sistema de control parental en sus productos. Una decisión que, en palabras del experto en privacidad Narseo Vallina-Rodríguez, genera «incertidumbres». «La legislación puede tener buenas intenciones, pero luego cómo se implementa es otra historia. Es posible que en la implementación del control parental, los desarrolladores introduzcan errores que permitan evadir los controles, que no sean realmente robustas, o que causen un daño a la privacidad del menor. Estos problemas ya se han identificado en el pasado en tecnologías en teoría robustas como las aplicaciones para el control del Covid-19», subraya el investigador de IMDEA.