Celadores de Baleares impugnan el catalán porque no les deja optar a una plaza fija: «Juegan con nuestro pan por motivos políticos»
Salud da una moratoria de dos años a trabajadores en activo y excluye a gente que acabó un contrato días antes de la oposición
Los expulsados de Armengol: «Me han separado de mi hijo y de mi marido por no tener el título de catalán»
Fran, celador de 30 años, se quedó en la calle por no haber podido demostrar el catalán con efecto retroactivo
El teléfono dejó de sonar en 2021 cuando lo expulsaron de la bolsa de trabajo. Después de dos años trabajando en la sanidad pública balear, a Fran le exigían acreditar el nivel A2 de lengua catalana con efecto retroactivo. Como él, otros 2. ... 500 celadores se fueron a la calle. Él se sacó el título en enero de 2022, pero ahora está en una bolsa subsidiaria con cero puntos a la espera de que le computen los méritos y la experiencia laboral. Mientras tanto, el sueño de conseguir una plaza fija de celador en Baleares se diluye otra vez por culpa del requisito lingüístico. «Ahora me piden el B1 para poder presentarme», denuncia a ABC este celador murciano que ha decidido impugnar las bases del concurso de estabilización de personal estatutario del Servicio Balear de Salud, junto con otros afectados.
Las bases generales de la convocatoria sólo contemplan una moratoria de dos años para el personal «en activo», es decir, con un contrato vigente. A él se le acabó justo antes de salir las oposiciones y, por eso, se queda fuera. Es decir, si estabas trabajando, tienes dos años para sacarte el catalán. Si no, sólo puedes presentarte con el título. «Estoy consumido mentalmente; elGovern balear está jugando con el pan de mucha gente por intereses políticos; está prevaricando», se lamenta este trabajador que lleva tres años enlazando contratos precarios.
Fran y otros compañeros celadores afectados por la imposición del catalán en la sanidad de Baleares han decidido impugnar las bases del concurso de estabilización de plazas en Baleares. Alegan que la selección del personal estatutario fijo que pretende el Govern de la socialista Francina Armengol no cumple los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y competencia, ya que establece diferentes requisitos en diferentes categorías e incluso dentro de la misma.
Los demandantes se quejan de que Salud ha eximido del requisito lingüístico a 11 categorías de Medicina y Enfermería -220 plazas de 2.200- mientras impone el título de lengua catalana al resto de aspirantes. «Además, la discriminación es doble porque se permite a trabajadores en activo que se puedan presentar al concurso sin acreditar el catalán mientras a los que se nos acabó el contrato días antes de la publicación de la convocatoria nos han capado del proceso por no tener el catalán y sin importar la experiencia», denuncian los cinco afectados.
«Estoy consumido mentalmente; el Govern balear está jugando con el pan de mucha gente por intereses políticos; está prevaricando»
Fran
Celador
El pasado 20 de diciembre, el director general del Servicio de Salud de Baleares publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) las convocatorias específicas de procesos selectivos, por el sistema de concurso extraordinario y concurso-oposición, derivados de la oferta pública de empleo adicional de estabilidad ordinaria y excepcional para el año 2022.
En el llamamiento a celadores, pinches y telefonistas se exige a los candidatos que acrediten el nivel de conocimientos de catalán exigido (un B1 en el caso de los celadores). Sin embargo, la convocatoria prevé «excepcionalmente» una moratoria de dos años para aquellos aspirantes que estén en «servicio activo» en el IB-Salut y que no puedan acreditar el requisito de catalán en el momento del ingreso. «Y ahí es donde nos han excluido a muchos trabajadores que hemos tenido la mala suerte de finalizar nuestro contrato antes del 20 de enero y no nos han vuelto a llamar porque nos expulsaron de las bolsas de trabajo», expone Fran, uno de los cinco trabajadores que han impugnado las bases del concurso oposición del IB-Salut por ser «discriminatorias».
«Nosotros no estamos en contra del catalán, lo que decimos es que, si lo quitan a unos trabajadores, deben quitarlo a todos», argumenta este murciano de 30 años que se apuntó al bolsín de celadores en Baleares en 2018 cuando aún vivía en su tierra natal. Por aquel entonces el Govern de Armengol no exigía el título de catalán en las bolsas de trabajo para trabajar en la sanidad pública, donde hay déficit de profesionales en el ámbito sanitario.
Con un contrato bajo el brazo se marchó al archipiélago junto con su novia, enfermera, y empezó a enlazar contratos también en los hospitales mallorquines de Inca y Manacor. En verano de 2021 el IB-Salut expulsó a Fran y otros 2.500 celadores de las bolsas de trabajo por no acreditar el título A2 de lengua catalana. «Nos dejaron fuera, parados y sufriendo las consecuencias». Él se apuntó a clases de catalán y aprobó en enero de 2022. «Pero el Servicio balear de Salud en vez de reincorporarme a la bolsa, me metió en un bolsín subsidiario sin contabilizar mis méritos, así que ahora tengo cero puntos y estoy por detrás de otros aspirantes con menos experiencia pero con el título de catalán, que parece que es lo que más les importa».
Inicialmente, el Servicio balear de Salud había decidido no pedir el requisito del catalán a todos los médicos y enfermeras, alegando que «lo primero» era la salud y reconociendo que era una traba para cubrir las plazas. Tras una tormenta política entre el PSOE y sus socios nacionalistas de Més, finalmente el IB-Salut se rectificó a sí mismo. Después exoneró a 15 categorías de las 49 en Enfermería y Medicina; y apenas unos días después, Armengol dio un giro de 180 grados y anunció que se eximiría el requisito en 11 categorías de las 49, lo que supone 248 plazas de un total de 2.283: es decir, el 90% de los aspirantes tienen que tener el título de catalán.
«Que no se pida el título de conocimientos de catalán a unas categorías de Medicina y Enfermería mientras que en otras como los celadores o auxiliares sí, es un agravio comparativo. Por eso hemos recurrido principalmente la imposición del requisito en este concurso», explica a ABC Natalia Jurado, abogada de estos cinco trabajadores sobre la impugnación del concurso de estabilización de plazas en la sanidad de Baleares que podría afectar a este proceso en marcha.
La letrada considera que Salud «no ha argumentado, ni motivado, ni concretado» qué ha llevado a exigir el catalán para las funciones que han de desempeñar las distintas categorías y especialidades. Recuerda que existe jurisprudencia que determina que la exigencia del conocimiento de la lengua autonómica de carácter eliminatorio genera un «perjuicio» y por ello se «ha de garantizar la proporcionalidad de su exigencia con el tipo de función o puesto de trabajo a desarrollar».
Bueno acusa, además, al IB-Salut de discriminar a los trabajadores dentro de la misma categoría, al eximir del requisito a personas en activo y no permitir las candidaturas de personas sin contrato vigente. Concretamente la convocatoria exonera a «aquellas personas aspirantes que estén en servicio activo, en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en la misma administración o ente público, en el mismo cuerpo, escala o especialidad, o escala, subescala, clase o categoría, o categoría profesional objeto de la convocatoria, y no puedan acreditar el requisito exigido para el ingreso».
«Esto implica que la gente que hubiera acabado su contrato día 19 de diciembre, cuando las convocatorias salieron el 20 de diciembre, y no estén en servicio activo en el momento de echar la solicitud, se queden fuera del proceso a pesar de que un día antes estaban trabajando», apunta la representante legal de los celadores demandantes, que impugnó las bases de este concurso el pasado 2 de enero.
Desde el Servicio balear de Salud aseguran que no les consta la impugnación de las bases del concurso de estabilización de plazas y confirman que sólo los celadores en activo podrán presentarse, «al igual que todas las categorías de función pública». Salud no ofrece el número de solicitudes de celadores en esta oposición, pese al requerimiento de este diario.
Los profesionales sanitarios y sindicatos asisten a este «circo político» con estupefacción y enfado, ya que consideran que el Ejecutivo de Armengol les ha cambiado las reglas del juego a mitad de partida por intereses políticos y ante la cercanía de las elecciones en mayo.