Castilla-La Mancha deriva a Madrid dos de cada tres abortos

Madrid está en el grupo de cabeza en la importación de abortos derivados desde otras comunidades, sobre todo por lo que traslada Castilla-La Mancha. En 2024, hubo 20.883 abortos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 18.081 fueron de mujeres residentes en esta región. El resto, 2.802, se derivó desde otras regiones, el 13,4 por ciento.

Castilla-La Mancha se sitúa en primer lugar, con diferencia, en derivaciones a Madrid. Las mujeres residentes en esta comunidad que abortaron el año pasado fueron 3.579. De ellas, 2.021 lo hicieron en la Comunidad de Madrid, según los datos oficiales que se manejan en el Gobierno regional que preside Ayuso y que atribuyen al Ministerio de Sanidad. Son casi el 60 por ciento de las mujeres residentes en Castilla-La Mancha que deciden acabar con su embarazo. Solo dos mujeres de esta región abortaron en un centro público el año pasado.

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No son datos novedosos en 2024, sino que se repiten desde hace años. Así, las derivaciones de Castilla-La Mancha a Madrid en 2023 fueron 2.046, y en 2022, 1.858. Desde 2019, los casos enviados por aquella región a la madrileña superan los 11.000. Desde la comunidad gobernada por el socialista Emiliano García-Page señalaron que no iban a entrar en una «guerra de cifras» con Madrid, y optaron por no rebatir ninguno de los datos, que según el Gobierno de Ayuso son «oficiales» de Sanidad.

El resto de regiones también deriva abortos a la Comunidad de Madrid, aunque en menor medida. En segundo lugar se encuentra Castilla y León, con 505 mujeres en 2024 y 366 en 2023. Galicia derivó a Madrid 62 abortos el año pasado, mientras que desde el País Vasco también llegaron 36, y desde Cataluña, ocho.

El año pasado, uno de cada cinco abortos en España se hicieron en la Comunidad de Madrid. En todo el país fueron 106.172. En la región madrileña hay más datos significativos: un 37,4 por ciento de las mujeres confiesa abortos previos y un 1,7 por ciento (218 mujeres), cuatro o más.

Tras el anuncio que hizo Sánchez del recurso judicial contra Madrid, la presidenta Ayuso volvió a defender el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y a que no aparezcan en ninguna «lista negra» por no querer practicar abortos, ni tampoco por hacerlo. «Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar según su conciencia», subrayó la presidenta autonómica. Por eso, insistió en que sea un tribunal el que decida si hay que hacer un registro, «y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes».

Al mismo tiempo, cuando Sánchez afirmó que el 99 por ciento de los abortos en Madrid se derivan a clínicas privadas se quedó corto. Según los datos de Sanidad, el dato preciso es el 99,53 por ciento. O dicho al revés: el 0,47 por ciento se realizó en centros públicos. Entre las tres comunidades donde más abortos se ejecutan, Cataluña, Andalucía y Madrid, la primera llega al 55,1 por ciento en centros públicos, mientras que la segunda se queda en un 0,2 por ciento.

Las comunidades que se sitúan a la cabeza en porcentaje de abortos realizados en centros públicos son Cantabria (877 abortos en esos centros, el 88,5 por ciento), Galicia (2.811, el 77 por ciento) y La Rioja (376, el 76,1 por ciento). A la cola estaría Extremadura, con cero abortos en centros públicos. Castilla-La Mancha solo tuvo dos el año pasado en ese tipo de centros (0,06 por ciento). En Asturias, otra comunidad gobernada por el PSOE, como la anterior, hubo 56 abortos en centros públicos (el 2,97 por ciento). En el País Vasco se realizaron 182 en esos centros, el 4,32 por ciento. En total, en nueve comunidades los abortos en la sanidad pública son menos del 10 por ciento.

Con estos datos en la mano, el PP de Ayuso denunció la «obsesión» de Sánchez con Madrid y su presidenta, ya que el jefe del Ejecutivo solo apuntó a esta región por tener el 99 por ciento de abortos en la privada, con esta crítica directa: «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir».

Las ocho comunidades con más porcentaje en la sanidad pública son las ya mencionadas Cantabria, Galicia, La Rioja, seguidas de Navarra (74,83 por ciento), Cataluña (55,14 por ciento), Baleares (45,41 por ciento), Canarias (28,58 por ciento) y Castilla y León (15,46 por ciento).