Denuncian que las autorizaciones para investigación en las minas «encubren labores de explotación»

En concreto, la mercantil habla de un «fraude de ley al encubrir labores de explotación bajo el paraguas de un permiso de investigación» y argumentan que de las distintas variedades de mineral necesarias para obtener grafito, «ninguna está presente en el yacimiento de Cerredo«. En este sentido, la denuncia subraya que »lo que se está haciendo en Cerredo es lisa y llanamente una explotación de carbón, sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina y cuyo destino es la venta del carbón —el grano para calefacciones—, que es el mercado que conoce desde siempre Jesús Manuel Rodríguez Morán en su carbonería de Villabalter (León), y el menudo —tras mezclarlo con carbones— para otros usos industriales«.

Así, la denunciante identifica de forma directa al empresario que está detrás de la reapertura de Cerredo, y quien tuvo la titularidad de la mina hasta febrero de este año, cuando su empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, comunicó al Ayuntamiento de Degaña el traspaso a Blue Solving, una sociedad que tiene como administrador único a su hijo, Adrián Rodríguez. Antes de ese traspaso, Jesús Manuel Rodríguez Morán ya había estado envuelto en sospechas por extracciones ilegales, y la investigación posterior del accidente que se produjo en las pistas exteriores de la mina en 2022, en el que falleció el conductor de un camión, ya señalaba «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada».

En una ampliación de la denuncia, la empresa Promining, vinculada al empresario carbonero Victorino Alonso, que fue dueño de la explotación en el pasado, por lo que conoce bien las instalaciones, también señalan que los trabajadores tuvieron que recorrer 678 metros hasta llegar a la capa donde presuntamente se produjo el siniestro. Al parecer, se trata de la capa Z de la galería denominada 'Anita', en el tercer piso de la explotación. Es «una de las vetas que más grisú produce y de forma muy rápida, yo tuve mareos muchas veces», explica a ABC un minero que trabajó allí antes de su cierre.

Se da la circunstancia de que el empresario denunciante, Victorino Alonso —conocido como Don Vito en la zona— también ha sido acusado de comerciar de forma ilegal con el carbón en sus explotaciones, e incluso está condenado a penas de prisión por delitos medioambientales. En la práctica, este tipo de denuncias acaban desvelando una guerra entre empresas concesionarias y, sobre todo, el hecho de que los permisos para investigación o mantenimiento en las minas supone en ocasiones una forma encubierta para volver a explotarlas. El carbón de las minas de esta zona tiene una gran calidad y, a un precio medio de 500 euros por tonelada, es muy apreciado por quienes todavía mantienen estos sistemas de calefacción. La denuncia también plantea que el carbón se está suministrando a la acería de ArcelorMittal.

Una situación a la que las administraciones públicas parecen resultar ajenas, pese a las denuncias y las evidencias de los últimos años. La consejera de Transición Ecológica del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, reconocía el viernes que «tenemos indicios de irregularidades, lo vamos a decir así, hay indicios de irregularidades en el caso Blue Solving«, pese a que anteriormente se había realizado una inspección en la mina, en la que todo resultó correcto.

Ingeniera de minas y con familiares directos trabajando en el sector, Díaz conoce bien la situación de Cerredo, pues cuando se produjo el accidente de 2022 era directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado. Algunas fuentes también la sitúan en una reunión de distintas administraciones con Jesús Manuel Rodríguez, en la que se decidió el traspaso de la mina entre las empresas de la misma familia. Según han publicado algunos medios estos días, en 2023 también llegó a la dirección general de Belarmina Díaz un correo anónimo acompañado con imágenes y vídeos que denunciaba la extracción ilegal de carbón en la mina.

Sin embargo, ahora Díaz sí que habla de «indicios de irregularidades» en la mina, tras los primeros análisis el día del accidente. Unas anomalías que también reconoció el viernes la vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, quien afirmó a los medios que «existen evidencias de que la empresa pudo haber incurrido en alguna cuestión«.

Por parte de la administración estatal, en junio de 2024 la empresa Blue Solving recibió una subvención de 927.668,78 euros del Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entonces la responsable de conceder esas ayudas era la actual ministra Sara Aagesen, quien firmaba la resolución. Una subvención casi millonaria para una empresa fundada apenas dos años antes y con el capital social mínimo exigido por la ley de 3.000 euros. Según la resolución tenía entonces sólo un empleando y se comprometía a crear 18 empleos más gracias a la subvención.

El fondo estaba destinado a la puesta en marcha de una planta de valorización de subproductos de la construcción y escombros. Por aquellos días, en una entrevista concedida a la Radio del Principado de Asturias (RPA), el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, explicaba que la empresa «aún se encontraba en fase de acondicionamiento de las instalaciones».

Tras publicar la información, fuentes del MITECO especificaron a ABC que el Instituto para la Transición Justa «no financia la extracción minera». En concreto, la subvención que recibió la empresa Blue Solving estaba destinada a «la recuperación de antiguas instalaciones y para la recuperación y valorización de materiales estratégicos a partir de subproductos minerales, incluida una zona de almacenamiento», según las mismas fuentes. «En ningún caso para la actividad extractiva», matizaron.

Por otro lado, las mismas fuentes han especificado que «todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa, tanto ambiental como laboral, y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes, entre las que no se encuentra el MITECO». Según ha podido conocer ABC, la empresa Blue Solving todavía no ha cobrado la subvención recibida, pues todavía se encuentra en período de ejecución, que finaliza el 31 de marzo de 2026, y pendiente de la justificación de los gastos a través de las facturas.

En la misma resolución también se concedía una subvención de 619.732,75 euros a Combustibles Asturiana y Leonesa SLU, la anterior titular de la mina de Cerredo, regentada por el Rodríguez Morán, también ubicada en Degaña. En concreto, se subvenciona la «instalación de una planta de fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial», otra actividad relacionada con el carbón. Según la resolución, la empresa se encuentra ubicada también en Degaña y cuenta con 15,16 empleados y se compromete a contratar a cuatro más. En definitiva, más de millón y medio de subvenciones estatales para el entramado de empresas que se encuentra detrás de la mina de Cerredo.