Protestas contra Trump por prohibir a los transexuales entrar en la carrera militar
Protestas contra Trump por prohibir a los transexuales entrar en la carrera militar - Reuters

Trump aviva su cruzada contra los transexuales: el sexo es el del nacimiento

Quiere definir el género de una persona por su sexo al nacer

Corresponsal en Nueva YorkActualizado:

Una de las grandes contradicciones de Donald Trump es que es un multimillonario neoyorquino, mujeriego y adúltero, desprovisto de fe religiosa, pero al que el votante conservador atribuye «haber devuelto a Dios a la Casa Blanca». Lo esperable para un donjuán criado en Queens y hecho rico en Manhattan, adicto al tabloide y fijo entre la farándula diversa y progresista neoyorquina es que mantuviera una posición ideológica abierta al respeto a la libertad de orientación sexual y de identidad de género. De hecho, durante su campaña presidencial, posó con una bandera arcoiris, reconoció al colectivo LGBTQ, aseguró que haría «todo lo que esté en mi poder» para protegerlo y defendió, en un primer momento, el derecho de Caitlyn Jenner -la ex atleta y estrella mediática transexual, que estuvo casada con la madre de las famosas hermanas Kardashian- de ir al baño que se corresponde con el género con el que ella se identifica. Una actitud poco probable en un nominado republicano a la presidencia de EE.UU., que creó la expectativa de que, una vez en la Casa Blanca, Trump no agitaría esta guerra identitaria.

Como presidente, sin embargo, Trump ha seguido el guión conservador y ha emprendido una cruzada normativa contra los transexuales. El último ejemplo, y quizá el más agresivo, es el de limitar a efectos legales el género de cada persona a la asignación genital en el nacimiento. Según un artículo de «The New York Times», el Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, en sus siglas en inglés) se plantea una interpretación del Título IX, la ley que prohibe desde los años 70 la discriminación por cuestión de género en la educación que recibe subsidios públicos, que deja fuera a los transexuales. Según el borrador de la propuesta al que ha tenido acceso el rotativo neoyorquino, el sexo de cada persona se definiría como «masculino o femenino, sin posibilidad de cambio y determinado por los genitales con los que nace una persona». El texto exige una definición de género «en una base biológica que sea clara, basada en la ciencia, objetiva».

«El sexo registrado originalmente en el certificado de nacimiento constituirá la prueba definitiva del género de una persona a no ser que pueda ser refutado por pruebas genéticas comprobables», añade.

La idea es que esta definición de género se aplique no solo en la educación subsidiada, sino también en departamentos como el de Salud, Trabajo o Justicia. Si sale adelante, la propuesta eliminará la protección legal contra discriminación por cuestiones de género, en el ámbito federal, de 1,4 millones de estadounidenses que han cambiado de sexo, con o sin métodos quirúrgicos para la transición de sus genitales.

Su primer impacto podría ser en dos propuestas legislativas que la Casa Blanca estudia en la actualidad: una sobre discriminación sexual en colegios y universidades públicos; y otra sobre programas sanitarios subsidiados. En ambos, podría incluirse la nueva propuesta sobre género.

En el centro de la cuestión está si la definición legal de ‘sexo’ incluye también la ‘identidad de género’. Para las corrientes más conservadoras -con gran protagonismo en la Administración Trump, como el vicepresidente, Mike Pence, o el fiscal general, Jeff Sessions- la legislación sobre discriminación sexual no alcanza a la identidad de género. Es una posición que defendió en 2016 un juez federal conservador sobre la interpretación de una parte de la reforma sanitaria de Barack Obama. El poder legislativo, según este magistrado nombrado por George W. Bush, «no entiende que ‘sexo’ incluya ‘identidad de género’». Una sentencia de 1998 del Tribunal Supremo, sin embargo, sí aseguró que la discriminación contra los transexuales sí constituye discriminación sexual.

De lo que no hay duda es de que cualquier impulso legislativo en el sentido que apunta la Administración Trump provocará una batalla legal. Lo han anticipado las protestas que en los dos últimos días han llevado a cabo organizaciones a favor de los derechos civiles en Nueva York y Washington. «Tenemos la ley de nuestra parte, tenemos a la comunidad médica de nuestra parte, tenemos la moral de nuestra parte y tenemos la decencia de nuestra parte», dijo ayer Rea Carey, del National LGBTQ Task Force, en una protesta delante de la Casa Blanca. «Nadie me puede quitar mi dignidad, ni mi identidad, ni quien soy», proclamó Ruby Corrado, de la organización de apoyo a transexuales Casa Ruby.

Las protestas también se ventilaron en redes sociales a través de la etiqueta #WontBeErased, o ‘No seré eliminado’.

La propuesta se alinea con las posiciones que ha defendido la Administración Trump desde que el multimillonario neoyorquino llegara a la Casa Blanca. La más conocida fue la decisión, tomada de forma intempestiva el verano pasado, de impulsar la expulsión de los transexuales del ejército. La medida buscaba revertir otra tomada por Obama, que ponía fin a la prohibición de tomar las armas para este colectivo. La expulsión está de momento obstaculizada por sentencias tribunales que cuestionan la discriminación y, de momento, los transexuales pueden servir en el ejército.

Trump tampoco tardó en desmantelar otros esfuerzos de la anterior administración para proteger los derechos de transexuales. Apenas con un mes en la Casa Blanca, rescindió una directiva del Departamento de Educación que establecía que los estudiantes de colegios públicos tenían derecho a usar el baño con el que se sintieran identificados en cuestión de género. También revirtió otra directiva del Departamento de Justicia sobre la protección laboral de los transexuales, abriendo la posibilidad de que su protección contra discriminación no sea legal.

Muchas de esas batallas están los tribunales y, antes o después, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre cómo se entiende la discriminación sexual. Con la actual configuración de la corte -dos jueces conservadores colocados por Trump en menos de dos años, el último, el polémico Brett Kavanaugh- el colectivo LGBTQ tiene motivos para la preocupación.