Alrededor de 138 millones de niños sufrían trabajo infantil en 2024, un 50% menos que en el año 2000

El trabajo atestigua que alrededor de 138 millones de niños sufrían trabajo infantil en 2024, de los cuales 54 millones realizaban trabajos peligrosos que podían poner en riesgo su salud, seguridad o desarrollo. Estos datos ponen de manifiesto una reducción total de más de 20 millones de niños desde 2020, revirtiendo el repunte registrado entre 2016 y 2020. A ello se añade que el trabajo infantil se ha reducido casi a la mitad —de 246 millones a 138 millones— desde el año 2000.

A pesar de ello, el mundo no ha alcanzado su objetivo de eliminar el trabajo infantil para 2025, lo que provoca que «a millones de niños se les sigue negando su derecho a aprender, jugar y, simplemente, ser niños». Para acabar con esta lacra en los próximos cinco años, las tasas actuales de progreso tendrían que ser once veces más rápidas, según el trabajo.

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En ese sentido, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, subrayó que «las conclusiones de nuestro informe ofrecen esperanza y muestran que el progreso es posible» y aseveró que «los niños deben estar en la escuela, no trabajando».

Apuntó que «los propios padres deben recibir apoyo y tener acceso a un trabajo decente para que puedan permitirse que sus hijos estén en las aulas y no vendiendo cosas en los mercados o en las granjas familiares para ayudar a mantener a su familia». Sin embargo, advirtió de que «todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar nuestro objetivo de erradicar el trabajo infantil».

El trabajo señala que la agricultura se mantiene como el sector que concentra la mayor parte del trabajo infantil, con el 61% de todos los casos, seguido de los servicios (27%) y la industria (13%).

Asia y el Pacífico consiguieron la reducción más significativa de la prevalencia desde 2020, con una caída del 6% y del 3%, respectivamente; mientras que aunque el trabajo infantil en América Latina y el Caribe se mantuvo igual en los últimos años, sí se redujo, pasando de ocho millones a unos siete millones.

África subsahariana es la zona del mundo con mayor volumen de trabajo infantil, concentrando a casi dos tercios de los niños que trabajan, unos 87 millones. A pesar de que la prevalencia cayó del 24% al 22%, la cifra total permaneció estancada en un contexto de crecimiento demográfico, conflictos actuales y emergentes, pobreza extrema y sistemas de protección social al límite de su capacidad.

Ante esta situación, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, comentó que «el mundo ha hecho progresos significativos en la reducción del número de niños obligados a trabajar», aunque avisó de que todavía «demasiados niños siguen trabajando en minas, fábricas o campos, a menudo realizando trabajos peligrosos para sobrevivir».

En ese sentido, reseñó que «sabemos que es posible avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil aplicando salvaguardias jurídicas, ampliando la protección social, invirtiendo en educación gratuita y de calidad y mejorando el acceso de los adultos a un trabajo decente».

A su juicio, «los recortes en la financiación mundial amenazan con hacer retroceder los logros conseguidos con tanto esfuerzo», por lo que «debemos volver a comprometernos a garantizar que los niños estén en las aulas y en los patios de recreo, no trabajando».

Por su parte, el informe indica que los niños tienen más probabilidades que las niñas de caer en el trabajo infantil a cualquier edad; no obstante, cuando se incluyen las tareas domésticas no remuneradas de 21 horas o más a la semana, la brecha de género se invierte.

Por todo ello, la OIT y Unicef conminan a los distintos gobiernos a «invertir en protección social para los hogares vulnerables»; «reforzar los sistemas de protección infantil para identificar, prevenir y responder a los niños en situación de riesgo, especialmente a los que se enfrentan a las peores formas de trabajo infantil»; «proporcionar acceso universal a una educación de calidad, especialmente en las zonas rurales y afectadas por la crisis»; «garantizar el trabajo decente para adultos y jóvenes, incluido el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus intereses»; y «hacer cumplir las leyes y la responsabilidad empresarial para acabar con la explotación y proteger a los niños en todas las cadenas de suministro».