Asociaciones de la dependencia lamentan que la nueva reforma de la ley es «papel mojado» y genera «falsas expectativas»

«Esto es papel mojado porque la financiación no se ha tocado en la reforma y genera unas expectativas falsas que van a crear más frustración, sobre todo, en las personas en situación de dependencia, sus familiares y en las cuidadoras no profesionales, una angustia de un anuncio que no les va a llegar«, ha advertido el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, es «una desfachatez terrible» y una «falta de respeto a las personas en situación de dependencia».

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Además, ha criticado que el ministro ha «atacado al mensajero» al desmentir categóricamente que se hayan congelado los fondos para la dependencia« y al corregir los datos de la lista de espera de dependencia que ofreció este lunes la Asociación de Directoras y Gerentes. »Este ataque al mensajero es de una poca vergüenza tremenda«, ha lamentado Ramírez.

En concreto, sobre el limbo de la dependencia, el presidente de la asociación ha insistido en que hay 270.325 las personas en las listas de espera de la dependencia frente a las 193.745 que dice el Gobierno. En concreto, Ramírez ha explicado que hay que tener en cuenta a las «127.879 que están a la espera de valoración», a las «118.333 que están a la espera de que se les elabore el Programa Individual de Atención (PIA)» y a las «24.513 con resolución del PIA pero que no reciben la prestación».

En cuanto a la financiación, Ramírez ha precisado que la financiación de la ley de dependencia es capitativa. «Si hay un incremento del número de personas atendidas por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el Ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones. Pero el ministro sabe que el incremento anual en los presupuestos de 2024 se paralizó al no haberse aprobado los presupuestos generales del Estado. Ahora lo ha incrementado en 185 millones de euros porque es una obligación», ha subrayado.ç

Además, ha añadido que el porcentaje de financiación del Gobierno de España sobre el gasto de dependencia es «del 28,6%, que está muy lejos de la financiación del 50%».

Por su parte, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) ha reconocido como «un avance necesario» la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia pero ha alertado del «incumplimiento de cuestiones recogidas en la actual normativa que vulneran los derechos de los colectivos a los que se pretende proteger» y mostrado sus «reservas acerca de que su efectividad vaya más allá del papel si no hay una dotación presupuestaria suficiente».

«Sin los recursos económicos necesarios, las medidas anunciadas no podrán implementarse de manera efectiva, perpetuando las deficiencias actuales del sistema», ha advertido el Ceddd en un comunicado.

Además, aunque ha dado «la bienvenida» a medidas anunciadas como la eliminación de la incompatibilidad de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, y el reconocimiento de cuidadores del entorno relacional, el Ceddd teme que «consecuencias negativas para el tejido residencial, al basarse en la premisa de la desinstitucionalización de las personas dependientes, con el objetivo de sacarlas de entornos que se han llegado a calificar de aislantes y segregadores».

En este sentido, Ceddd reconoce como «válidos» todos los formatos y modelos de atención a la persona dependiente, «siempre y cuando respondan a sus necesidades, garanticen su bienestar y pongan a la persona y sus decisiones en el centro».

En cuanto a las «deficiencias» de la ley de 2006, que recientemente ha cumplido 18 años, el Consejo ha recordado que, desde su aprobación, «aproximadamente 900.000 personas han fallecido mientras estaban en lista de espera para recibir las prestaciones a las que tenían derecho, lo que equivale a una persona cada 16 minutos».

Además, ha lamentado que en el año 2024, más de 35.000 personas en situación de dependencia murieron sin haber podido acceder a las prestaciones reconocidas por la ley o que el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia se sitúa en casi un año, unas cifras que, a su juicio, «reflejan una realidad alarmante que requiere una intervención urgente».

Por ello, ha insistido en que para que las reformas propuestas sean efectivas y se traduzcan en mejoras reales en la vida de las personas dependientes y sus familias, «es imprescindible que vengan acompañadas de una financiación suficiente y sostenida en el tiempo».

Así, Ceddd ha reiterado su petición de un pacto de Estado en el que se incluyan mínimos en prestaciones y ayudas «para que nacer en una comunidad autónoma u otra no signifique discriminación territorial».

Además, ha valorado que la reforma de la ley de discapacidad incluya la obligatoriedad de cumplir con la accesibilidad universal y que contemple la creación del Fondo Estatal de la Promoción Accesibilidad Universal, y ha solicitado «ser miembro de dicho foro para poder seguir defendiendo los derechos de sus representados».