El 95% de las áreas quemadas no tienen seguro: «¿A mí quién me paga el bosque?»

Concretamente, de las cerca de 350.000 hectáreas que han ardido en nuestro país en lo que llevamos de año –la mayor parte este mes de agosto–, apenas 19.100 están cubiertas por una póliza (según datos de Agroseguros). Esto se explica por la naturaleza del paisaje rural en el noroeste peninsular, donde predominan las explotaciones de ganadería en extensivo, aprovechamiento de los bosques y actividades como la apicultura, con un peso mucho menor para la agricultura. De hecho, de los 2,8 millones de euros que va a abonar Agroseguros por los incendios de este verano, cerca de un millón corresponden al incendio que sufrió Lérida en julio, en el que se quemaron solo 5.000 hectáreas que, sin embargo, mayoritariamente eran de cereal, un cultivo en el que el seguro está extendido.

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De los 28 millones de hectáreas de superficie forestal que tiene nuestro país, en cambio, solo 71.400 cuentan con una póliza. Y esto a pesar de que la gran mayoría de estos bosques tienen propietarios privados (el 70% según el Ministerio de Transición Ecológica), cifra que asciende al 98% en Galicia, mientras que en Asturias y Castilla y León se sitúa en el 45%. Como explica a ABC Javier Madrigal, que es ingeniero de montes e investigador del CSIC, la práctica inexistencia de seguros forestales se debe a la poca rentabilidad económica que les sacan sus propietarios. Es más, en el fondo es síntoma de la falta de una verdadera industria de aprovechamiento de los montes en nuestro país, que sería plenamente compatible con el desarrollo sostenible, apunta este experto.

Con esto, los propietarios quedan a expensas de las ayudas que active la Administración; y para los ganaderos y apicultores, otro tanto. Según explican a ABC desde las organizaciones agrarias COAG y Asaja, debido a lo ajustado de los márgenes económicos en el sector, la mayoría no cuentan con una póliza que cubra la muerte de los animales. «Es un coste que no puedes asumir», explica Victor, un ganadero de Valverde de la Sierra (León) que, a costa de no dormir en dos días, ha podido salvar su pueblo de las llamas y también a sus vacas. Sin embargo, la desaparición de los pastos en que venían pastando hasta ahora le va a obligar a incurrir en más costes de los que ya tiene. Y a pesar de todo, Álvaro ha tenido suerte, pues un ganadero de su localidad vio como ardían 16 de sus reses.

Al perjuicio causado por la pérdida de los animales hay que sumar el que causa la desaparición de la vegetación, el medio en el que viven. «¿Y a mí, quién me va a pagar el bosque?», se lamenta Álvaro, un apicultor de Felechares de la Valdería (León) que tiene las colmenas aseguradas pero dice que no le servirá de nada, puesto que las abejas ya no tienen dónde elaborar la miel. Como tantos otros apicultores y ganaderos de las regiones devastadas, ahora se enfrenta a la perspectiva de tener que desplazarse allá dónde esté el bosque.

Más allá de ello, las viviendas también han sufrido daños en muchos casos y en otros incluso la destrucción total del inmueble. En este sentido, fuentes del sector asegurador recuerdan que es fundamental contar con una póliza en vigor y estar al corriente de pago para poder dar parte de lo sucedido y cobrar la indemnización o que los daños sean reparados.

Pero la situación con las viviendas dista mucho de ser la ideal. En varias de las provincias en las que más ha golpeado el fuego hay un volumen de aseguramiento de los hogares de los más bajos de España. En Orense solo están aseguradas el 60,3% de las casas, en Lugo el 61%, en Zamora el 64,3% y en Cáceres el 60,4%, según la última memoria de la patronal Unespa. En León, por su parte, hay más viviendas con seguro, un 74,7%. Sin embargo, todos estos números están bastante por debajo de la media nacional, que se ubica en el 79,5%.

El hecho de que entre un 35-40% de las viviendas en las zonas más damnificadas no tengan póliza supone un problema para los afectados, uno que ya se visibilizó durante la dana que asoló el arco mediterráneo en la parte final de 2024, ya que había mucha gente sin seguro del hogar y que, por tanto, no recibieron indemnización.