Los alumnos de Murcia apagarán sus teléfonos móviles en el instituto después de Reyes
La Región publica la instrucción que prohíbe tener encendidos los dispositivos en todo momento en los centros educativos a partir del lunes 8 de enero salvo que tengan que usarlo para cuestiones relacionadas con la enseñanza
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Los estudiantes murcianos volverán a las clases el próximo lunes con la prohibición de utilizar su teléfono móvil en el centro educativo, incluso durante el recreo, el comedor y las actividades extraescolares, ya en vigor.
Las instrucciones que vetan los teléfonos en las aulas ... de todos los centros de todas las etapas, desde Infantil a Bachillerato, se han publicado ya, como se anunciase a finales de diciembre, tras la decisión tomada por la Consejería de Educación murciana.
Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos en la mochila -la tenencia no está prohibida- pero deberán tenerlos apagados o en modo avión, y no podrán sacarlos ni usarlos para uso personal ni recreativo en el centro. Solo podrán utilizarlos cuando lo requiera el profesor para realizar una tarea lectiva concreta. La prohibición -que ya aplican muchos IES de la Región porque así lo ha decidido su claustro y todos durante las clases- se extiende a las etapas de Educación Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, pero no a las escuelas de idiomas, conservatorios y otras enseñanzas no regladas.
La medida, que ha estado precedida del debate que asalta a toda España y que el Ministerio de Educación abordará este mismo mes de enero, fue secundada por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, quien consideró que «responde a la preocupación de los padres y de toda la comunidad educativa». También aclaró que la prohibición del uso del teléfono móvil no afectará, «evidentemente, a las tareas lectivas en las que esta herramienta sea necesaria».
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En España, Murcia y Andalucía son las últimas autonomías que se han sumado a limitar el móvil y Canarias, Murcia y Cataluña se abren a estudiarlo. Ya lo tenían implantado Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, mientras Castilla y León lo regula desde hace 16 años.
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