El Tribunal Supremo resuelve que las servidumbres de paso son propiedad privada

El Alto Tribunal no solo devuelve la propiedad de estos caminos a sus dueños legítimos, sino que resuelve que los caminos de los que ha pretendido apropiarse el Consistorio no son públicos, condenando al Ayuntamiento a « entregar la posesión de los mismos a la parte actora , cesando por su parte en todo acto posesorio o que perturbe la legítima posesión de los demandantes».

Sienta jurisprudencia al confirmar que mediante una acción reivindicatoria se puede recuperar la propiedad de unos caminos que habían sido previamente inventariados en el registro municipal de bienes, y que figuraban en el catastro con titularidad municipal.

Estas explicaciones las ofrece a ABC el abogado Jorge Bernad, director del despacho Bernad Abogados y Asociados de Madrid, representante de los demandantes, sobrinos de Cayetana de Alba – Jacobo, Carmen Eugenia, María Eugenia y Luis Esteban, todos Fitz-James Stuart Gómez, en cuya causa de demanda también está otro familiar, Javier Soto –. «La familia está encantada con la resolución del caso. Llevan litigando desde 2013, cuando el Ayuntamiento se arrogó la titularidad de los caminos de Romanillos inscribiéndolos en su inventario municipal y colocando carteles en los que se indicaba que eran caminos públicos», dice el letrado.

En sede judicial, por tres veces, ha quedado acreditado que la familia Fitz-James Stuart Gómez poseía el «mayorazgo de Romanillos» desde el siglo XVI ; sin apenas haber alterado nada en las fincas. Hubo un momento, además, en que dentro de ellas vivieron hasta veinte familias, cuidaban y mantenían los caminos interiores, tenían guardas que incluso ofrecieron su testimonio ante la primera magistrada, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles, Beatriz Martínez . La juez reprende al Ayuntamiento porque si consideraba que eran suyos los terrenos, nunca ejerció ninguna actuación de conservación en los mismos. Se despreocupó. En cambio, la familia sí cuidó de la finca y el paraje, enmarcado dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. La juez de Móstoles también dice al Consistorio, regido por el PP, que para arrogarse una atribución pública hay mejores formas de hacerlo, como la «expropiación de unos terrenos».

Los Fitz-James Stuart, ante la constante invasión de la finca por parte de personas que hacían botellón o arrojaban basuras y escombros, furtivos, ladrones de restos arqueológicos, además de paseantes tanto a caballo como e n bicicleta, moto o incluso quad, que llegaron incluso a provocar varios incendio s, colocaron en 2013 un vallado a la finca, lo que propició que el Ayuntamiento les denunciara por ello. Hubo también varias protestas vecinales demandando que los caminos unían poblaciones y debían ser de paso público.

Como mayor perjuicio, los clientes de Jorge Bernad estuvieron «dos años imputados , por una querella en vía penal que interpusieron una asociación de camineros, y los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla», confirma el letrado, lo que para una familia de tan alta proyección tiene mayor coste social. La querella se archivó.

En una sentencia comunicada a las partes el pasado 20 de noviembre y a la que ha tenido acceso este diario, el Alto Tribunal ratifica los dos sentencias anteriores dictadas por la Audiencia Provincial y el Juzgado de Móstoles –de julio y febrero de 2017, respectivamente– y resuelve que el Consistorio de Boadilla, regido por el PP, no solo acreditó con documentos la razón que aportó para atribuirse los derechos sobre los caminos de la finca, sino que su argumento capital fue que «desde tiempo inmemorial, esos caminos son de titularidad pública». Su prueba jurídica principal fueron los testimonios de vecinos, que la juez desestimó ante los documentos de propiedad aportados por los Fitz-James. La propiedad fue adquirida en 1562 por Pedro Fernández de Lodeña . En diferentes documentos de la Junta General de Estadística de 1866, informes periciales y registros topográficos posteriores (como el de 1941), consta la propiedad en manos siempre de los herederos de la Casa de Montijo. «Los caminos controvertidos discurren por el interior de la finca. Nunca tuvieron fines públicos», rematan los fallos judiciales.

Este periódico se puso ayer en contacto con el alcalde del municipio madrileño, Javier Úbeda , quien indicó: «Aceptamos el auto del Tribunal Supremo. Desde el Ayuntamiento hemos llevado hasta el final en lo legalmente posible la lucha por lo que consideramos que es de interés de los vecinos y nos era propio». No hay duda, tras la revisión minuciosa de cada argumento contenido en las tres sentencias, de que no lo era.

La sentencia del Supremo sienta un precedente, a juicio de Bernad, para los propietarios de muchas fincas afectados por la revisión de los catastros de rústica durante los últimos años y que han visto cómo caminos interiores o de servicio de la finca han pasado de la noche a la mañana a ser considerados como caminos públicos. El Supremo condena al Ayuntamiento madrileño a pagar las costas procesales, estimadas por el Consistorio en 14.717,54 euros .