Arranca el primer juicio en España por rezar frente a una clínica abortista
El juzgado de lo penal nº1 de Vitoria toma declaración a 21 personas que se concentraban en 2022 frente a una clínica de la capital alavesa
Una clínica que practica abortos en Vitoria pide amparo a la justicia ante la negativa de la Ertzaintza a intervenir en concentraciones provida
Bilbao
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Iniciar sesiónEste lunes dio comienzo en Vitoria el primer juicio en España relacionado con concentraciones de grupos provida frente a clínicas abortistas. El juzgado de lo penal nº1 de de la capital alavesa toma declaración esta semana a diversos testigos y 21 personas acusadas de ... presuntas coacciones, que empezaron a concentrarse en septiembre de 2022 para rezar frente a la clínica Askabide en la ciudad, donde presta este tipo de servicio. La de esta mercantil se trata de la primera denuncia que trascendió después de la reforma del Código Penal impulsada en abril de ese mismo año por el PSOE, para «penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo».
Como informó entonces ABC, fue a finales de septiembre de 2022 cuando un grupo de personas empezó a manifestarse frente a este centro privado portando carteles en los que podía leerse «no estás sola, estamos aquí para ayudarte». Los responsables de Askabide acudieron entonces a la Ertzaintza, denunciando que se estaba violando la ley en referencia a la reforma mencionada del Código Penal, que había entrado en vigor el 13 de abril de 2022. Concretamente, la Ley Orgánica 4/2022, aprobada por la mayoría del Congreso a excepción de PP y Vox, introducía un artículo en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Éste, el «172 quarter», dipone que «el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días». En un segundo apartado, dicho artículo imponía las mismas penas para quien tuviese el mismo comportamiento con los «trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo».
Por aquel entonces, la policía autonómica decidió no intervenir, dado que la norma no impedía las concentraciones y los agentes no apreciaron coacciones. «La Ertzaintza considera que en la forma en la que se están produciendo las concentraciones, no se está vulnerando ningún precepto legal», afirmó el hoy consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ejercía como portavoz del Gobierno vasco.
Coacción o libre expresión
Lo que los tribunales tratan de desentrañar es si la actividad de estas personas frente a la clínica, enmarcada entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre de 2022, coincide con lo estipulado en la nueva redacción del Código Penal. Así lo consideran, al menos, dos de las pacientes de la clínica que declararon hoy. «Entré supernerviosa e intimidada a la clínica y decidí no volver», dijo una de ellas en declaraciones recogidas por EP, que relató que los concentrados se «dirigieron directamente» hacia ella y le dijeron «cosas como 'perdónala'». La otra dijo haber entrado «incómoda cuando vio a las personas rezando y con carteles» en la acera de enfrente de la clínica, aunque, en su caso, no se dirigieron a ella.
Este lunes, además, testificaron varios agentes de la Policía Local y la Ertzaintza que acudieron a la clínica en varias ocasiones cuando esta llamó para denunciar la presencia de los manifestantes. Estos coincidieron en señalar el carácter «pacífico» de las concentraciones, donde sus participantes «estaban rezando por las almas» en «voz baja y con rosarios en las manos», así como que portaban carteles con lemas «por la vida», «no está sola» o «contra el aborto, sin alterar la paz, sin insultar». También compareció el gerente de Askabide, afirmando que hubo pacientes que «anularon citas, porque no querían que se les señalara» y denunciando que a él mismo le gritaron «asesino». Un hecho que fuentes de la defensa explican que después él mismo no supo concretar si se había producido en esta clínica o en otro lugar.
El juicio, que se extiende hasta el próximo jueves cuando se presentarán las conclusiones de las partes y quedará visto para sentencia, celebra mañana la segunda sesión con un visionado de un video que presentan las defensas, con imágenes de las concentraciones, grabado por los propios manifestantes. Además, se producirá el interrogatorio a los 21 acusados, para los que la Fiscalía pide una condena de cinco meses de cárcel por un delito de coacciones, que podrían sustituirse por 100 días de trabajos para la comunidad. La acusación particular de la propia clínica les reclama 20.000 euros en total, por el «perjuicio causado». La defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones se dieron en uso de su «libertad de expresión».
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