Una cárcel sin rejas como antesala de la reinserción

Su inauguración se prevé para mediados de 2026, y ABC ha podido acceder a sus instalaciones, cuando las obras encaran ya su recta final. Tras sortear la entrada, el recibidor se divide entre las taquillas, para dejar, entre otros enseres, los móviles –si tienen cámara, su uso está prohibido en el interior para velar por la intimidad del resto de reclusos–; las salas de entrevistas, dónde se recibe a los presos a su llegada; y el control de seguridad, donde se ubican los tornos.

Cada interno contará con una tarjeta personal para moverse por el centro, que también les dará acceso a la taquilla y a la propia habitación, que será compartida. En esa otra planta, la de pernoctar, hay un segundo punto de control, también flanqueado por tornos, y para el control de la seguridad será clave la biometría facial: un tecnología de identificación que analiza las características del rostro de una persona –desde la distancia entre los ojos, hasta la forma de la mandíbula–para verificar así que quien se encuentra en las instalaciones sea el penado en cuestión y evitar que un tercero se pueda hacer pasar por él. «Toda la seguridad se centra en un mismo espacio, desde el que se supervisará quien entra, y luego la videovigilancia de las instalaciones«, explica junto al punto de control Montserrat Llorens, arquitecta y coordinadora de la Subdirección de Patrimonio y Obras del Departamento de Justicia de la Generalitat.

En este centro no habrá talleres, como en una prisión convencional, porque está pensado para que los presos realicen sus actividades en el exterior, «en sus municipios». Sí contarán con educadores, psicólogos, juristas y trabajadores sociales, que les darán una atención individualizada. Así como con el equipo de prevención de recaída en la toxicomanía, en los casos necesarios.

«El mínimo de estancia será de ocho horas, según el plan de cada interno, su trabajo, su familia. Existirá una flexibilidad dependiendo de la casuística de cada uno», detalla Rosa Martínez Casado, responsable de Régimen Abierto de Justicia, que recuerda que el centro de la Zona Franca acogerá a personas en tercer grado penitenciario, es decir, que siguen cumpliendo una pena privativa de libertad, «que vendrán a pernoctar aquí, y que contarán con un equipo de profesionales que harán un seguimiento de su plan de trabajo y que los acompañará en la comunidad». Señala así que el objetivo último es que los internos «aprendan a convivir en sociedad» y que cuando obtengan la libertad definitiva «estén perfectamente integrados». Por tanto, la estancia en la Zona Franca es también parte del cumplimiento de la pena impuesta, con el objetivo de contrarrestar las «situaciones críticas» en las que algunos recursos abandonan las prisiones de régimen ordinario, tras haber idealizado su inminente puesta en libertad. «A veces se reencuentran con una familia que también se ha rehecho, o una situación adversa laboral o a nivel de domicilio. Por tanto, es un momento crítico, en el que los profesionales tienen que reforzar el acompañamiento para que la persona salga adelante», precisa Martínez, ya que el objetivo es la reinserción.

Las instalaciones de este nuevo espacio están pensadas para ello, para «empujarlos a que hagan su vida fuera», conscientes de que la salida al exterior es «vertiginosa», y evitar su reincidencia, precisa la profesional penitenciaria, por eso es de vital importancia, recalca, esta «transición».

Hay algunas tipologías delictivas excluidas del paso por estos centros, como son las violencias de género y sexuales así como «ciertos delitos económicos». Aunque es la herramienta de evaluación del riesgo de la junta de tratamiento la que determina si el preso está preparado para ese avance. Una vez el interno cuenta con luz verde, se le diseña un plan individual de tratamiento, en el que no sólo se fija un horario, sino que también se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos fijados. Por ejemplo, que acuda a su centro de trabajo, en el que no tiene la obligación de revelar que cumple condena, aunque sí se le «recomienda» que lo haga, precisan desde Justicia. También que sea un puesto «regular, correcto y adecuado» a su situación –por ejemplo, en casos de toxicomanía o adaptado a su salud mental–, o que los reclusos completen su formación en una escuela para adultos en caso de que no cuenten con la ESO, para poder así facilitar su posterior inserción laboral. De media, la estancia en régimen semilibertad es de unos tres años, indican desde el Departamento.

A través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), sólo durante 2024, se suscribieron 1.115 contratos de trabajo para internos que cumplen sus penas en Cataluña.

«A fin de cuentas, el centro abierto es una segunda oportunidad que se da a estas personas. Una segunda oportunidad que los datos avalan, ya que entre quienes pasan una parte importante del cumplimiento de condena en estos espacios las posibilidades de reinserción aumentan, y por tanto, la reincidencia disminuye sustancialmente, sólo por eso ganamos todos», precisa Rosa Martínez.

Y es que según los últimos datos disponibles, de 2020, la tasa de reincidencia en Cataluña entre las personas que han pasado por el medio abierto es doce puntos más baja que la media global. Concretamente, los excarcelados en tercer grado presentan una tasa del 10 por ciento, lo que quiere decir que una de cada diez personas que salen en libertad desde esta modalidad de régimen abierto no vuelve a delinquir.

Según el citado informe del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), el perfil del multirreincidente entre los presos excarcelados es de los que han perpetrado robos (en el 56 por ciento de los casos); no suelen disfrutar de permisos durante el cumplimiento de la pena y además obtienen la libertad definitiva directamente desde su estancia en régimen cerrado. Por eso la apuesta de Justicia es su salida escalonada al tercer grado y su acercamiento progresivo al medio al que tienen que volver. «Hay internos que tienen muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad. Algunos incluso piden volver a un centro cerrado, o pretenden que el centro abierto sea su domicilio, pero nuestro objetivo es empujarlos a que se reinserten en el medio. Porque a fin de cuentas, cuando llegue la libertad definitiva, serán un ciudadano más, con los derechos y obligaciones de todos», constata Martínez.

Por eso el Govern apuesta por aumentar las plazas en centros abiertos –este acogerá a reclusos que actualmente se encuentran en Wad-Ras y Trinitat Vella– y también en las denominadas unidades dependientes –viviendas fuera del recinto penitenciario–, para reclusos en tercer grado.

En el caso del espacio «amable» de la Zona Franca, son 13.000 metros cuadrados, que albergan dos módulos simétricos e independientes con 200 habitaciones en total. En cada una de ellas, dos literas, un pequeño espacio para dejar la ropa y una mesita con su correspondiente silla. Todos los muebles han sido construidos por los propios presos en el CIRE. En cada planta cuentan con lavabos comunes, aunque existen 16 habitaciones individuales, con baño, pensadas para personas con movilidad reducida o de edad avanzada. «Los presos sin apoyo externo pueden pasar aquí las 24 horas, pero no está pensado para eso», precisa la responsable de Régimen Abierto, para detallar que un 20 por ciento de los internos no cuenta con apoyo exterior, y es probable que no abandone el centro los fines de semana, haciendo vida en su interior. Por ese motivo, también sábados y domingos se mantendrán todos los servicios, incluyendo el de comedor.

En cuanto al ocio, contarán también con salas de 'juegos' –cartas o ajedrez–, así como una biblioteca y cuarto de la televisión. Y en su proceso de reinserción será fundamental el papel del equipo de entidades y voluntariado, que también colabora con Justicia, recalca Martínez.

«El trabajo importante del equipo de un centro abierto justamente está en el exterior, porque la idea es que los presos aprendan a hacer un uso correcto y social de la comunidad. Ese es el objetivo», defiende.