Baleares quita el concierto al único colegio que separa por sexos aunque éste se abre a la educación mixta

La Consejería de Educación ha anunciado que dejará de sufragar 29 unidades de este centro, lo que implica dejar en el aire la educación de más de 700 alumnos que estudian en las etapas desde Infantil a Bachillerato. El Ejecutivo justifica esta medida en la aplicación de la Lomloe, más conocida como 'ley Celaá', que prohíbe concertar unidades en centros que segreguen por sexo. Una normativa que fue avalada la semana pasada por el Tribunal Constitucional, que consideró que no «todos los modelos educativos han de recibir ayudas», ni existe «un derecho subjetivo a la prestación pública».

El Govern balear pone como condición para mantener el concierto que Aixa y Llaüt haga aulas mixtas en todos los cursos de golpe ya a partir del próximo curso escolar. De no ser así, quitará los fondos públicos a todos los cursos, incluso en Infantil donde la educación ya es mixta.

Desde la dirección del centro piden una progresividad, a la vez que se comprometen a acatar la Lomloe y a empezar a escolarizar a los alumnos en aulas mixtas gradualmente. Exponen que las familias escogieron un modelo –de educación diferenciada– y que es su obligación defender sus derechos. Por tanto, propone empezar ya el próximo curso en 1º de Primaria, con unos 50 alumnos. Pero Educación no da su brazo a torcer y, tras consultarlo con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, lo considera inviable. Padres y profesores de este centro están preocupados y aseguran que no ha habido un ataque «tan agresivo» por parte de la Administración nunca antes, «pese a los muchos que ha habido».

La guerra entre el departamento de Educación, comandado por el PSOE, y Aixa y Llaüt, centros vinculados al Opus Dei, se remonta a 2015, cuando PSOE, Podemos y los nacionalista de Més formaron el gobierno tripartito. Desde entonces se les ha negado reiteradamente los conciertos, a pesar de que contaban con el aval de la Justicia. Ahora, sin embargo, la postura del TC supone un cambio de criterio y una estocada final para este colegio. Un fallo que llega, además, en pleno proceso de planificación de los conciertos en Baleares, ya que los que había vigentes desde el curso 2017-18 se tienen que renovar. La Consejería de Educación reitera que Aixa y Llaüt incumplen el «principio de coeducación» en todas las etapas educativas establecido en la nueva ley educativa. El Ejecutivo de Armengol mantiene un conflicto con la educación concertada, a la que se ha cuestionado constantemente, pese a que escolariza a cerca del 30% de los alumnos en Baleares.

Especialmente hostil ha sido Podemos, que durante estas dos legislaturas ha reclamado la eliminación de los conciertos, empezando por bachillerato, para «proteger a la pública». Ahora, consumida la segunda legislatura y a un mes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el Govern balear prepara el mayor recorte de conciertos en la red concertada mientras oculta el número de plazas en la pública. Su previsión es cerrar aulas de alumnos de 3 años en 19 colegios, a los que se suman otros 29 de Aixa y Llaüt. Argumenta la bajada de natalidad que trajo la pandemia y posteriores años de crisis económica.

Desde el curso 2017-18 hasta el curso 2022-23 los centros concertados han perdido 2.285 alumnos en las etapas de educación Infantil y Primaria. Actualmente hay 2.108 unidades concertadas y de este total, las 19 afectadas por falta de alumnos representan el 0,9%, minimizan desde Educación, que destaca que aun así el presupuesto de concertada se incrementa más de 1 millón de euros para el curso 23-24. Este curso se deben escolarizar aquellos alumnos que nacieron el año 2020, marcado por el confinamiento y la pérdida de puestos de trabajo.

Escola Catòlica, la patronal que representa a buena parte de colegios concertados de Baleares, critica que Educación quiera reducir la ratio máxima de los centros –sin tocar la mínima, pese al acusado descenso de la natalidad–, no estando prevista una medida similar en la enseñanza pública, «lo que supone que la red concertada tenga que pagar en solitario las consecuencias de una cifra de nacimientos extraordinariamente baja como resultado de la pandemia».

La Consejería de Educación ha anunciado, sin ofrecer detalles, una paralela reducción de aulas a la enseñanza pública, pero no ha querido facilitar en ningún momento ni el número de unidades que se cerrarán en esta red, ni los alumnos que han perdida la enseñanza pública en los últimos años, ni los profesorado público que el Gobierno se verá obligado a despedir por este motivo, alegando que estos datos no son de su incumbencia. Este ocultismo genera suspicacias entre el sector concertado, que afronta con desconfianza todo el proceso de negociación, que se cerrará en el mes de septiembre, tras las elecciones.