Los médicos de Madrid apoyan la reforma del aborto de Gallardón
Un informe del Colegio muestra el «rechazo» del colectivo de facultativos al modelo de plazos
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid expresó ayer su adhesión a la reforma legal sobre el aborto que ha planteado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La Comisión Deontológica del Colegio madrileño hizo público un informe en el que hace extensivo al conjunto del colectivo médico español el «rechazo» al actual modelo de plazos para abortar, que el titular de Justicia del Gobierno pretende modificar.
La postura de los médicos viene a contrastar con la reacción que la izquierda y colectivos feministas tuvieron tras las palabras de Gallardón en el Congreso, cuando defendió esta semana la maternidad y la vida frente a la «violencia de género» que sufren las embarazadas.
Entre los puntos que el ministro pretende reformar figura la autorización a las menores abortar sin el consentimiento e, incluso, sin conocimiento de los padres.
El documento de los galenos recoge «una panorámica de reacciones» que evidencian este rechazo a la ley vigente por parte de los colegios profesionales de todo el país. Además, incluye en esa postura a las consejerías de Sanidad de diversas comunidades autónomas, según recoge Efe. «Las críticas a la Ley vertidas desde el estamento profesional médico se han extendido por todo el país y han generado una indudable confusión en el seno de las corporaciones médicas», aseguran los responsables del informe. Los facultativos censuran de la normativa anterior, aprobada en 1985, la interpretación «abusiva» que se hacía de la indicación sobre el riesgo para la vida y la salud de la embarazada, porque entienden que «servía de escaparate para legitimar abortos e irregularidades».
Sostienen que éste constituiría el «punto central a corregir en cualquier proyecto de reforma de la anterior Ley del Aborto», lo que habría influido «positivamente» en «una mayor responsabilidad de las conductas sexuales». «Nuestro país habría experimentado una sustancial reducción del número de abortos», sentencian. La Comisión llama la atención sobre la «desigual» puesta en marcha de la nueva Ley según las comunidades porque en unos casos «aminoran la implicación de los médicos y en otros la imponen en grados diversos».
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