El arzobispo de Burgos presenta una demanda de desahucio a las nueve exclarisas de Belorado

La demanda es consecuencia de la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las diez religiosas cismáticas declarada por la archidiócesis de Burgos el pasado 22 de junio, «tras la investigación previa canónica, y tras agotar los recursos que les invitaban a reconsiderar su salida de la Iglesia católica», según la nota hecha pública por la diócesis. «A partir de ese momento, dichas exreligiosas carecen de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban», añaden.

En la misma nota también explican que «después de un período prudencial de espera, comprobado que no ha habido ningún intento de reconsideración por parte de las exreligiosas, los servicios jurídicos han procedido a interponer la demanda correspondiente ante el Juzgado de Briviesca».

Comienza un largo procedimiento de desahucio, que habitualmente dura «no menos de nueve meses», pero que en este caso, según los expertos consultados por ABC, podría prolongarse «hasta dos o tres años», dada su complejidad. Una circunstancia que, conocida desde el arzobispado, les ha llevado a actuar con extrema «paciencia y prudencia» y afinar al máximo posible la demanda, antes de ser presentada.

En ese sentido hay que entender el informe de vulnerabilidad que el arzobispado de Burgos solicitó al Centro de Atención Social (CEAS) de Belorado a principios de verano, y de cuyos resultados ya dispone desde finales de julio. A mediados de julio, la trabajadora social de Belorado pudo acceder al monasterio y entrevistarse con las 15 mujeres que entonces vivían allí. Hay que recordar que hace unas semanas la que fuera vicaría general, conocida como sor Paz cuando estaba en la vida religiosa, abandonó el cenobio por «desavenencias» con la exabadesa.

En el escrito de citación que cada una de las diez exreligiosas ya se les explicaba que el departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos había recibido «la petición de informes sobre vulnerabilidad económica sobre usted, dentro de un procedimiento judicial que tiene como finalidad el desahucio de su vivienda habitual». Una particularidad que no especificaban las citaciones de las otras cinco religiosas que habitan en el convento, las más mayores, que no han secundado el cisma y, por tanto, no han sido excomulgadas y constituyen en este momento la legítima comunidad de clarisas de Belorado.

Por contra, las cinco más mayores están ya jubiladas, tienen una alta edad -una de ellas ronda los 100 años- y tienen problemas de movilidad e inclusos síntomas de demencia senil por lo que tienen «un alto grado de dependencia». En la nota del arzobispado se recuerda que la comisión gestora «manifiesta su preocupación por el estado de salud y el cuidado de las cinco hermanas mayores, que conforman la comunidad monástica, y está preparada para atender cuanto antes todas las necesidades que precisen, con la colaboración de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de sus familiares».

La circunstancias que recogen los informes podrían favorecer, según los expertos consultados por este diario, el expediente de desahucio, dirigido a las nueve excomulgadas que permanecen en el monasterio, precisamente las menos vulnerables en lo económico. Sin embargo, también explican que es muy posible que las exreligiosas traten de frenar o ralentizar el desahucio con un procedimiento de usucapión, alegando que han estado ocupando el inmueble con permiso del propietario durante años, en algunos casos, como el de la exabadesa, cerca de dos décadas.

Sin embargo, el argumento sería endeble pues han ocupado legítimamente el monasterio -que pertenece a la comunidad de religiosas de Belorado- mientras han sido clarisas. Técnicamente sólo pasaron a ser okupas en el momento en que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa, el pasado 22 de junio. Desde ese momento, la comisión gestora les ha pedido que abandonen el convento, al no pertenecer ya a la comunidad de clarisas.Con todos estos condicionantes, el juzgado de primera instancia de lo civil de Briviesca tras recibir la demanda, procederá en los próximos días a pedir un informe sobre las ocupantes del edificio a la autoridad policial competente, en este caso la Guardia Civil. Así, después de constatar que realmente las demandadas viven en el edificio y las condiciones en que se encuentran, comenzará el procedimiento.

En el caso de que se llegue a una sentencia estimatoria el juez decidirá la fecha del lanzamiento y se les notificará a las implicadas de forma fehaciente y con plazo suficiente. En esos días, podrían retirar sus bienes y abandonar voluntariamente el edificio. De no ser así, llegado el día designado para el lanzamiento, se personarían en el monasterio de Belorado el letrado de la administración de Justicia, el procurador y la Guardia Civil. Esta última sólo en el caso de que se prevea que la acción pueda ser conflictiva.

La nota del arzobispado también explica que «en este tiempo de espera, se ha tenido conocimiento de la denegación de la inscripción en el oportuno registro del Ministerio del Interior de las asociaciones que las exreligiosas habían creado con las que pretendían transformar las entidades jurídicas canónicas de los monasterios en asociaciones civiles, algo que es jurídicamente inviable».