El tripartito balear vota en contra de que el catalán vuelva a ser un mérito y no un requisito en la sanidad

La citada moción del PP relativa a «la fidelización de los profesionales sanitarios» constaba de cuatro puntos, de los cuales fueron rechazados tres, mientras que uno salió adelante. El punto concreto relativo al catalán era el cuarto y en él se proponía que la Cámara regional instase al Govern a «modificar la normativa correspondiente para que el requisito lingüístico del nivel B1 de catalán pase a ser valorado como mérito en los procesos de selección de profesionales sanitarios y así poder atraer y fidelizar a más profesionales». Como era de prever, los partidos que apoyan a Armengol se ratificaron en su actual posición en materia lingüística.

Cabe recordar que el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener los médicos y los enfermeros que desean trabajar en la sanidad pública balear se aprobó el 23 de marzo de 2018, en el primer mandato de Armengol como presidenta de la Comunidad. Dicho decreto, más flexible que el originariamente ideado por el Govern en 2017, estableció que se podrían presentar a las distintas oposiciones que convocase el IB-Salud todos los profesionales que lo deseasen, aunque en el momento de examinarse dichos profesionales no tuvieran la preceptiva titulación lingüística fijada para cada categoría laboral, que deberían conseguir más adelante.

En sentido estricto, el catalán no es hoy un requisito previo para que un médico o un enfermero puedan trabajar en la sanidad pública balear, sino un requisito diferido , ya que el citado decreto estableció que quienes se presentasen a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud dispondrían de un plazo de dos años para poder conseguir el diploma de catalán una vez obtenida una plaza fija en el Servicio de Salud. Según el decreto hoy vigente, los médicos y los enfermeros han de llegar a acreditar un nivel elemental —B1— de catalán. De no hacerlo así, no pierden su plaza, pero se les penaliza, ya que no pueden pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

El decreto del catalán en la sanidad fue el más controvertido y contestado de todos los que impulsó Armengol en la pasada legislatura. De hecho, tras su aprobación el sindicato CSIF y la plataforma Mos Movem presentaron sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) por la posible ilegalidad de algunos puntos de la nueva norma. Finalmente, en enero de este año el TSJIB dictó ya una primera resolución, en la que estimó el recurso del CSIF y declaró nulo el decreto, al considerar que varios de los preceptos fijados limitaban los derechos del personal sanitario. Tras conocerse la citada sentencia, el Govern presentó un recurso de casación. De no haberlo hecho, el fallo hubiera sido considerado ya firme y el decreto habría quedado anulado de forma definitiva.

La sentencia del TSJIB consideraba que las especificidades recogidas en el decreto del catalán en la sanidad, por ejemplo la del requisito diferido, entran en contradicción con la Ley de Función Pública balear hoy vigente. En ese sentido, dichas especificidades deberían haber sido aprobadas legislativamente por el Parlamento regional y no a través de un decreto del Govern. Por otro lado, tal como había denunciado el CSIF, el fallo consideraba que no se ajusta a la ley el hecho de no poder pedir traslados ni poder acceder al complemento de carrera profesional en caso de no lograr finalmente la titulación de catalán establecida en el decreto. De momento, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el Govern contra esa sentencia, el decreto sigue vigente en sus términos originarios.

Como se ha indicado ya, la moción presentada ayer por el PP en la Cámara regional sobre la fidelización de los profesionales sanitarios constaba de cuatro puntos. Uno de ellos, el tercero, sí salió adelante. De hecho, fue aprobado por unanimidad. En ese punto el Parlamento balear insta al Govern a «negociar con el Gobierno central que se incluya el coste de la indemnización por residencia del personal sanitario en el Régimen Especial de las Islas Baleares y, al mismo tiempo, que la variable insularidad tenga un valor destacado en el futuro sistema de financiación autonómico».

En cuanto a los dos puntos restantes de la mencionada moción popular, fueron rechazados. En el primero, el PP pedía que la Cámara autonómica reconociera que «el elevado coste de vida en las Islas Baleares no está suficientemente compensado con la indemnización por residencia que recibe el personal del Servicio de Salud de las Islas Baleares y eso repercute en un déficit de profesionales sanitarios, especialmente de médicos». Votaron en contra de este punto el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, mientras que votaron a favor el PP, Cs, Vox y el PI. En cuanto a MÉS per Menorca, se abstuvo.

El otro punto de la moción que también fue rechazado proponía que el Parlamento balear instase al Govern a «aumentar la cuantía del complemento de indemnización por residencia del personal del Servicio de Salud de las Islas Baleares con el objetivo de actualizarlo al coste real de vida de estas islas y equipararlo, progresivamente, al complemento de Canarias». En este caso, votaron en contra el PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca. Por su parte, el PP, Cs, Vox y el PI votaron a favor.