Belarra crea una estrategia para eliminar «patrones adultocéntricos» en menores de edad

Mucho ha llovido desde entonces, pero una frase algo parecida se escucha de nuevo dentro del Gobierno de coalición. Aquel día la declaración salía de la boca de una ministra del PSOE, que casualmente era acompañada en aquella rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por una recién estrenada ministra de Podemos, Irene Montero.

Hoy es otra compañera de partido, Ione Belarra, la que vuelve a cargar contra los padres. La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha preparado la 'Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia' para los próximos siete años (2023-2030) en la que carga contra lo que la secretria general de Podemos llama «patrones adultocéntricos» que sufren «todas las personas menores de edad de todos los géneros».

Así, el «enfoque de género y LGTBIQ+» de la mencionada estrategia «permite analizar, visibilizar las diversidades de género en la infancia y adolescencia y, por tanto, defendiendo la diversidad de todas las personas menores de edad de todos los géneros, enfrentando las desigualdades derivadas de patrones patriarcales y adultocéntricos, que reproducen y justifican las violencias sufridas por los menores de edad». El texto, al que ha tenido acceso este periódico, continúa diciendo que este enfoque de género y LGTBIQ+ «debe utilizarse de forma sistemática en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, medidas normativas y programas presupuestarios, con el objetivo de promover la igualdad entre todos los géneros y combatir la discriminación; lo que se conoce como la transversalización del enfoque de género, recogida en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres».

Aparte de este enfoque hay otros cuatro (enfoque de interculturalidad, de discapacidad, medioambiental y de derechos de la infancia) que se complementan con los cinco principios rectores que guían toda la estrategia de Belarra, y que son los siguientes: «Las niñas, niños y adolescentes son sujetos activos de derechos»; «El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo pleno o integral»; «El interés superior de las personas menores de edad»; el «Principio de igualdad y no discriminación» y el de «Participación».

Sobre estos parámetros la estrategia defiende ocho áreas sobre las que el ministerio considera necesario actuar o en las que ya se está actuando con leyes como la Lomloe, más conocida como 'ley Celaá'; la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia o incluso la ley del 'sólo sí es sí'.

En resumen, la estrategia viene a ser un catálogo en el que se enumera lo que se está haciendo bien gracias a las leyes del Gobierno o lo que aún queda por acometer. Así, destacan, en un documento de más de 90 páginas, «la promoción del asociacionismo no formal como una herramienta clave de educación para la participación»; la educación en «el reconocimiento de la diversidad sexual y de género»; la admisión del alumnado en centros públicos y concertados atendiendo «a una adecuada distribución del alumnado con necesidad de apoyo educativo y evitando la segregación por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza».

Esto último o la extensión del primer ciclo de educación infantil a través de una «oferta pública suficiente» han sido algunas de las grandes críticas que la concertada le ha hecho a la Lomloe, que acaba de ser avalada íntegramente por el Tribunal Constitucional. En el primer caso porque consideran que se restringen los derechos de los padres a elegir el tipo de centro que quieren para sus hijos así como la puesta en práctica de procesos centralizados unilaterales en manos de las consejerías. En el segundo caso, abrir solo plazas públicas desde los primeros años de vida supone un agravio para la concertada porque los niños ya se quedan en el centro de origen y las posibilidades de cambiar de colegio disminuyen.

Pero la estrategia va mucho más allá de la parte educativa. También se aborda la lucha contra la pobreza y la exclusión social; la atención temprana; la alimentación y los trastornos de conducta alimentaria; la salud mental; las adicciones por sustancias psicoactivas o las adicciones sin sustancia o comportamentales; el problema de vivir rodeado de ruido o contaminación atmosférica, o incluso el acceso a una vivienda adecuada. En línea con la estrategia electoral enmarcada en la nueva ley de vivienda, dicen: «Contar con una vivienda adecuada es un requisito para la garantía del derecho de todo niño, niña o adolescente a un nivel de vida idóneo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, tal y como establecen diversos instrumentos europeos e internacionales (art. 27 CDN, ODS 1, GIE, etc.) A pesar de ello, muchas familias no pueden asumir el coste de la vivienda o de asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad en nuestro país, siendo la vivienda un factor de empobrecimiento o de exclusión social».

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dedica también buena parte del documento a la necesidad de «profundizar en la ciudadanía activa de la infancia como parte de una sociedad democrática». Así, aparte del mencionado asociacionismo, destacan la necesidad de «incrementar la percepción social de que los niños y niñas son ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos, con criterio propio», así como la importancia de «mejorar y aumentar en número los procesos de participación institucional de la infancia y la adolescencia en todos los niveles administrativos».

El texto, que no dedica una sola cifra para decir cuánto costará, alude también a la infancia migrante y, en concreto, a los casos en que los padres están en una situación irregular en España. «De acuerdo con el Plan de Acción Estatal para la implementación de la GIE [Garantía Infantil Europea] en España, es un compromiso asignar un número de identidad a todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en España, sin importar la situación administrativa de sus progenitores, favoreciendo así que la infancia migrante tenga los mismos derechos que la infancia autóctona».