El alto coste de los tratamientos veterinarios en Reino Unido dispara las eutanasias de animales con enfermedades tratables

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

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02/07/2025 a las 04:28h.

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A comienzos de noviembre de 2024, la conclusión de una investigación forense reveló con crudeza la tragedia del suicidio del veterinario John Robert Ellis, de 35 años, trabajador de una clínica de Hampshire, Inglaterra. Aunque su muerte se produjo en 2022, no fue hasta dos años después cuando se conocieron oficialmente los detalles que rodearon su fallecimiento. Lo que la investigación reveló conmocionó al sector veterinario británico y expuso, con una claridad brutal, los dilemas éticos, económicos y emocionales que enfrentan hoy muchos profesionales de la salud animal en el Reino Unido, así como los dueños de las mascotas.

Ellis murió tras inyectarse una combinación de fármacos letales empleados habitualmente en la eutanasia de animales. La precisión con la que planificó su muerte reflejaba un profundo conocimiento técnico, pero también la carga emocional con la que convivía. Según fuentes de la investigación, Ellis expresaba un malestar profundo y sostenido: la angustia de tener que sacrificar cada semana a animales que, en otras circunstancias, podrían haber recibido tratamiento. Animales jóvenes, algunos diagnosticados de patologías graves pero aún sin síntomas; que seguían comiendo, jugando, respirando sin dificultad, pero que eran sometidos a la eutanasia no por razones clínicas, sino porque sus dueños no podían, y en algunos casos, no querían, afrontar el coste del tratamiento.

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Varios testigos, incluida su madre, explicaron que Ellis se sentía emocionalmente devastado por la rutina constante de realizar eutanasias motivadas por limitaciones económicas. Para él, la práctica había pasado de ser una herramienta clínica necesaria, orientada a evitar el sufrimiento de las mascotas, a convertirse en una rutina dictada por el deterioro económico de muchas familias.

Su caso es el más grave, pero cada vez más voces dentro del sector veterinario británico alertan de que la presión emocional que enfrentan los profesionales se ha intensificado en los últimos años. Según un estudio publicado en 2016 por el Royal Veterinary College, el 91,5 % de las muertes de perros en el Reino Unido se produjo por eutanasia, frente a solo un 8,5 % por causas naturales. Es decir, la mayoría de los canes muere por decisión humana. Y aunque muchos de estos casos responden a enfermedades terminales o sufrimientos insoportables, un porcentaje creciente de eutanasias se vincula a criterios económicos y no estrictamente médicos.

Aunque no existen cifras oficiales que cuantifiquen cuántas de estas decisiones se deben exclusivamente a la falta de recursos económicos, asociaciones veterinarias y entidades de protección animal han alertado de un aumento sostenido en estos casos, sobre todo desde la pandemia y en el contexto actual de crisis del coste de vida. También la British Veterinary Union in Unite (BVU) que representa a los trabajadores del sector, denuncia que cada vez más personas optan por sacrificar a sus mascotas debido a la presión económica, incluso cuando existen otras opciones médicas disponibles.

La situación ha alcanzado tal magnitud que incluso algunos veterinarios han decidido no seguir practicando eutanasias en animales que no presenten signos clínicos de sufrimiento. Es el caso de un profesional que trabaja en una clínica al oeste de Londres que, en conversación con ABC bajo condición de anonimato, explicó su postura: «He tenido que parar, ya no puedo seguir haciéndolo. Si un perro está activo, come bien, no tiene dolor y simplemente le han detectado una masa cancerosa, no puedo justificar su muerte en una etapa temprana. No puedo seguir quitando vidas sanas porque alguien no pueda pagar el tratamiento».

Este conflicto ético, que atraviesa la práctica diaria de muchos profesionales, se produce en un contexto de crisis estructural dentro del sistema veterinario británico. El Brexit provocó una caída drástica en la llegada de nuevos veterinarios procedentes de la Unión Europea. Antes de la salida del Reino Unido del bloque comunitario, entre 80 y 100 profesionales extranjeros se registraban cada mes para ejercer en el país, pero tras el Brexit, esa cifra cayó a poco más de 20. Según datos del Royal College of Veterinary Surgeons y de la British Veterinary Association, el número de veterinarios procedentes de la UE cayó un 68 % entre 2019 y 2021, de 1.132 a 364 al año. Esta caída no ha sido compensada por la formación nacional, y hoy el Reino Unido enfrenta una carencia estructural de personal clínico.

A ello se suma la falta de regulación de precios y el auge de grandes corporaciones privadas que han adquirido una proporción creciente de clínicas independientes, reconfigurando el mercado en torno a una lógica empresarial y altamente competitiva. Más del 60% de las clínicas veterinarias en Reino Unido están controladas por un puñado de grandes grupos, y como resultado, los precios de muchos tratamientos han subido más de un 50% desde 2015, según un informe publicado en 2024 por la Competition and Markets Authority (CMA). Estas corporaciones, muchas con capital privado o fondos de inversión detrás, operan bajo lógicas de rentabilidad más que de servicio. Suben tarifas, estandarizan procesos, cobran por consultas breves, y priorizan servicios de alto margen como pruebas diagnósticas o procedimientos especializados. De hecho, la Competition and Markets Authority (CMA) está investigando esta concentración por posible falta de competencia y transparencia de precios.

Y aunque más del 20 % de los propietarios tiene seguro, muchas pólizas no cubren enfermedades preexistentes ni razas con predisposiciones, tienen límites anuales bajos o franquicias altas y excluyen gastos importantes como anestesia u hospitalización prolongada.

En medio de este panorama, la voz de una oncóloga veterinaria española, con más de quince años de experiencia en el Reino Unido y que trabaja en una clínica propiedad de un gran grupo empresarial, ilustra con claridad el dilema cotidiano que se vive en muchas consultas. «Los precios han subido tanto que muchísima gente simplemente no puede permitírselos», explica. «Y no hablo solo de casos complicados, como cáncer con múltiples metástasis o intervenciones quirúrgicas complejas. Me refiero a animales que están bien, que tienen un diagnóstico, pero que todavía no tienen ningún síntoma. Se les ha extirpado por ejemplo un tumor que en la biopsia se determina que es canceroso, pero que están activos, comen bien».

Sin embargo, los propietarios, «cuando oyen las cifras de la quimioterapia, o simplemente los controles postoperatorios, piden directamente la eutanasia». Lo mismo pasa, dice, con animales con diagnósticos menos graves que el cáncer, como infecciones urinarias recurrentes, pero cuyos tratamientos son también inasumibles financieramente para sus dueños, que muchas veces intentan, sin éxito, entregar a sus mascotas a organizaciones que no pueden recibirlos porque están, a su vez, saturadas.

También sucede con enfermedades crónicas y tratables, como las tiroideas o la dermatitis atópica, en las que el coste acumulado de medicación de por vida, sumado a las visitas veterinarias, análisis periódicos y tratamientos complementarios lleva a algunas familias a plantearse la eutanasia ante la imposibilidad de asumir el tratamiento, a pesar de que el animal podría llevar una vida normal.

Para esta especialista, lo más doloroso es el contraste entre la cultura británica del cuidado animal y la crudeza de las decisiones económicas. «Aquí la mayoría de las personas tienen mascota y la relación con los animales es muy intensa, mucho más que en España. En muchos hogares no se hace ninguna distinción: el perro es un hijo. Y sin embargo, el sistema no les permite cuidarlos como merecen. Es una ironía cruel. Porque esas mismas personas, que lloran cuando los dejan en la consulta, que se sienten culpables durante años, no tenían otra opción. O pagaban la hipoteca, o encendían la calefacción o trataban a su perro o a su gato».

Según datos de la Pet Food Manufacturers Association, en 2024 había en el Reino Unido más de 34 millones de mascotas, la mayoría perros y gatos. El 60% de los hogares tenía al menos un animal, y el 95% de los propietarios consideraba que sus mascotas formaban parte de la familia. El mismo informe indicaba que un 81% de los dueños reconocía que el coste de mantener a su mascota había aumentado significativamente en el último año. Y a diferencia de los humanos, «no hay un NHS (siglas del sistema nacional de salud) para los animales», recuerda la British Veterinary Association.

La consecuencia es una medicalización desigual, donde quienes tienen recursos pueden optar por cirugías, resonancias, quimioterapias y cuidados paliativos, mientras que quienes no los tienen deben elegir entre el endeudamiento, que en algunos casos alcanza las miles de libras, incluso teniendo seguro, o el sacrificio.