Cataluña extiende la inmersión lingüística a asilos y autoescuelas

Entre las intervenciones que proponen en un documento, en el que implican a todas las consejerías y que se plantean para ser ejecutadas en esta legislatura, destaca la de instruir a los profesores en su época de formación para que sean capaces de mantener el catalán no solo dentro del aula sino también en los pasillos y en el patio. Para ello, la Generalitat plantea que los grados y los másteres de formación de los docentes introduzcan, por primera vez, la enseñanza de la inmersión lingüística y la gestión del multilingüismo.

Otras medidas transversales planteadas dentro del ámbito educativo, serán, tal como avanzó este diario el pasado 17 de noviembre, la instauración de unas nuevas pruebas orales para los alumnos de sexto de Educación Primaria y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y la instauración, a partir del curso 2024-2025, como requisito para todos los docentes del nivel C2 de catalán.

Para relanzar el monolingüismo en catalán, el Govern propone también crear autoescuelas en catalán, en las que se ofrezcan facilidades a los alumnos para que puedan obtener todo el material en esta lengua, y extender al ámbito sanitario, uno de los territorios en los que, según el Govern, menos se ha avanzado en la extensión del monolingüismo, el modelo que ya funciona en las escuelas para fomentar el catalán y gestionar la diversidad lingüística. Se empezará con el Hospital Clínic de Barcelona, centro que creará el primer plan de lengua y nombrará a una persona –el referente lingüístico– para que se encargue de la gestión lingüística. El rodillo del catalán también llegará a las residencias de ancianos, donde el conocimiento de la lengua catalana figurará por primera vez como requisito para la contratación de personal y se ofrecerá también formación a los empleados.

En el ámbito de la inmigración, el plan de rescate del Govern insta a que se creen «vínculos emocionales positivos con la lengua catalana por parte de la población emigrada» y en la Justicia, uno de los ámbitos más impermeables a la inmersión, se plantean, entre otras medidas, instaurar complementos económicos para incentivar el uso de la lengua catalana en el turno de oficio.

En el sector del comercio, la Generalitat propone aparcar las sanciones –las conocidas multas lingüísticas por no rotular en catalán–y sustituirlas por cursos de catalán a los empresarios, mientras que en el sector del ocio y el audiovisual se ha resuelto incentivar con más presupuesto los productos audiovisuales (más series y películas) en catalán. Entre los planes expuestos para relazar el catalán, el Govern ha aprobado dotar con 15 millones de euros el proyecto Aina, de inteligencia artifical en catalán, y crear un grupo internacional que proyecte en el exterior el modelo de escuela catalana y la situación lingüística del catalán a escala global. El objetivo de esta campaña, según la Generalitat, es que cualquier ciudadano pueda vivir únicamente en catalán.

«Con esta campaña arranca una nueva etapa de la política lingüística en Cataluña», dijo Aragonès en la presentación oficial de la iniciativa ante los medios, en la que estivo acompañado de la consejera de Cultura, Natàlia Garriga. Esta última recordó que su departamento destina a la Secretaria de Política Lingüística unos 23 millones de euros y que el objetivo es que en los presupuestos de 2023, que el Govern negocia con el PSC, Junts y los comunes, la cifra destinada a estas políticas lingüísticas ascienda a los 30 millones, partida al margen de lo que cada consejería destina individualmente al mismo objetivo. Aragonès recordó que la Generalitat ha burlado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la administración a aplicar el 25 por ciento de castellano en las aulas de toda la comunidad.

El presidente catalán se congratuló ante los medios de haber paralizado la aplicación de la sentencia, cuyo tema de fondo se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera una maniobra al margen de la Constitución. Además de los ámbitos ya citados, las medidas aprobadas también incidirán, entre otros, como el deporte, los centros religiosos, las universidades o el sector agrícola. Cada tres meses, el Govern controlará el cumplimiento de las medidas.