El Supremo avala el divorcio de una mujer en coma solicitado por sus padres

El alto tribunal dicta una novedosa sentencia que respalda la actuación de los tutores en nombre de su hijaTetrapléjica por un accidente, su marido apenas la visitaba en el hospital

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MADRID

Los tutores legales pueden interponer una demanda de divorcio en nombre de la persona incapacitada a la que representan. Así lo ha declarado la Sala Civil del Tribunal Supremo en una novedosa sentencia —de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca— que precisa que los tutores podrán invadir la «esfera jurídica del incapaz» con algunas limitaciones: sólo cuando demuestren que actúan en defensa de los intereses de su protegido. Es decir, en ningún caso podrán ejercer determinadas acciones de forma «libre» o «arbitraria».

La sentencia, que por el interés jurídico del caso ha sido dictada por el Pleno de la Sala —y por tanto sienta jurisprudencia—, da la razón a los padres de una mujer que, como consecuencia de un grave accidente de tráfico, quedó tetrapléjica y en coma vegetativo. Como tutores legales, primero solicitaron la separación de la hija y su marido; después, dieron un paso más al presentar la demanda de divorcio. El yerno se opuso.

El marido no quería

En un primer momento, un juzgado de Vitoria dio la razón al marido de la incapacitada y rechazó disolver el matrimonio. Argumentó que la prestación de consentimiento para casarse (y, en consecuencia, también para divorciarse) es un «acto personalísimo» que no puede prestarse por persona distinta a los cónyuges.

La Audiencia Provincial de Álava dio la vuelta a esa primera sentencia y reconoció que, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos por la ley, «los tutores están legitimados para ejercitar la acción de divorcio». «No sería lógico —indicaba— que el esposo pudiera obtener el divorcio en cualquier momento y que no pueda solicitarlo la esposa a través de sus tutores».

Recurrida por el marido, la resolución dictada por la Audiencia ha sido confirmada ahora por el Supremo, que entiende que los padres de la incapacitada han ejercido la acción de divorcio «correctamente». El alto Tribunal indica que los padres actuaron en interés de su hija, tal y como quedó claro en la resolución, previa a la demanda de divorcio, que declaró la separación. Entonces, la Audiencia ya consideraba probado que antes del accidente existía «un cierto desafecto entre los cónyuges», hasta el punto de que ella había consultado con un abogado. Tras el accidente, «el marido iba muy poco a visitar a la esposa internada, ni había acudido al centro ni la había llamado».

Para resolver este pleito, y ante el vacío legal de nuestro ordenamiento, el Supremo aplica la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York en 2006 y ratificada por España en 2008. De obligado cumplimiento para nuestro país, ordena la adopción de las medidas que sean necesarias para que las personas con discapacidad cuenten con el «apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». Los Estados tienen el deber de asegurar el acceso de estas personas a la Justicia «en igualdad de condiciones».

Sobre la base de esta Convención, el Supremo considera que denegar a los tutores legales la legitimación para solicitar el divorcio en nombre de su representado «vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva». Además, el matrimonio «se convertiría de hecho en indisoluble en aquellos casos en que la otra parte, la capaz, no quisiera demandarlo».En consecuencia, declara que los tutores «están legitimados» para ejercitar la acción de divorcio en nombre de una persona incapacitada. Es decir, podrán invadir «la esfera jurídica del incapaz cuando sea necesario obtener su protección»; «no libremente», sino con limitaciones.

Esas limitaciones impuestas por el Código Civil son las siguientes: los tutores deben contar con autorización judicial; deben justificar que actúan en interés de la persona a la que representan y, cuando se trate de procedimientos de Familia, deberá actuar la Fiscalía para velar por los intereses de menores incapaces.