Las víctimas de violencia de género no tendrán que declarar contra el maltratador para recibir protección

El texto, que en parte ya avanzó la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado martes tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, devuelve a los consistorios las competencias en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género; además «fortalece» la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Por su parte, la reforma de la ley contra la violencia de género tiene como fin «mejorar» la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos «que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas».

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno se basa en el Convenio de Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador . De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia de género, que hasta ahora hacían con la sentencia.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género, según el comunicado.

Serán el Ejecutivo y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, los que diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

Además, de las reformas legislativas, a su juicio, más urgentes, recogidas en el Pacto y que pone en marcha el real decreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha hecho efectiva una trasferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra el maltrato.

De esa partida, 20 millones de euros serán para los ayuntamientos en 2018 y se duplicará en 2019, hasta alcanzar los 40 millones de euros, que se distribuirán vía «transferencia finalista y directa» o a través de otras entidades locales.

El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.