De cataratas a esterilidad: los efectos que puede originar un tratamiento hormonal en jóvenes para cambiar de sexo

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Érika Montañés

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En los casos más graves, los efectos, señalan en su carta, de los tratamientos supresores de la pubertad mantenidos durante cuatro o más años a niñas y niños «supondrá en la gran mayoría de los casos su esterilidad». No les parece exagerado hablar de castración química al hablar de las consecuencias que tiene en la sexualidad de estos niños en su futuro. También alertan de los riesgos para la salud mental acreditados en otros países, llegando en algunas ocasiones al suicidio.

Las organizaciones españolas se unen de este modo a 539 plataformas y asociaciones de siete países de todo el mundo organizadas en el Frente Feminista Internacional, que piden que «cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas y las mutilaciones de cuerpos sanos a menores que se autodeterminan trans y se dé marcha atrás en las leyes y protocolos que así lo permiten». Según sus datos, el 85% de los menores con algún malestar respecto a su género desisten espontáneamente tras superar la pubertad, pero no hay vuelta atrás si han continuado ese proceso en su organismo.

En la carta recuerdan que en España «también se está prescribiendo hormonación cruzada a menores de edad, lo que puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos». También advierten de que «se están extirpado órganos sanos, también a menores de edad [en alusión a las cirugías reconstructivas], lo cual contraviene el artículo 149.2. del Código Penal«. La carta recoge cómo en varios países de Europa, que hace años eligieron como única opción el tratamiento afirmativo a menores, »se está dando marcha atrás«. En concreto, destacan que Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca »han reconocido que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental, que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes«.

Estos países, según subrayan las organizaciones, «han limitado ese uso a entornos de investigación y priorizan ya el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores». En este punto, recuerdan que los medicamentos prescritos para el tratamiento afirmativo de la disforia de género «no han sido aprobados para ese uso».

En España, según apuntan, la 'ley Trans' y las leyes autonómicas «permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental», una petición que desde agrupaciones como Amanda llevan mucho tiempo solicitando. Como denunció en ABC la plataforma Contra el Borrado, también culpan a las autonomías, puesto que señalan que los protocolos sanitarios de las comunidades «refuerzan la inmediata prescripción de los tratamientos mencionados, partiendo de un 'autodiagnóstico', algo que, comprensiblemente, no sucede con ningún otro tipo de pacientes».

«Como ha sucedido en todos los países en los que se ha impuesto la terapia afirmativa de género, también en España estamos viviendo un aumento exponencial de casos de personas que solicitan tratamiento para modificar la apariencia de su sexo«, agregan. Tal y como publicó este periódico el pasado mes de julio, en las conclusiones de un informe elaborado por Confluencia Movimiento Feminista, el perfil ha Así, las organizaciones explican que, si en un pasado reciente la mayoría eran hombres adultos, «hoy son en el 70% de los casos sobre todo chicas adolescentes las que reclaman cambiar su cuerpo» y que este nuevo perfil se ha identificado como Disforia de Género de Inicio Rápido. Todos los miembros de Amanda (sus hijos o hijas) padecen este trastorno.

Por ello, las organizaciones, que califican esta situación de «escándalo sanitario», piden que el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las comunidades autónomas «tengan en cuenta» los argumentos de las familias, de las asociaciones de mujeres y de todas las sociedades médicas y científicas, incluido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Ante esta situación, piden a los responsables de Sanidad «que tomen medidas urgentes para frenar estos experimentos sobre menores y adolescentes, como ya han hecho otros países» del entorno de España.