Cómo actúan los comisarios del catalán en las escuelas: encuestas para delatar a quien no lo usa, coacciones a docentes, y premios por hablarlo

Los denominados talleres de ULAE (Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo) se impulsaron a finales de 2021 dentro del Plan de Promoción del Uso de la Lengua Catalana de Generalitat, un año después de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020 que obliga a impartir una asignatura más en todo el sistema educativo catalán y que se encuentra en «stand by» a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) dicte si las normas aprobadas 'in extremis' por el Govern poco después de emitirse el fallo -una ley y un decreto ley- son o no constitucionales.

Los centros ULAE se plantearon inicialmente como «una forma de proporcionar herramientas para gestionar la diversidad lingüística en los centros educativos», aunque los defensores del bilingüismo lo han visto desde un primer momento como «el brazo ejecutor del Govern para imponer el uso del catalán en la enseñanza y desplazar al castellano».

Un informe elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), consultado por este diario, revela ahora, por primera vez, qué estrategias utilizan los «comisarios lingüísticos» en estos centros para «forzar» a alumnos, familias, profesores y monitores a que prioricen el uso de la lengua autonómica. La entidad remitió cinco preguntas a los centros a través del la Comisión de Garantía del Derecho a la Información Pública (GAIP) para que concretaran detalles sobre su composición y actividades, aunque la Generalitat les entregó las respuestas de veinte centros sin incluir ningún dato que permitiera identificarlos.

Integrados por entre cuatro y seis miembros (el asesor lingüístico, el profesor de lengua catalana, el jefe de estudios del centro o coordinador de etapa educativa, y, en algunos casos, el inspector educativo), estos talleres tienen como objetivo final que aumente el uso del catalán tanto a nivel lectivo como en las relaciones sociales de los miembros de la comunidad educativa. Para ello, según ha podido constatar la AEB, los equipos impulsores se sirven de diversas estrategias: realizar encuestas anónimas a los alumnos y profesores para que «delaten» quienes no usan el catalán; utilizar a los inspectores para «coaccionar» a los profesores que se muestran reticentes a usarlo recordándoles que «no tienen libertad de cátedra», y dar consignas a los monitores de comedor y de actividades extraescolares para que garanticen que solo se hable en catalán en estos espacios. También se convence a los alumnos de que «no cambien al castellano» cuando hablan con compañeros que se expresan en esa lengua y de la necesidad de usar solo el catalán en las aulas de acogida.

En el informe de la AEB se muestran los escritos de algunas de las reuniones de los «comisarios lingüísticos» en las que se observa cómo a través de las encuestas de los alumnos se señala a docentes: « ...., lo que ha preocupado más al claustro de lo que dicen los alumnos es que los docentes usan el castellano como lengua vehicular en comunicaciones que se debían hacer en catalán... .y son los primeros en cambiar al castellano», apuntan.

También exponen claramente cómo se coacciona a los docentes menos colaborativos: «Debemos insistir en las personas más reticentes. Detectar quién, cuántos y como lo hagamos para convencer de la necesidad del uso del catalán en las aulas. Si no es posible recordar que no hay libertad de cátedra. La inspectora se ofrece a tener algún encuentro con estos docentes«, apunta uno de los documentos de las reuniones.

Los tentáculos de los «comisarios lingüísticos» llegan también a las asociaciones de padres, a los que se instruye para que se comuniquen exclusivamente en catalán con las familias señalándoles «todas las ventajas de integración para ellos y sus hijos» y se les brinda traducir las reuniones si hay padres que no entienden la lengua. Incluso desde estos centros se ampara, según denuncia la AEB, la posibilidad de premiar académicamente a los estudiantes que se expresen en catalán.

En este sentido, la AEB apunta en su informe que «un ejemplo de como ULAE puede dar cobertura a actuaciones individuales más radicales es la del profesor y jefe del Departamento de Tecnológica del Instituto de Torredembarra (Tarragona), docente que a pesar de que no imparte una asignatura lingüística, desde principios del curso 2024-25 informó a los alumnos que iba a realizar un seguimiento del uso del catalán en clase».

Según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe, el profesor ha llegado a confeccionar una aplicación a través de la que comunica al alumno la pérdida de puntos por no interactuar en catalán. «La presión a los alumnos es a veces presentada como un premio, si utilizas siempre el catalán puedes conseguir mejorar la nota, es un criterio de evaluación más. Partiendo del 'regalo' de 100 puntos, estos se sumarán o mejorarán la nota media de la asignatura a final de curso, pero siempre que mantengan el catalán como única lengua en clase», apuntan desde la AEB.

«Bajo la apariencia de un premio y argumentando de que el objetivo es promover el uso del catalán, se está castigando el uso del castellano por parte de los alumnos y coaccionando su libertad individual», denuncia Ana Losada, presidenta de la AEB, que denunció los hechos ante la Alta Inspección de Educación y está a la espera de resolución. En uno de los esquemas de un taller ULAE se apunta la posibilidad de «potenciar el uso del catalán a través de los criterios de evaluación de las asignaturas». Otras estrategias de esos grupos para impulsar el uso del catalán son: la creación de 'parejas lingüísticas' entre los alumnos, animar a los docentes a mejorar su nivel de catalán y ofrecer cultura y actividades de ocio solo en catalán a los estudiantes.

El informe proporciona una radiografía sobre cuántas escuelas e institutos se han adherido al proyecto en estos últimos años y cuántos han mostrado interés en hacer formación ULAE. Así, en base a los datos que maneja la AEB, durante el curso 2022-23 formaban parte del programa un total de 445 centros educativos y a principios de este curso, tres años después, la cifra se sitúa en 1.444 centros.

La entidad constata también el bajo compromiso de los docentes con el proyecto y señala en este sentido que solo 30 centros de los 1.444 totales habían realizado a comienzos de este curso una formación específica de ULAE. Los centros de la muestra analizada reconocen, según apunta la AEB, que «no es mayoritario el profesorado que participa activamente en las encuestas, propone acciones o se presenta voluntario a participar en el grupo impulsor».

En el análisis de la adhesión a ULAE por servicios territoriales se observa que no es precisamente en las zonas donde se ha denunciado una mayor caída del uso del catalán donde se encuentran más centros participantes. Solo un 25% de los centros de la ciudad de Barcelona y un 17% del Barcelonès, zonas con gran presencia de alumnado castellanohablante, forman parte de ULAE.

Pese a la «baja implicación» del profesorado en el proyecto, los impulsores del informe advierten de que con la creación de estas estructuras «se ha animado y dado coartada a aquellos directores y profesores defensores de la exclusión total del castellano de la escuela, y bajo ese escudo, se ha intentado intimidar a miembros de la comunidad educativa».

LA AEB ha elevado ante la Alta Inspección quejas de presiones a los alumnos «a los que se les prohibía hablar en castellano en el patio o s les advertía de que se les bajaría la nota si no utilizaban el catalán para dirigirse a sus compañeros de clase». «Estas quejas son siempre negadas por los centros denunciados pero consiguen también frenar la actuación del docente o equipo directivo en concreto», señalan desde la entidad. La AEB ha asesorado también a profesores que han sido presionados para formar parte del grupo impulsor o advertidos por el comisarios lingüístico, la dirección del centro, o la propia inspección por no usar el catalán en todas sus actividades o conversaciones. «Ninguna de las denuncias planteadas por docentes ha cristalizado en una queja por escrito pero sí que los argumentos proporcionados han logrado frenarla o esquivarla», apunta la entidad.

«Las medidas tomadas por los centros buscan claramente excluir aún más si es posible al castellano de la escuela. Fiscalizar el uso del castellano por docentes, alumnos y las familias es el objetivo perseguido, un objetivo que se presenta envuelto con las frases políticamente correctas de fomentar y mejorar el uso del catalán», señalan desde la AEB. La entidad recuerda que «intentar impedir el uso del castellano en pasillos, patios o incluso borrarlo de los murales de los centros, vulnera el art. 3 de la Constitución, el art. 6 del Estatuto de Autonomía, el art 1 de la Ley Orgánica de Educación que obliga al cumplimiento con la Convención de ONU sobre los derechos del niño cuyo art.29 pide inculcar a los niños el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores» y que «negar a las familias las comunicaciones, documentación o la realización de las reuniones bilingües es contrario al art.4 la Ley de Política Lingüística 1/1998«. Advierte, asimismo, de «la gravedad» de la implicación de los inspectores educativos en esos procesos y de «la inaceptable intromisión a la vida privada» que suponen las encuesas a alumnos y profesores y de la gravedad de usarlas «para señalar a quienes no usan el catalán».

Aunque no se ha concretado una cifra oficial sobre el coste de estos talleres, en la fiesta que el consejero Josep González-Cambray convocó para celebrar la realización de los talleres planearon dos cifras: la que el propio Cambray anunció como premio para los que se comprometieran a unirse al proyecto ULAE (1.300 euros), adelantada por ABC en su edición del 29 de marzo de 2023, y los dos millones de euros que podrían invertirse como partida final en actividades que potenciaran el uso del catalán.