Así son las ayudas que prepara el Gobierno para las víctimas de violencia sexual

Por violencia sexual la ley del 'solo sí es sí' reconoce «los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital». Incluye así, además de la agresión sexual, otras formas como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. La norma recalca además que «se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos».

La condición de víctima para acceder a la ayuda se acreditará o por vía judicial, a través de una sentencia o resolución judicial que establezca medidas de protección a favor de la víctima, o a través de un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Este decreto modifica además otro para ampliar a estos supuestos de acreditación las ayudas dirigidas a las víctimas de violencia de género.

Así, las víctimas de violencia sexual recibirán el equivalente a seis meses de subsidio por desempleo (480 euros mensuales), aunque la ayuda podrá prorrogarse una vez siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde la concesión. La prestación, además, podrá realizarse en un único pago o dividido en seis. Hay supuestos, además, en los que la cuantía aumenta, como cuando la víctima tenga reconocida una discapacidad superior al 33 por ciento, que obtendrá la cantidad equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

En el caso en que la persona beneficiaria tenga personas a su cargo también será superior: desde diez meses si tiene una persona a su cargo hasta 18 o meses si tiene tres o más. Si ella misma o una de esas personas tiene al menos un 33% de discapacidad la cuantía se ampliará hasta el equivalente a 24 meses del subsidio por desempleo, es decir, 11.520 euros.

La ayuda se podrá pedir en un plazo de cinco años desde que se acredite la condición de víctima, ya sea mediante resolución judicial firme o a través de los informes de los organismos anteriormente mencionados. En el caso de las menores de edad, aunque se hubiera acreditado la condición de víctima antes de cumplir los 18 años, si no se hubiera solicitado la ayuda en ese momento podrá hacerse hasta cinco años después de haber llegado a la mayoría de edad. Podrán acceder a ella las personas menores de edad que dependan económicamente de un núcleo familiar cuando el cómputo mensual de las rentas no sea superior al doble del salario mínimo interprofesional.

El proyecto de Real Decreto -que puede sufrir todavía modificaciones hasta que llegue al Consejo de Ministros- asienta que una misma víctima puede ser beneficiaria de la prestación varias veces si vuelve a sufrir violencia sexual. Pero deberá seguir cumpliendo el requisito de carencia de renta, independientemente de cuánto tiempo pase entre un hecho y otro.

En esta línea, la ayuda será compatible con otras que se puedan estar recibiendo, como las indemnizaciones que establezcan los jueces, prestaciones por desempleo o el ingreso mínimo vital, entre otros. Sin embargo, cuando un mismo hecho dé a la persona denunciante tanto la condición de víctima de violencia de género como de violencia sexual, deberá acogerse únicamente a una de las ayudas.

Según la memoria del análisis del impacto normativo, el decreto supondrá un coste de 8.820.773,81 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En su tramitación participan, además del Ministerio de Igualdad, otros con competencias en las materias que se desarrollan, como Hacienda, Justicia, Seguridad Social, Trabajo y Derechos Sociales. También se recabarán informes de las comunidades autónomas o del Consejo Económico y Social, entre otros.