Luz verde del Congreso a la 'ley del solo sí es sí', que fusiona el abuso y la agresión y exige el consentimiento

Desde marzo de 2020, la norma agrietó las posiciones de PSOE y Unidas Podemos, que fueron tamizando la ley por tramos. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo se opusieron a la definición que se situaba en el centro del redactado, la del consentimiento , por su redacción en negativo que suponía eliminar la presunción de inocencia, pilar básico del Estado de Derecho. Así, la nueva redacción contiene el consentimiento expreso de la mujer a mantener un encuentro íntimo en positivo: es decir, ella ha de manifestar a través de sus actos explícitos que está de acuerdo en tener esa relación. «Da igual en qué momento se encuentre -avala la psicóloga Bárbara Zorrilla-. Si ha querido en un principio y luego cambia de opinión o si está en medio del acto, puede decir que no y su palabra es esa negativa».

La nueva definición de consentimiento señala que «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Los juristas, con independencia del espíritu que forja esa ley, ponen más pegas porque su aplicación va a ser compleja, siempre dependiente del criterio que finalmente aplique un juez.

Consentimiento, reforma de los delitos sexuales al fusionar abuso y agresión sexual como un solo delito tipificado en el Código Penal y considerar todos los tipos de violencias contra las mujeres (el acoso callejero, el exhibicionismo, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, entre otros delitos) como violencias machistas son las claves de esta norma.

La norma también desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Del mismo modo, este texto incluye la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

El proyecto de ley se ha aprobado, también, con el acuerdo alcanzado ayer miércoles por los dos partidos en el Gobierno con ERC, PNV y EH Bildu, por el que se obligará a los agresores sexuales menores a pasar por unos cursos de educación y formación en igualdad y violencia machista.

Lo que sí ha quedado fuera de la norma, después del paso de esta por la Comisión de Igualdad del Congreso, es la recuperación de la tercería locativa, así como otras medidas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. «Ahora no toca. La ley de Trata vendrá a la Cámara», ha invocado Sofía Castañón, de Unidas Podemos.

Aunque Igualdad incluyó este tema en el borrador de la ley y el PSOE buscó endurecer aún más las medidas con enmiendas al texto, finalmente se han retirado las cuestiones referentes a este tema por falta de acuerdo. Formaciones como PNV, ERC, Eh Bildu o Ciudadanos abogaron porque se tratara en una ley específica y advirtieron de que no apoyarían el texto si se incluían estas iniciativas.

Al acuerdo alcanzado en este tema se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha intervenido al final del debate para agradecer a los diputados que han formado parte de la negociación de la norma. En este sentido ha apuntado que, aunque ha habido «debates difíciles se ha trabajado de forma constructiva» para alcanzar «pactos más amplios». Del mismo modo, ha reprochado a la «derecha y extrema derecha el ruido reaccionario» hacia este texto. «Hacen mucho ruido, pero hemos demostrado que las feministas somos más».

Los únicos grupos que han votado en contra de esta ley han sido PP y Vox. La portavoz de los 'populares' en este debate, Marta González, ha lamentado que no se incluya en ella la prostitución y ha explicado que esta no es «la ley que gustaría» al PP por su exposición de motivos que, según ha indicado, «parece una soflama electoral de Podemos»; porque «pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se sustenta el Derecho Penal español.

La representante de Vox Carla Toscano ha lamentado que Montero «fuerce al sistema a creer a la mujer sin pruebas», permitiéndole que « se vengue o destroce la vida de un inocente ».