Vuelven los controles en la frontera entre Portugal y España

Pasa a ser obligatorio presentar el certificado de vacunación , además de una PCR sin exhibir ni un solo papel negativa realizada en las 72 horas anteriores o un test de antígenos de hasta 48 horas de vigencia (porque se descarta el autotest). Los viajes en avión o en barco se regirán por esta norma y añadirán el ya archiconocido formulario proporcionado por las autoridades de cada país, mientras que los desplazamientos terrestres tienen como requisito mínimo el comprobante vacunal y, a partir de ahí, entra en juego la aleatoriedad.

Es decir, es el azar el que decidirá si tal o cual vehículo ha de detenerse o no para mostrar toda la documentación . En la práctica, hace aconsejar a los ciudadanos españoles que, para no tentar la hipotética mala suerte, adjunten el documento de diagnóstico superado porque, de lo contrario, pueden verse obligados a pagar de 300 a 800 euros de multa .

No estamos, por tanto, ante un cierre de fronteras, pero sí ante un control en los puestos que separan uno y otro territorio.

Ese carácter aleatorio a la hora de solicitar un test negativo ya está levantando suspicacias y polémica tanto entre los usuarios portugueses como los españoles. Sobre todo, porque también afectaría a los empleados transfronterizos , esto es, a las personas que viven en un país y trabajan en el otro, dentro de un radio de acción de 30 kilómetros, de acuerdo con los parámetros oficiales.

De modo que un habitante de Badajoz puede moverse a Cáceres, por ejemplo, sin exhibir ni un solo papel a lo largo de los 90 kilómetros que separan las dos ciudades extremeñas, pero para cruzar a Elvas (mucho más cerca porque apenas 18 kilómetros) tiene que preparar los documentos.

El sector del turismo ya lo está notando, pues el temor a no poder cruzar a la otra parte de la Raya (como se denomina popularmente a la frontera) o a quedarse atrapado en un aeropuerto está llevando a una oleada de cancelaciones de reservas tanto en Lisboa y alrededores como en el Algarve, sobre todo a manos de visitantes extranjeros que cambian de opinión.

En todo caso, la gente que procede de comunidades autónomas en situación de alto riesgo sí tendrá que sacar a colación el test en cuestión, en cambio no quien provenga de una región que todavía no sobrepasa los niveles de alarma.

Esta circunstancia se traduce en la petición exclusiva del certificado para alguien que partió de Extremadura, no así si su punto de origen es Galicia. Pero, eso sí, quedan eximidos los trabajadores de los servicios esenciales: transportes, emergencias, seguridad y urgencias.

Son las medidas puestas en pie por el Gobierno portugués en un intento de frenar la expansión de la variante ómicron, altamente contagiosa.

Las consecuencias económicas y sociales de estos controles a lo largo de los 1.214 kilómetros de frontera están aún por comprobarse. Si ya meses atrás acontecía que numerosos ciudadanos eran impedidos de cruzar, ahora los temores vuelven.

Con ellos, se revitaliza la posibilidad de encontrarse con trabas, por no hablar de las expulsiones de ciudadanos que no reunían los requisitos.

El propio primer ministro, el socialista Antonio Costa, no desea que se repitan escenas como las airadas protestas en contra del cerrojazo el pasado 25 de abril, cuando protagonizaba en Valença do Minho una de esas inauguraciones en las que tanto se prolifera. Se trataba de la electrificación de una vía férrea, pero hasta él llegó el eco de los gritos de los hombres y mujeres que vieron cómo sus negocios se hundían debido al colapso provocado por la falta de movimiento humano.

El sector de la hostelería no las tiene todas consigo en la fase invernal que se abre ahora. Nada extraño si tenemos en cuenta que el bloqueo económico derivado del cierre estaba ahogando a los ocho millones de habitantes de las franjas colindantes que se extienden desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Zamora, Salamanca y las dos provincias extremeñas. El alivio provocado por la reapertura de fronteras el pasado mes de abril puede volver a caer en saco roto.

Por si acaso, cientos de portugueses pasaron para comprar gasolina y butano los dos últimos días de noviembre, sendas fuentes energéticas bastante más baratas al otro lado. Basta el ejemplo de las bombonas, que se venden a 38 euros en territorio luso, mientras que cuestan 13 en España. Los moradores de la Raya esperan que no se cumplan los malos augurios cuando escuchan la palabra ‘control’.