Abortar o cambiar de sexo a los 16 y sin permiso paterno: «Se enfrenta la patria potestad con leyes que no protegen a los niños»

Este martes, el Tribunal Constitucional avalaba definitivamente la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero que, como la actual reforma de Irene Montero, permitía la interrupción del embarazo a adolescentes de 16 años sin necesidad de consentimiento paterno. Bien es cierto que el TC deja este asunto en el aire y no entra a valorar la edad. Recientemente, también se ha aprobado la ley Trans, que concede el cambio de sexo registral a todos los mayores de 16 años sin mayor requisito que la voluntad.

En este contexto, gana peso la frase de Celaá, aunque los expertos creen que en esta dirección no se busca el beneficio de los niños, sino todo lo contrario. «Los padres van a colapsar y también lo va a hacer la justicia, porque se enfrenta el ejercicio de la patria potestad con leyes que los expertos juristas han dicho que están mal hechas y que además no protegen a los niños«, reflexiona Myriam Fernández Nevado, socióloga y abogada especialista en derechos de la infancia miembro del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid (Colpolsoc). Esta normativa, critica la experta, lleva a los niños a convertirse en «víctimas del maltrato institucional».

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Es la patria potestad, sostiene Fernández Nevado, la que debe velar por el bienestar del niño, es decir, son los padres los que a través de sus decisiones aseguran el cuidado de los hijos. «Y ese concepto choca con lo que promulgan estas legislaciones que no tienen contexto y fundamentación jurídica sólida, sino que tienen detrás base programática partidista. Además no beneficia al niño en el ejercicio de sus derechos», explica.

Lo que pretende esta legislación, asegura por su parte Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo, es «restar lo que le corresponde de manera natural a los padres, que es el cuidado, crianza y desarrollo de hijos». «Cuando el Estado interviene como un tercero ajeno y decide frente a quienes buscan el bien de los hijos en virtud de cuestiones políticas e ideológicas estamos trastocando el desarrollo natural de los menores», dice. No entiende, continúa, por qué el criterio del Estado, «que no conoce a ese menor, que no le quiere como si fuera su hijo», está por encima del de los progenitores, que sí buscan ese bienestar del niño por encima de todo.

Esta situación, prosigue De la Cigoña, puede llevar a un «enfrentamiento generacional promovido por aquellos que se arrogan capacidades que no deberían tener». Aunque los menores de edad manifiesten lo que quieren en cada momento, afirma, no es lo mejor para ellos decirles siempre que sí, especialmente cuando no son capaces para ver las consecuencias que sus acciones pueden conllevar.

«Va a haber muchos problemas, porque se están creando donde no los había», coincide Fernández Nevado, que considera que lo que se busca es generar la ausencia de un pensamiento crítico que permita al Estado «entrar en la vida privada del ciudadano» para sacar rédito electoral.

Sobre la capacidad de los menores de edad a la hora de tomar decisiones importantes por sí mismos, esta socióloga resalta la cultura que existe «de dejar absolutamente todo en manos de los niños», pese a que no estén formados para tomar decisiones «de ese calibre». Eso no quiere decir, por otra parte, que no sean escuchados, de manera que prime el interés superior del niño.