Baleares dará una «respuesta política» si la justicia le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano

March, cargo electo del PSOE, no se da por aludido respecto de la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que el 25% de las clases en Cataluña deben ofrecerse obligatoriamente en castellano. La sentencia corroboraba una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en diciembre de 2020 impuso este porcentaje mínimo como obligatorio en los colegios e institutos catalanes, y, por extensión aplicable en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales como Baleares. Pese a todo, el conseller matiza que «una cosa es lo que pasa en Cataluña y otra lo que pasa aquí».

El conseller ha ido más lejos dejando caer que en caso de que haya alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) -de momento, hay cinco denuncias de familias interpuestas ante la justicia balear- dará una «repuesta política», dejando entrever que actuará al igual que ha hecho el Gobierno catalán para burlar a la justicia.

Según March, «en el caso hipótetico de que el TSJB haga una respuesta sobre este tema, la Conselleria de Educación hará una respuesta judicial y una respuesta política. Estamos en contacto con la Abogacía de la Comunidad Autónoma pero nuestra respuesta será política y será defender nuestro modelo lingüístico escolar».

Tanto es así que el Ejecutivo de Armengol ha blindado su modelo lingüístico con la nueva ley educativa, que por primera vez entra en vigor este curso. La nueva normativa no reconoce el español como lengua vehicular de enseñanza ni establece un porcentaje mínimo de clases en castellano mientras que obliga a hacer al menos el 50% en catalán. Al no establecer un tope máximo, permite que los centros impongan el 100% de las clases en lengua catalana y apliquen una una inmersión lingüística de facto.

«Nosotros respetamos siempre lo que hace cada consejo escolar, que aprueba el proyecto lingüístico en el marco de la legislación de Baleares, antes el Decreto de Mínimos y ahora la ley de educación balear que marca un 50% mínimo de catalán», ha explicado March. También ha reconocido que la Inspección Educativa «lo único que mira es si los centros educativos han hecho su proyecto de acuerdo a lo que marca la normativa vigente», sin garantizar el uso del castellano, totalmente residual.

El conseller ha mostrado su preocupación por que los «datos dicen que los alumnos tienen más competencias orales en castellano que en catalán» y que «no quiere alumnos monolingües sino plurilingües».

Como ha ido informando ABC, la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor y Sociedad Civil Balear llevaron a cabo una campaña de información a las puertas de los colegios durante los meses de febrero y marzo de 2022, a través de la cual 135 familias interpusieron reclamaciones de enseñanza en español por vía administrativa, tanto ante el director del instituto como ante la Conselleria de Educación, y otros 300 padres solicitaron ayuda para hacer una reclamación.

«La mayor parte de las familias no entienden que en Baleares no se impartan clases en los dos idiomas oficiales y que los alumnos reciban clases exclusivamente en catalán, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo donde además de la lengua oficial del estado existen lenguas regionales», denunciaron ambas entidades, que lamentaron las trabas y presiones que sufren los progenitores y niños cuando reclaman sus derechos lingüísticos.

Según un estudio de PLIS, en el 93% de los centros de infantil de las islas, el castellano no existe; y en el 80% de los de primaria, queda reducido a la asignatura de Lengua Castellana, exactamente lo mismo que la lengua extranjera. Las cifras dejan en evidencia a Armengol, que niega que haya inmersión lingüística en Baleares.

La dirigente socialista y sus socios de izquierda radical y los nacionalistas acaban de blindar este modelo de escuela 100% en catalán con su ley educativa, que no garantiza la enseñanza en español ni que ésta sea lengua vehicular en las aulas. El Ejecutivo lo deja en manos de los colegios, que ya aplican una inmersión lingüística de facto, aprovechando que la normativa no marca un máximo de horas.

PLIS y SCB confían en que la justicia compruebe que el modelo lingüístico de Baleares, que admite por ley un porcentaje mínimo de enseñanzas en catalán (50%), y que ha desembocado en que casi todos los proyectos lingüísticos de Baleares hayan aprobado una inmersión en catalán al 100%, debe compatibilizarse con el porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido recientemente en el caso de un colegio catalán de Canet.