Abogados Cristianos pide a la Justicia que obligue a Cataluña a retirar unos vídeos para niños en los que se presenta a un padre embarazado

Denuncian otros materiales en que se simula un acto sexual y otro que «da a entender que el sexo se elige a posteriori», aseguran

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Captura del vídeo 'Una família comença amb un desig'

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido a la Justicia que obligue a la Generalitat de Cataluña a retirar unos videocuentos sobre identidad de génerodirigidos a niños y elaboradas por la Consejería de Igualdad.

En esos videocuentos, destinados a niños de entre ... 3 y 5 años según la propia Generalitat, se ve cómo un padre, le explica a un niño que su otro padre está embarazado. Además, en la imagen se puede observar una imagen del hombre con una barriga propia de un proceso de gestación.

Además, en otro material dirigido a niños de 10 años aparece una simulación de un acto sexual entre dos personas del mismo sexo, pero la voz en off dice: «procedan a unir el pene y la vagina».

Y otro de los cuentos dirigido a niños de 8 años asegura que no hay que preguntar a una embarazada si espera niño o niña, sino si tiene pene o vagina, «dando a entender que el sexo se elige a posteriori», explican desde Abogados Cristianos.

La fundación considera que estos videocuentos suponen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Concretamente alega que, este material, atenta contra el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos, la protección de la juventud y de la infancia y el deber de la Administración de ser neutral y objetiva.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, asegura que «impartir estos contenidos a niños de tan corta edad sólo sirve para confundirles».

La responsable ha advertido de que «hay países que están dando marcha atrás en sus políticas sobre transexualidad y hay numerosos estudios que apuntan al daño que se les causa a los menores con este tipo de contenidos». Asimismo, insiste en que «además del daño que se le causa a los menores, supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales».

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